“Estamos evaluando privatizar el sistema de acceso de todos los penales”

Salvador Heresi, ministro de Justicia y congresista del partido de gobierno, detalla las iniciativas de su cartera para la reforma carcelaria y del sistema de justicia. También explica la postura del Ejecutivo sobre el indulto a Alberto Fujimori y la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

—¿En cuánto tiempo prosperará la acción de inconstitucionalidad contra la ley antimedios?
No tenemos una idea exacta. La media es entre cuatro y seis meses, pero podrían ser semanas dada su importancia. Como fuere, el gobierno tiene la idea de impulsar un proyecto de ley alternativo, que tiene como antecedente el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en la gestión de Mercedes Araoz. La bancada de Peruanos por el Kambio quiere nuevamente impulsar ese proyecto. Ahora, lo más rápido para salir de este impasse es que el propio fujimorismo decida derogar la ley, porque estarían dándose cuenta de que la norma es excesiva, pues no regula la publicidad estatal en los medios privados, sino que la prohíbe de una manera absoluta.

—¿Qué están haciendo en materia de reforma carcelaria?
Lo primero es dinamizar la ejecución, porque en este ministerio los proyectos de infraestructura penitenciaria no se ejecutaban, quizá por el perfil de los ministros anteriores. Pero ahora, con el destrabe del megapenal de Ica y otros, estamos hablando de 9.072 unidades de albergue nuevas ya licitadas solo este año, mucho más que en gobiernos anteriores. Si logramos licitar este año el penal de Arequipa, que tendría 2.200 nuevos internos, estaríamos hablando de 12.000 unidades de albergue en buena pro en un año.

—Se podría descongestionar los penales con grilletes electrónicos, pero casi no se aplican.
Allí nos encontramos con una dificultad: cuando llegamos a la gestión, los grilletes electrónicos eran aplicables, de acuerdo al plan piloto, a solamente 450 internos, pero solamente 60 solicitaron los grilletes electrónicos y al final el Poder Judicial permitió que funcionaran 14. Ante eso, se ha aprobado un decreto supremo que permite que el plan piloto se extienda a 5.000 internos.

—¿De qué sirve si los internos no lo piden porque tienen que pagar por el grillete?
Por eso, al aumentar la población a la que se puede aplicar el grillete, podría disminuir su precio. Según el contrato, están costando S/750 al mes y el interno es quien lo tiene que pagar. Entonces, hay internos a los que les falta un año o dos años para salir y prefieren pasar ese tiempo en cárcel que pagar esa cantidad mensual.

—Pero, además, los jueces solo han autorizado 14. ¿Por qué?
Hay una sobrerregulación en la legislación de ejecución penal que impide la aplicación de este beneficio.

—¿No han pedido facultades para eso?
No, tenemos que trabajar con la Comisión de Justicia del Congreso para que la población penal potencial que pudiera acceder a grilletes electrónicos, que es de 17.000 internos, lo haga. Lo que pasa es que, al incrementar la severidad de las penas y eliminar beneficios penitenciarios para muchos delitos, se hace mucho más difícil la aplicación de grilletes electrónicos, que suponen una semilibertad.

—Y ese populismo penal es la causa de la sobrepoblación penal, porque al aumentar las penas y eliminar beneficios penitenciarios, cada vez entra más gente a los penales, pero no sale nadie. Una bomba de tiempo, como dice el fiscal Chávez Cotrina. Si arregla eso, no tendría que construir tantas cárceles.
La lentitud en el juzgamiento por la alta carga procesal del Poder Judicial es otra causa. Pero eso debe mejorar con el proyecto de interoperatividad de los actores del sistema de administración de justicia.

—Otra manera de descargar los penales y prevenir que no ingrese más gente sería distritalizar la justicia: que en cada distrito haya un fiscal, un juez y una pequeña carceleta distrital para que el delincuente callejero pueda ser juzgado de inmediato y castigado a penas cortas con asistencia social. Acabaría la impunidad y se cortaría de raíz el crimen.
Es un tema en el que hay que coordinar esfuerzos conjuntos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, que, entiendo, es política de ambos sectores.

