La Procuraduría General del Estado (PGE) pidió ante el Poder Judicial (PJ) que la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pague S/200 mil como reparación civil a favor del Estado -monto provisional- en el proceso que se sigue en su contra por suspender las investigaciones al expresidente Pedro Castillo, en enero del 2022.
Zoraida Ávalos afronta una investigación como presunta autora contra la administración pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado.
Ello, tras la acusación del Congreso de la República por haber dispuesto la suspensión de la investigación contra el vacado exmandatario hasta julio del 2026, en los caos “Puente Tarata”, “Petroperú” y “Ascensos en la Fuerzas Armadas”.
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Por este hecho, el Parlamento también la inhabilitó para el ejercicio del cargo público por cinco años. Ello, pese a que la Ávalos Rivera alegó haber resuelto en la línea interpretativa que el Ministerio Público había seguido sobre el artículo 117 de la Constitución.
Durante una audiencia judicial realizada la mañana de este lunes, el procurador adjunto Joel Enrique Córdova rechazó la oposición que presentó la defensa de Ávalos Rivera, a su pedido de constitución de actor civil en el proceso penal.
La audiencia fue dirigida por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley.
Según explicó, ha cumplido con lo dispuesto en la norma, por lo que no era cierto -como alegó la defensa de la exfiscal de la Nación- que no hayan precisado el elemento del daño o razón para que la PGE solicite su participación como a actor civil y el monto de reparación civil.
Por ello, advirtió que no solo se trata de una lesión de un bien jurídico, sino también la existencia de un daño moral.
“Hacemos referencia de que la conducta de la señora Ávalos no solo ha lesionado un bien jurídico penal como es el correcto funcionamiento de la administración pública, sino también del comportamiento irregular de un funcionario público que atenta contra el prestigio que toda la administración pública debería tener frente a sus administrados”, dijo Córdova Rojas.
En ese sentido, remarcó que la base central de su pedido es la afectación por “daño moral”, ya que de acuerdo a la jurisprudencia, el Estado puede solicitar una reparación civil cuando se ha menoscabado, en este caso su imagen.
Hemos desarrollado ampliamente la existencia, los elementos de la reparación civil. La conducta ilícita, cuáles son los elementos que vinculan al hecho ilícito con el daño producido y el daño extrapatrimonial comprendido como daño moral, que ha afectado el prestigio de la administración por ello hemos solicitado, el monto provisorio de S/200 mil”
Joel Córdova Rojas, procurador de la PGE.
La gestora de intereses ingresó siete veces a la sede de gobierno para reunirse con el entonces secretario general Bruno Pacheco y el mandatario Pedro Castillo.
Pide nulidad de pedido
La defensa de la exfiscal de la Nación se opuso al pedido de la Procuraduría General para constituirse como actor civil, argumentando que no cumplió las exigencias de la norma.
Daniel Loli, abogado de Ávalos Rivera, solicitó que se le de la oportunidad a la defensa pública del Estado para subsanar su requerimiento.
Cuestionó que la PGE no haya precisado, de manera escrita, el tipo de daño que se habría causado.
Ello, bajo el entendido de que la Procuraduría debe individualizar el tipo y alcances de los daños y cuánto corresponde en cada caso, añadió.
“La procuraduría plantea que se ha producido un daño extrapatrimonial y lo cuantifica en S/200 mil, pero no ha precisado el alcance del daño extrapatrimonial dado que no ha especificado si estamos ante un daño a la persona o un daño moral”, aseguró el abogado.
Además, según la defensa de la exfiscal, la PGE realizó una “copia textual” de la imputación de la disposición de la investigación preparatoria basándose en alcances penales y no un sustento de constitución civil; entre otros.
“Por lo expuesto, solicito que se declare fundada nuestra oposición a la solicitud de constitución de actor civil formulado por la procuraduría, ordenándole subsanar por escrito su requerimiento bajo apercibimiento de declararse inadmisible”, concluyó.
El juez supremo anunció que resolvería el pedido y la oposición en el plazo de ley y notofocaría a las partes la misma.
