Las principales votaciones del pleno del Congreso durante la saliente gestión de Alejandro Soto tienen algo en común: su inclinación a hacer oídos sordos a las críticas y observaciones hasta que una norma sea promulgada o una decisión quede firme.
Un repaso por las decisiones más polémicas del pleno en el periodo parlamentario 2023-2024, varias de ellas criticadas desde las editoriales de este Diario, muestran un patrón en común: se aprobaron por la mayoría parlamentaria pese a observaciones de entes especializados y especialistas.
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Y cuando el gobierno de Dina Boluarte se animó a observarlas, solo fue cuestión de meses hasta que el pleno aprobó la insistencia. Recién en los últimos meses, durante la gestión de Juan Carlos Villena, la Fiscalía de la Nación se ha convertido en uno de los principales críticos de los proyectos en el Parlamento que ven como perjudiciales para sus funciones.
A su vez, las decisiones sobre denuncias constitucionales e inhabilitaciones de funcionarios también causaron controversia. La tosudez para alterar al sistema de justicia o las reglas electorales no fue la misma que para sancionar a presuntos ‘mochasueldos’ o a personajes como el exministro Aníbal Torres.
Estas son 10 de las votaciones del pleno más polémicas del periodo 2023-2024, por orden cronólógico:
1. El retorno de docentes descalificados
Agosto del 2023, diciembre del 2023 y abril del 2024
En agosto del 2023, el pleno aprobó una ley para facilitar el retorno de docentes cesados por desaprobar o no rendir la evaluación para sumarse a la Ley de Carrera Magisterial. En noviembre, luego de rechazar reconsideraciones, enviaron la autógrafa para su promulgación. Especialistas criticaron la norma como un golpe a la meritocracia y el Ejecutivo la observó, pero el pleno no retrocedió: la insistencia se aprobó en abril pasado.
La ley abre la puerta para el reingreso de unos tres mil docentes que fueron descalificados, con menos exigencias que al resto de profesionales del sector.
2. Golpe a la colaboración eficaz
Diciembre del 2023 y Marzo del 2024
El gobierno de Dina Boluarte observó una polémica ley aprobada por el pleno del Congreso que alteraba la colaboración eficaz, una herramienta clave para la fiscalía en casos de crimen organizado. Con ello, el proyecto volvió al Congreso al inicio del periodo parlamentario 2023-2024.
A pesar de las observaciones del Ejecutivo y la oposición técnica del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Procuraduría General, la norma se aprobó por insistencia en el pleno en diciembre del 2023.
En marzo pasado, se rechazó un último recurso de reconsideración y la norma fue promulgada por el mismo Poder Legislativo.
3. Sanciones desiguales
Marzo del 2024
El caso de María Cordero, quizás el más emblemático de los presuntos ‘mochasueldos’ del actual Congreso, llegó al pleno en marzo. Fue como consecuencia de una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación. Luego de un blindaje inicial, la mayoría parlamentaria hizo algo inusual para ellos: reconsideró. O más bien, reconsideró a medias.
Así, en un segundo intento, sí se alcanzaron los votos para levantar su inmunidad y suspenderla, aunque no para inhabilitarla. Ello dejó a Cordero fuera del Congreso, pero dejó la puerta para que, si en el 2026 aún no ha sido condenada por este caso, vuelva a un cargo público, con nuevos trabajadores a su cargo.
Solo días antes, el pleno había aprobado inhabilitar por 10 años a dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia, en otra votación polémica y que actualmente es objeto de un demanda de amparo en el Poder Judicial. Esa sanción no fue por un presunto recorte de sueldos o algún delito, sino por avalar que la magistrada Inés Tello siga en funciones luego de cumplir 75 años.
4. Universidades de papel
Marzo del 2024 a mayo del 2024
Un informe de El Comercio advirtió que entre marzo y mayo de este año, el pleno aprobó 13 normas que buscan la creación del mismo número de universidades públicas. Las iniciativas de este tipo, lejos de ser una contribución a la calidad de la educación superior en el país, son engañosas y responden más bien a un afán populista, de acuerdo con especialistas consultados por este Diario.
5. Blindaje a Aníbal Torres
Abril del 2024
En abril pasado, el pleno debatió una denuncia constitucional que proponía inhabilitar a Aníbal Torres, jefe del gabinete ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo. Se le acusaba de infringir la Constitución por haber realizado las llamadas ‘sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros’ sin marco normativo.
Sin embargo, el pleno no alcanzó los 67 votos requeridos para la inhabilitación. El congresista Eduardo Castillo presentó ese mismo día una reconsideración a la votación, pero esta no llegó a verse durante la actual legislatura. Torres, también acusado por el golpe de Estado de Castillo y hoy impulsor de un partido político castillista, sigue libre de toda sanción política.
6. Movimientos regionales en vilo
Mayo del 2024
Las siguientes votaciones ocurrieron en las últimas semanas de la legislatura. El 30 de mayo, el pleno aprobó una reforma constitucional para la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, cambio considerado positivo por la mayoría de especialistas en temas electorales. No obstante, también se incluyó en el texto, sin mayor debate, la eliminación de los movimientos regionales.
Representantes de los movimientos anunciaron marchas y acusaron a los partidos de querer eliminar a su competencia electoral. El JNE también se manifestó en contra. La reforma aún requiere ser ratificada en la próxima legislatura.
El pleno también aprobó, en diciembre pasado, la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La medida también fue cuestioanda por especialistas en temas electorales, al advertir que favorecía a las cúpulas partidarias.
7. Cambios a la figura del crimen organizado
Mayo del 2024
Ese mismo día se aprobaron cambios a la ley contra el crimen organizado. Con ellas, solo podrán ser procesados bajo esa norma los delitos sancionados con penas mayores a seis años. Según el exviceministro Ricardo Valdés, ello deja afuera a delitos de corrupción y a otros como estafa agravada, la tala ilegal,venta de órganos o tráfico ilícito de migrantes. También se busca que se requiera la presencia de un abogado para realizar un allanamiento, lo que quitaría sorpresa a la medida.
La iniciativa aún requiere una segunda votación. Desde la fiscalía hasta los gremios empresariales esperan que el Congreso no ratifique la aprobación.
Poco después, el pleno también aprobó una ley de "interpretación auténtica" para obligar a los jueces a aplicar la ley que modifica la prescripción de delitos, también conocida como 'Ley Soto' o 'Ley Impunidad'. Todas estas iniciativas fueron de autoría de Perú Libre.
8. Reducen regulación a taxis
Mayo del 2024
Una más de aquel 30 de mayo: en esa misma sesión se aprobó una ley que anuló la facultad de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para regular el servicio de taxi en Lima. En consecuencia, los usuarios de aplicaciones que brindan ese servicio en la capital ya no necesitarán autorización ni podrán ser fiscalizados por una autoridad competente.
Especialistas consultados por El Comercio criticaron duramente la norma. Le pusieron adjetivos que van desde “incoherente”hasta “aberración”. La autógrafa está en manos del gobierno de Dina Boluarte, que debe decidir en estos días si la observa o la promulga.
9. Lesa humanidad
Junio del 2024
El 6 de junio, el pleno votó a favor de una ley que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra, respecto a hechos ocurridos antes de julio del 2022. La norma -pendiente de segunda votación- motivó un pronunciamiento en contra de la fiscalía, que advirtió que llevaría al archivo unos 600 procesos, como los caso Soras,El Frontón, Madre Mía o Pativilca.
La controversia cruzó fronteras. El último jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Perú suspender el trámite de la norma. El Congreso respondió rechazando “toda intromisión nacional o extranjera”.
10. Puerta abierta a sentenciados
Junio del 2024
El 13 de junio,el pleno finalmente puso a debate una reforma que buscaba que sentenciados por homicidio, terrorismo, secuestro y otros delitos graves no puedan postular a cargos de elección popular, incluso luego de cumplir su condena, como es el caso de Antauro Humala. Pero en lugar de votar por su aprobación o rechazo, se votó para que el dictamen vuelva a la Comisión de Constitución.
La presidenta de ese grupo, la fujimorista Martha Moyano, busco retirar de la lista delitos como homicidio o corrupción, delitos por los que Alberto Fujimori fue condenado. Desde la izquierda también objetaron la propuesta y plantearon que sea vista en una asamblea constituyente. Al final, ambas posturas frustraron la reforma y dejaron la puerta abierta para que los sentenciado por graves delitos postulen en las elecciones del 2026.
Balance
El constitucionalista Alejandro Rospigliosi, ex jefe de gabinete de la Mesa Directiva y del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso, consideró que en el último año “hubo un abuso de poder” en las votaciones del Congreso. Según dijo, hubo dos tipos de normas “cuestionables” aprobadas.
“Unas son las normas de políticas públicas, como la de nombrar a profesores desaprobados. Es una norma de política pública porque, a la larga, perjudica a los más pobres”, indicó.