—Del Ministerio Público sí, que tiene el programa Una Fiscalía en tu Distrito, pero el Poder Judicial no se suma, no quiere coordinar, es increíble. Me pregunto para qué sirve el Acuerdo Nacional por la Justicia.
El Acuerdo Nacional por la Justicia dejó de reunirse siete meses. Hemos llegado al ministerio y lo hemos vuelto a impulsar. Bueno, lo que estamos haciendo con el INPE es el proyecto de cárceles productivas y eso va caminando bastante bien. Por ejemplo, en Qenccoro, en el Cusco, de 2.400 internos, tenemos ya a 1.600 trabajando. El proyecto es autosostenible, participa la empresa privada, no hay subsidio. O sea, es la empresa privada la que entra a los penales, contrata la mano de obra de los internos, los capacita y luego vende las artesanías acá o las exporta. Hemos logrado ingresos en Cusco de S/10 millones en el año, con eso hemos construido los nuevos talleres y ya tenemos la primera cárcel factoría del Perú. Las cárceles productivas ayudan a la seguridad ciudadana, porque la cárcel deja de ser una escuela del delito y se convierte en un centro de resocialización.

—Pero, según Chávez Cotrina, los penales son escuela del delito porque no se divide o clasifica a los internos según el grado de peligrosidad, algo elemental.
Eso ocurre en parte por el hacinamiento, pero el INPE ha estado realizando un esfuerzo por separar a los cabecillas y a los renuentes a la resocialización, que son más o menos un 16% de la población penal, enviándolos a cárceles de alta seguridad. Por ejemplo, Sarita Colonia era tierra de nadie, un penal administrado por los propios delincuentes. Ahora impera allí el principio de autoridad. Con el programa Orquestando, en convenio con [el Ministerio de] Educación, los presos han armado una linda orquesta y participan más en talleres productivos y de arte.

—Pero no pueden controlar el acceso a los penales. Se cuelan celulares, armas.
Tenemos en ejecución un proyecto para que los accesos a las cárceles sean como en los aeropuertos, con escáner, para no estar con los chequeos manuales. Ya hay más o menos ocho establecimientos penitenciarios que están funcionando así.

—Hay escáneres pero se malogran, o les sacan la vuelta.
Por eso estamos evaluando privatizar el sistema de acceso de todos los penales, tercerizando el servicio con una empresa experimentada, que las hay en todo el mundo, para tener mayor control.

—Quiere hacer cárceles productivas, pero en la actualidad las cárceles son las oficinas centrales del crimen organizado. En todos los megaoperativos tienen que intervenir las cárceles porque allí se planifica el delito. Eso significa que los bloqueadores no están funcionando en ninguna parte.
Si logramos implementar los bloqueadores en los dos penales más grandes de Lima, estaríamos hablando de bloqueadores al 53% de la población penal. A varios de los cabecillas de las organizaciones criminales que han estado preparando acciones delictivas desde los penales los hemos mandado a penales de alta seguridad en Cerro de Pasco y Puno.

—Pero esos penales tampoco tienen bloqueadores. Hablemos de la reforma judicial: hay quienes dicen que es bien difícil que se haga desde adentro. Entonces, el ministerio tendría que tener un papel como líder, como impulsor. ¿Lo tiene?
El ministerio lidera, porque nosotros presidimos al Acuerdo Nacional por la Justicia, que lo hemos reactivado y se han debatido temas importantes como la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es clave, y la interoperatividad que se va a consolidar con el aporte de tecnología.

—¿Y a qué han llegado en la reforma del CNM? El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, pide que no haya ratificación de los jueces cada siete años por parte del CNM.
Bueno, en ese tema no ha habido acuerdo y cada organismo va a presentar su proyecto ante el Congreso. Pero en los puntos de encuentro vamos a ir con una propuesta conjunta. La bancada de Peruanos por el Kambio tiene un proyecto que plantea la formación del CNM con un representante de cada uno de los poderes, para hacerlo más ágil. Esto pasa también por la búsqueda de consensos a nivel de Congreso.

—Transparencia proponía también la eliminación de la ratificación cada siete años, pero a cambio de que haya dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público sistemas de evaluación del rendimiento de los jueces y fiscales para determinar su ascenso y permanencia. Pero casi no hay nada de esto.
Según lo dicho por Duberlí Rodríguez y Pablo Sánchez, hay bastante trabajo de mejora de la productividad a nivel de sus jueces y de sus fiscales. Tienen proyectos de modernización interesantes. Que sean el propio Poder Judicial y el Ministerio Público los que hagan sus ratificaciones y evaluaciones va a tono con la autonomía de poderes. Pero dada la crisis institucional, ¿qué tan efectivo puede ser eso ahora en este momento?

