La ministra Desilú León registra siete investigaciones fiscales en trámite: los detalles

En los documentos a los que accedió El Comercio, la ministra reporta que sí tiene investigaciones fiscales. En su primera declaración, del 3 de septiembre, reportó que cinco son por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y una es por presunto peculado. Ambos son considerados como delitos contra la administración pública o delitos de corrupción.

LEE TAMBIÉN | Waldemar Cerrón ahora busca tener acceso a investigaciones reservadas | INFORME

En un anexo presentado casi una semana después, el 9 de septiembre, reportó una investigación en trámite adicional por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Frente a los siete casos, León también refirió no haber tenido conocimiento previo de los mismos ya que no se les habían notificado.

La declaración no precisa por qué tipo de peculado se investiga a la hoy ministra. El peculado doloso ocurre cuando un funcionario se apropia o utiliza para sí mismo o para otra persona “caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo”. Se sanciona con entre cuatro y ocho años de prisión, pero con agravantes, la pena pueda llegar hasta quince años.

El peculado culposo ocurre cuando el funcionario “por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos”. En ese caso, la sanción es de hasta dos años de prisión, pero con agravantes se puede llegar hasta cinco.

Finalmente, el peculado de uso es cuando un funcionario “usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda”, para fines ajenos al servicio público. Allí las penas son de entre dos y cuatro años.

Por otro lado, el abuso de autoridad se da cuando un funcionario “abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien”. Se sanciona con una pena máxima de tres años de prisión.

El documento no brinda más detalles de los motivos por los que la ministra León, una abogada con alrededor de 30 años de trayectoria como funcionaria, es investigada. Sin embargo, en la misma declaración jurada, la ministra sostiene que “de los seis expedientes en trámite, no tenía conocimiento”.

Indicó que los casos le aparecieron en un búsqueda con el estado de “derivado, calificación, pendiente”. “Dos serían del año 2014, dos serían del año 2015, 1 sería del año 2016 y 1 sería del 2021, pero no se me ha notificado a la fecha”, afirmó.

En efecto, de la numeración de las carpetas fiscales consignadas se desprende que las tres primeras por presunto abuso de autoridad son del 2014 y del 2015. De este último año también provendrían la carpeta por supuesto peculado. La cuarta carpeta por abuso de autoridad se remonta al 2016.

De acuerdo con su declaración jurada ante la Contraloría, durante esos años Léon fue secretaria general del Ministerio de Educación, durante la gestión del exministro Jaime Saavedra. Ocupó ese cargo entre agosto del 2011 y diciembre del 2016.

Entre las carpeta más recientes está la quinta por presunto abuso de autoridad, cuya numeración revela que es del 2021. Aquel año, fue viceministra de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción. Tuvo ese cargo entre noviembre del 2020 y diciembre del 2021, durante el gobierno de Francisco Sagasti y los primeros meses de la gestión de Pedro Castillo.

Luego está la carpeta por presunta negociación incompatible, que es la más reciente: del 2024. Ese año, León se desempeñó nuevamente como viceministra de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción. Luego fue secretaria general del mismo sector, antes de pasar a ser titular del Mincetur.

Sobre esta carpeta, en el mismo documento, la abogada señaló que el caso no le había sido notificado. “He tomado conocimiento que existe este expediente, cuyo último estado es ‘derivado (califica)’”, apuntó.

El Comercio consultó a León sobre de qué tratan estas investigaciones y si su existencia perjudica su idoneidad para el cargo. A través del área de imagen del Mincetur, respondió que se ratifica en lo manifestado en la declaración jurada: “No tenía conocimiento de ellas, porque no me fueron notificadas. Son denuncias que se originaron años atrás y que figuran como ‘derivadas’ o ‘en proceso de calificación’.

“Debe quedar muy en claro que una investigación fiscal generada por la denuncia de cualquier ciudadano no significa que tenga responsabilidad en la acción que se me atribuye. Tengo idoneidad para el desempeño de cargos públicos y ningún impedimento para seguir sirviendo a mi país”, afirmó.

