Congreso rebaja suspensión de un legislador acusado de misoginia y dos de ‘mochasueldos’: todo lo que se vivió en el pleno

Un hecho inusual volvió a deteriorar la imagen del Congreso de la República el último miércoles. En una sola sesión del pleno, se presentaron 10 recursos, uno tras otro, para blindar o reducir las sanciones contra los parlamentarios Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso), Jorge Flores Ancachi (Podemos) y Katy Ugarte (Bloque Magisterial) por infringir el Código de Ética Parlamentario.

En la jornada se evidenció la pretensión de los congresistas de que sus actos queden impunes o reciban sanciones leves. Los recursos, entre cuestiones previas y pedidos de reconsideración de las votaciones, fueron planteados por las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial, Somos Perú y Podemos. Con ellos, se vivió una sesión del pleno intrincada.

Tras idas y vueltas, Lizarzaburu, Flores y Ugarte solo fueron suspendidos 30 días. Para los dos primeros, la Comisión de Ética solicitaba 120 días de suspensión; y para Ugarte, 60.

ESTOS FUERON LOS RECURSOS PLANTEADOS:

El primer caso que evaluó el pleno del Congreso fue el de Lizarzaburu (APP). La Comisión de Ética propuso suspenderlo 120 días por lanzar frases misóginas contra Patricia Juárez (Fuerza Popular) el último 13 diciembre, durante una sesión virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En esa sesión, el legislador dejó su micrófono abierto y se le escuchó referirse de manera ofensiva contra congresistas mujeres y directamente contra Juárez.

Aunque el caso contra Lizarzaburu se mantenía encarpetado desde enero pasado, el vocero de APP, Alejandro Soto, planteó ante el pleno del Congreso una cuestión previa para que el caso regrese a la Comisión de Ética. Ese fue un primer intento de blindaje.

La propuesta generó el rechazo de la congresista agraviada. “Una vez más vemos una actitud machista y vergonzosa. Se pretende que regrese un informe que en la Comisión de Ética fue aprobado por unanimidad”, dijo Juárez.

El planteamiento fue rechazado por mayoría, aunque recibió el respaldo de, entre otros, las congresistas Adriana Tudela, Rosselli Amuruz, Patricia Chirinos (Avanza País), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Digna Calle (Podemos), Edhit Julón y Magaly Ruiz (APP).

Luego, Julón presentó una segunda cuestión previa, esta vez para que se le sancione solo con una amonestación pública y 30 días de descuento de sus haberes. Fue un segundo intento de blindaje que tampoco prosperó.

APP insistió y presentó un pedido de reconsideración de la votación de la segunda cuestión previa; es decir, un tercer intento de blindaje. No obstante, también fue rechazado.

Finalmente, el congresista Héctor Valer (Somos Perú) presentó otra cuestión previa para reducir la sanción a solo 30 días de suspensión. Esa propuesta fue aceptada y recibió incluso el respaldo de la bancada de Fuerza Popular, a la que pertenece la congresista agraviada.

Con 77 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones, el pleno del Congreso aprobó que Lizarzaburu no recibe 120 días de suspensión - la máxima sanción que puede recomendar la Comisión de Ética-, sino solo 30.

Durante la sesión del pleno, Lizarzaburu reconoció su infracción, pero consideró excesiva una sanción de 120 días. “No pretendo minimizar mi falta, pero sí evidenciar el doble estándar [del Congreso]”, dijo en referencia a otros casos que recibieron sanciones menores.

En tanto, tras la votación definitiva, Juárez señaló mediante la red social X: “Desde el Congreso seguiré peleando por justicia y respeto por todas las mujeres del Perú. Rechazo las expresiones sexistas vertidas por mi excompañero de bancada, que afectaron mi nombre y trayectoria política, ganada con mucha dedicación y respeto durante años”.

Luego de sancionar a Lizarzaburu, el pleno del Congreso evaluó la propuesta de la Comisión de Ética de suspender 120 días a Flores Ancachi, cuyo caso estaba encarpetado desde marzo pasado.

Flores fue acusado de recortarle a sus trabajadores el 10% de sus sueldos y el 50% de sus bonos. Además, de señalar sin pruebas que sus colegas Roberto Chiabra, Jorge Montoya y José Cueto también son ‘mochasueldos’.

La Comisión de Ética concluyó que Flores vulneró la ética parlamentaria “al recortar para su beneficio personal la remuneración y otros beneficios de sus trabajadores”

Incluso, señaló que está “acreditado que el congresista, para continuar con su propósito de recorte de remuneraciones y bonos a sus trabajadores”, realizó una reunión del día 12 de enero 2023 en la que expresó su molestia al sentir que no realizaban la entrega del dinero con ‘voluntad’ o con ‘cariño’”.

No obstante, Flores insistió en rechazar las acusaciones en su contra. “No he cometido ningún delito, no he recibido dinero ni mucho menos he podido presionar a trabajadores de mi despacho”, dijo.

Luego, el congresista José Jerí (Somos Perú) planteó una cuestión previa para que Flores reciba solo 30 días de suspensión y 45 días de descuento de sus haberes.

Con 80 votos a favor, 17 en contra y siete abstenciones, el pleno del Congreso aprobó esa suspensión.

Este fue el resultado por el sistema de votación electrónica, al que se debe añadir los votos a mano alzada:

Por último, se pasó a evaluar la sanción contra Ugarte, cuyo caso estaba encarpetado desde abril pasado. La Comisión de Ética señaló que los trabajadores de Ugarte fueron obligados a “aportar” dinero, que fue invertido en publicitar su imagen.

Ética responsabilizó de los recortes a un exasesor de Ugarte. En tanto, a ella la encontró responsable de no tomar ninguna medida correctiva.

Durante su defensa, Ugarte se victimizó. “He vivido un vía crucis por una difamación. [...] No tenía conocimiento ni participé [en recortes de salarios] [...] Soy inocente de todo lo que se me imputa”, dijo. No obstante, el Ministerio Público ya presentó una denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de concusión, tras realizar una investigación más exhaustiva.

El Bloque Magisterial presentó tres cuestiones previas para que Ugarte reciba solo amonestaciones escritas y multas en lugar de una suspensión, pero estas fueron rechazadas.

En un primer momento, el Congreso aprobó suspenderla por 60 días, pero el Bloque Magisterial presentó una reconsideración de la votación.

Luego, la legisladora Kira Alcarraz (Podemos) presentó una cuestión previa para que la suspensión se reduzca a 30 días de suspensión y una multa equivalente a 45 días de sus haberes. En la votación final, se aprobó esa sanción con 78 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

Este fue el resultado por el sistema de votación electrónica, al que se debe añadir los votos a mano alzada: