La subcomisión en deuda: solo aprobó un informe acusatorio en seis meses de trabajo

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no sustentó ninguna denuncia ante el pleno del Congreso durante todo el 2020, a pesar de contar con decenas de acusaciones contra excongresistas, jueces, fiscales, exministros y otros altos funcionarios.

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El grupo, que preside desde este mes el congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular) en reemplazo de su compañero de bancada Luis Roel, se instaló en junio pasado, tres meses después de que el actual Congreso inició sus funciones.

El pasado lunes 21 de diciembre recién aprobó su primer informe acusatorio, tras seis meses de trabajo. Este recomienda denunciar constitucionalmente al exjuez supremo César Hinostroza y a miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por presuntamente integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Se trata de un caso que llegó a las manos del Congreso anterior, en agosto del 2018; es decir, se resolvió en la subcomisión más de dos años después de plantearse. Y aún falta que lo apruebe la Comisión Permanente y se someta a debate y votación en el pleno.

El presidente del grupo, el congresista Carlos Pérez, argumentó a El Comercio que “hay que tener en cuenta que el procedimiento de una denuncia constitucional no es tan sencillo ni breve”.

En esa línea, detalló que “primero se ve la calificación de la denuncia. Se elabora un informe de calificación que pasa a ser visto por la Comisión Permanente. Esta evalúa y vota el informe. Luego la subcomisión encarga el proceso de investigación a un congresista delegado. Se recolectan argumentos y pruebas y se programa una audiencia donde las partes comprometidas dan su versión. Después se procede a hacer el informe final, que luego es elevado a la Comisión Permanente. Si esta lo aprueba, recién pasa al pleno”.

Pérez nos mostró dos recuadros con las denuncias que la subcomisión espera resolver pronto. El primero contiene denuncias constitucionales por delegar y el segundo son los casos en los que realizará audiencias:

Decenas de casos

Pérez precisó que cuando asumió el cargo encontró 70 denuncias constitucionales del actual periodo y otras que proceden del Parlamento disuelto. De acuerdo con un reporte al que tuvo acceso este Diario, hay casos sin resolver que datan del 2018.

Fuentes parlamentarias recordaron a El Comercio que “si por alguna razón la gente aplaudió la disolución del Congreso anterior fue porque a este se le acusó de blindar al fiscal Chávarry y a los integrantes de Los Cuellos Blancos de una manera vergonzosa”. En la campaña electoral, los partidos levantaron la bandera de la lucha contra la corrupción, pero ya en el Congreso, las promesas no se han visto reflejadas en la producción de la subcomisión.

Parlamentarios de ese grupo que prefieren no ser mencionados argumentan que la Comisión Permanente les retrasó el trabajo al no aprobar algunas denuncias que debían evaluar. También les jugó en contra -aseguran- la suspensión de varias sesiones que se cruzaron con sesiones del pleno del Congreso.

El analista político Jeffrey Radzinsky destacó que la resolución de las denuncias constitucionales en manos de la subcomisión es una de las principales tareas por resolver en la última legislatura del Congreso, que inicia en febrero.

En tanto, el abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho parlamentario, aseguró que con voluntad política, las denuncias se pueden resolver en tres meses. En esa línea, recordó el caso de Kenji Fujimori, que fue atendido con celeridad por el Congreso anterior y hoy está a puertas de enfrentar un juicio oral.

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