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El Gobierno de Dina Boluarte formalizó la declaración de cada 7 de diciembre como el “Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia”, en conmemoración de la actuación de las instituciones públicas ante el golpe de Estado de Pedro Castillo del 2022.
El decreto supremo N°136-2023-PCM, publicado este martes 6 de diciembre en el boletín de normas legales de El Peruano, detalla que esta fecha permitirá promover “los valores democráticos e institucionales en la ciudadanía y estimular la conciencia colectiva sobre el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”.
El texto recuerda que el 7 de diciembre del 2022, día en que Pedro Castillo anunció en un mensaje a la Nación el cierre del Congreso y una reorganización de todo el sistema de administración de justicia, “la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país estuvieron seriamente amenazados”.
Gobierno de Dina Boluarte establece cada 7 de diciembre como "Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia".
“No obstante, debido a la fortaleza de la institucionalidad pública, expresada en la actuación decidida de los organismos llamados a defenderlos, bajo los estrictos cánones constitucionales y legales, además del concurso invalorable de la sociedad civil, es que hoy nuestra democracia se mantiene incólume”, detalla el decreto.
Cabe recordar que Pedro Castillo actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva y afronta una investigación por los presuntos delitos de rebelión o conspiración.
El Ejecutivo destaca que la democracia y su defensa son clave para fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho.
Con la declaración del “Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia”, se busca promover valores democráticos e institucionales en la ciudadanía y estimular la conciencia colectiva sobre el respeto al Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
También se establece que como práctica el izar la bandera en todo el territorio nacional “como acto cívico” y en ceremonias presididas por gobernadores regionales, alcaldes o autoridades según la circunscripción territorial.
“La Presidencia del Consejo de Ministros es la encargada de realizar el seguimiento de lo dispuesto en la presente norma”, indica el Gobierno.