—Pero parece difícil que el Poder Judicial acepte, por ejemplo, reducir la Corte Suprema a un número pequeño de jueces de alto nivel que se dediquen solo a revisar casos para sentar jurisprudencia, o que el período del presidente de la Corte Suprema sea por cuatro años. Esos cambios tendrían que ser legislados directamente por el Congreso.
Ahora que ya tenemos algo de paz política, hay condiciones para que Ejecutivo y Congreso trabajen algo sustantivo en materia de reforma institucional y política. También la reforma de los propios partidos políticos. Los estatutos de todos los partidos, incluido el nuestro, no permiten una democracia interna real. Yo he conversado con el presidente Vizcarra de la necesidad de proponer, como gobierno, una reforma política integral y de presentar ese proyecto al Congreso.

—Un asunto muy importante para la reforma judicial es el expediente digital. Para eso se habló de un préstamo tanto del BID como del Banco Mundial, que en total iba a ser...
US$360 millones. Estuvimos en el MEF y hemos acordado que hay que elaborar los expedientes técnicos, porque lo que existe es la propuesta, pero no el expediente técnico. No se habían hecho. Ahora, el tema está avanzado en el Poder Judicial porque finalmente los organismos que van a aplicar estos proyectos son el Poder Judicial y el Ministerio Público.

—Y también el Ministerio del Interior, porque si hablamos del expediente digital penal, este se abre en el momento en que la policía captura a un delincuente.
No, el expediente digital incluye todos los procesos, menos los penales. Estamos hablando del 80% de la carga procesal.

—¡Pero si el penal es el más importante si queremos reducir la inseguridad!
Deberíamos ir hacia el expediente digital penal, pero no está incluido en los préstamos.

—No puedo creerlo. Un asunto importante también es que en todos estos megaoperativos que se hacen se captura incluso a policías, pero nunca se detiene ni a fiscales ni a jueces vinculados a organizaciones criminales. Y esto porque el artículo 454 del nuevo Código Procesal Penal los blinda, impide intervenirlos y denunciarlos directamente. Entonces, habría que modificar ese artículo.
Antes de plantear una propuesta legislativa como esa, es importante escuchar qué es lo que están haciendo el Ministerio Público y el Poder Judicial en materia de lucha contra la corrupción contra los propios fiscales y jueces que participan en organizaciones criminales, directa o indirectamente.

—¿El tema de la extradición de Toledo en qué está?
Está en manos de las autoridades norteamericanas. El Ministerio Público trabajó buen tiempo en la traducción del expediente. Fue luego tramitado al Poder Ejecutivo, nosotros de inmediato corrimos traslado a la cancillería y la cancillería lo puso en conocimiento de las autoridades norteamericanas en 24 horas.

—¿El gobierno va a defender el indulto a Fujimori ahora en sede judicial, tal como ha dispuesto la Corte IDH?
La Corte IDH básicamente ha recogido la posición del Estado Peruano, defendiendo el derecho que tiene la institución presidencial de expedir indultos, y que para buscar su nulidad hay una vía interna que es la constitucional. Los demandantes han señalado que van a presentar un recurso de convencionalidad ante la Sala Penal que preside en este caso el doctor César San Martín. De ser así, aparentemente no se estaría cumpliendo el fallo de la Corte IDH, que señala que la vía es la constitucional. En ese escenario, nosotros como Estado tendríamos que pedir una aclaración a la Corte IDH. A nosotros como Estado lo que nos corresponde es velar por que se cumpla el fallo.

—Pero si se planteara la nulidad del indulto en la vía constitucional, ¿el gobierno defendería el indulto?
Lo coherente es que si se presentara una acción de amparo contra la resolución suprema de indulto que dictó el presidente Kuczynski, el Estado Peruano, a través de su procurador constitucional, tenga que accionar respecto de la pretensión de los demandantes. Si ante la Corte IDH hemos defendido la institucionalidad del presidente de la República en el otorgamiento del indulto, es evidente que tenemos que mantener esa línea.