El 85% del nuevo Congreso carece de experiencia parlamentaria

De los 130 nuevos miembros, solo nueve registran haber sido legisladores en períodos anteriores, y otros 11 consignan haber trabajado en distintas instancias del Palacio Legislativo. Descontando a ambos grupos, tenemos que el 85% del nuevo Congreso no cuenta con experiencia alguna en los quehaceres parlamentarios.

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El panorama es más complicado si revisamos la gestión de los que ya fueron congresistas (ver infografía). Tenemos miembros que fueron investigados por mentir en sus estudios, con sentencias, vinculados a intereses particulares, y casos más recientes como el de Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), implicado en el ‘Vacunagate’ y José Luna Gálvez, quien tuvo que pedir autorización a un juez para poder asistir a recoger sus credenciales debido a que afronta arresto domiciliario.

Si ampliamos el panorama a la experiencia en altos cargos públicos tenemos un expresidente regional, cuatro exalcaldes, ocho exregidores y tres exministros. Si sumamos este grupo a los que cuentan con experiencia legislativa, se ve que solo el 28% tiene conocimientos sobre temas de alto nivel de gestión pública.

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Martín Cabrera, especialista en temas parlamentarios, considera importante la experiencia en gestión, sobre todo de procesos, para poder identificar, dentro de las funciones parlamentarias, los puntos relevantes de su agenda. “La mayoría no la tiene, y deberíamos ver otra arista que significa la capacidad de conformar un buen equipo de asesores. Pero prefieren elegir personal de confianza, y es legítimo, pero en el mediano plazo constituye un problema que termina recargando el trabajo técnico de otras instancias, como la bancada o comisiones”, explica Cabrera.

Para el especialista, la curva de aprendizaje de un congresista es entre tres y seis meses desde que inicia su gestión, puesto que en ese tiempo las comisiones ya se encuentran instaladas y dictaminando proyectos de ley. El ex oficial mayor José Cevasco difiere y asegura que el período de aprendizaje está por encima del año y puede llegar a los dos.

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“Les resulta difícil adecuarse a los procedimientos. La calidad de la legislación está sujeta en principio a la posibilidad de cumplir ofertas electorales y no en tener el respaldo de un criterio técnico”, manifiesta.

Para Cevasco, es muy probable que se repita el escenario del período actual 2020-2021, en el que siete leyes económicas han terminado con demandas inconstitucionales. “Este período ha tenido más de 200 proyectos observados, de los cuales 85 han sido aprobados por insistencia”, dice.

Ambos coinciden en que la inexperiencia también ocasiona que los legisladores no respeten los procesos reglamentarios.

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