Por otro lado, consideró que el otro tipo son las leyes aprobabas “en contra de la Constitución” porque son hechos para beneficio propio de partidos políticos o para afectar procesos judiciales en curso: “Hay bancadas cuyos líderes están inmersos en procesos judiciales en trámite, Perú Libre y Fuerza Popular por ejemplo. ¿Cómo es posible que estando procesados, sus bancadas aprueben leyes para excluirlos de procesos judiciales? Es inaceptable”.
El constitucionalista añadió que, según la Constitución, las leyes deben ser aprobadas “por la naturaleza de las cosas, no por la diferencia de las personas”. “Se está violando ese artículo porque no se están aprobando leyes por la naturaleza de las cosas, sino para beneficiar a determinadas personas jurídicas, como partidos políticos, y personas naturales, como los líderes políticos. Es gravísimo: están abusando de su poder para beneficiar”.
Como ejemplos citó las leyes que cambian la ley de crimen organizado, que eximen a los partidos políticos de responsabilidad penal, la eliminación de los movimientos regionales o cambios a las norma electorales. “¿Qué ha pasado? Como los partidos no les pueden ganar a los movimientos en las urnas, han decidido eliminarlos de la carrera. Ese es un ejemplo de que algo que se está aprobando no por la naturleza de las cosas, sino por la diferencia de las personas.
Frente a esto, Rospigliosi señaló que el Tribunal Constitucional es el llamado a hacer frente a leyes de este tipo a través de eventuales proceso de inconstitucionalidad. “Ellos tendrán que demostrar al país, a través de sus sentencias, cómo quieren que la historia los recuerde: como los defensores de la Constitución y que dejen sin efecto estas leyes abusivas y arbitrarias, o como encubridores de violaciones a la Constitución. Ellos lo van a decidir. Tengo esperanza en el TC”:
Alejandro Soto, Dina Boluarte y Juan Carlos Villena, titulares del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público
Ricardo Valdés, exviceministro del Ministerio del Interior y director de CHS Alternativo, cuestionó las normas aprobadas por el Congreso que afectan la lucha contra la criminalidad organizada. En esa línea, consideró que estas no pueden ser vistos como cambios aislados entre sí, sino como “una operación sistémica por parte de las diversas bancadas”.
“Hay una suerte de asociación en el Congreso para modificar todo aquello que está relacionado con el ataque hacia la criminalidad. Hay una lógica en donde lo que buscan es protegerse entre sí y proteger intereses relacionados con la criminalidad”, dijo. Como ejemplo, señaló que el congresista Waldemar Cerrón, autor del proyecto para modificar la ley contra el crimen organizado, tiene otro para que solo se pueda pedir prisión preventiva por delitos con penas superiores a 10 años. Consideró que ese tipo de iniciativas buscan beneficiar a su hermano, Vladimir Cerrón, y a su partido.
El exviceministro consideró “gravísimos” los cambios aprobados a la ley contra el crimen organizado, ya que se deja afuera a delitos de corrupción y a otros que consideran como agravantes haberse cometido bajo una organización criminal. También consideró que podría dejar fuera delitos como secuestro o extorsión. “Se estaría, en efecto, legislando a favor de la criminalidad”.
“A todas luces lo que se pretende es favorecer a las organizaciones criminales y a los casos de congresistas ligados de corrupción. Además, esa misma norma dice que no se puede afectar los bienes y activos de los partidos políticos. Por eso digo que hay una conexión clarísima con la actividad política de los congresistas [...[ También conversa con la ley sobre colaboración eficaz, que ya está en serio riesgo”.
En cuanto a ley ligada a caso de lesa humanidad, también la consideró “gravísima”. “Nos deja absolutamente mal en el plano internacional, más aún cuando se quiere este aplicar a procesos que se encuentran en estos momentos en curso. Como no pueden hacer una ley que favorezca al señor Fujimori, por ejemplo, están haciendo una ley general, que también beneficiaría a Sendero Luminoso, al MRTA”.
Finalmente, Valdés advirtió que en las próximas semeneas y meses los niveles de tensión entre el Ministerio Público y la alianza entre el Congreso y el Ejecutivo, seguirán creciendo, “en perjuicio de la seguridad”. “Yo lamento mucho que el ministro del Interior no salga a defender. Él hace operativos por las mañanas, pero le están petardeando el marco normativo de lucha contra la criminalidad y están negociando eso sobre la base de poder otorgarle a la policía funciones que ya asumió la fiscalía”.