En el documento, León también consignó nueve investigaciones que fueron archivadas: cuatro por abuso de autoridad (2013, 2015 y dos del 2021), dos por desobediencia (2013), peculado (2016), exposición a peligro (2004) y tráfico de influencias (2022).

Sobre estas, remarcó que “las denuncias o acusaciones que no tienen sustento son archivadas por la autoridad competente”. “Eso es lo que ha ocurrido en las nueve investigaciones a las que hace referencia. La fiscalía, luego de realizar las investigaciones determinó que no había lugar a iniciar una acción penal, procediendo a su archivo definitivo”.

La integrante del gabinete remarcó que “los ministros tenemos el deber de presentar dicha declaración jurada, conforme a lo establecido en la Ley N° 31457″. “En tal sentido, he procedido con absoluta transparencia al brindar la información solicitada a través de dicha declaración jurada”.

“No tengo ningún proceso administrativo en mi contra y mucho menos una sentencia judicial. Siempre he actuado conforme a ley, anteponiendo por sobre todas las cosas, los intereses del Estado y de la población”, agregó.

Esa ley fue aprobada por el Congreso y promulgada en abril del 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, en un contexto marcado por nombramientos de funcionarios cuestionados por investigaciones penales. Desde entonces, cada ministro debe reportar las investigaciones que tenga abiertas o archivadas, así como las sentencias que tenga. Lo mismo con los procedimientos administrativos sancionadores y disciplinarios.

Omar Awapara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, comentó a El Comercio que “en circunstancias normales, una persona que tiene investigaciones fiscales abiertas no hubiese pasado un filtro mínimo por parte de un gobierno que esté preocupado por la integridad y por la imagen que proyecta”.

“En este caso, es un reflejo más de la ausencia de cuadros, de la debilidad del gobierno por convocar a gente proba, y por otro lado, (es reflejo) del desinterés, no hay preocupación por el efecto o las consecuencias que esto pueda trater. Hay falta de consideración por lo que convocar a una persona con investigaciones fiscales abiertas”.

Awapara recordó que a nivel de altos funcionarios, hay más de 80 congresistas con carpetas fiscales abiertas. La propia presidenta Dina Boluarte, además, enfrenta distintas investigaciones del Ministerio Público y denuncias constitucionales que fueron presentadas al Congreso.

Desilú León juró como ministra el último martes 3 de septiembre junto a Fabricio Valencia (Cultura), Durich Whittembury (Vivienda) y Elmer Schialer (Relaciones Exteriores). Antes de ellos, el último en sumarse al gabinete fue Juan José Santiváñez (Interior) en mayo.

De todos ellos, Whittembury también reportó una investigación en trámite por colusión. Si bien no dio mayores detalles en su declaración jurada, El Comercio reportó que el flamante ministro de Vivienda es investigado junto a otros exfuncionarios del sector por presuntamente haber beneficiado a la empresa Odebrecht en una obra de agua potable en Chimbote.

También consignó haber recibido una amonestación administrativa ligada a la contratación de publicidad.

El ministro Fabricio Valencia declaró tener una investigación archivada por peligro común y un procedimiento administrativo sancionador que también fue desestimado. En tanto, el canciller Elmer Schialer no reportó ninguna indagación o procedimiento.

Por su parte, en mayo pasado, Juan José Santiváñez reportó que tenía un proceso judicial en trámite por difamación. Actualmente, el ministro también tiene una carpeta fiscal por presunto abuso de autoridad y otra por negociación incompatible, además de una por presunto tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento real, en la que fue recientemente incluido por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Descargos

Respuesta completa de la ministra Desilú León sobre sus investigacioens consignadas

Le debo aclarar, en primer lugar, que no tengo ningún proceso administrativo en mi contra y mucho menos una sentencia judicial. Siempre he actuado conforme a ley, anteponiendo por sobre todas las cosas, los intereses del Estado y de la población.

Cabe señalar, que las denuncias o acusaciones que no tienen sustento son archivadas por la autoridad competente. Eso es lo que ha ocurrido en las nueve investigaciones a las que usted hace referencia. La Fiscalía luego de realizar las investigaciones determinó que no había lugar a iniciar una acción penal, procediendo a su archivo definitivo.

Sobre las seis investigaciones en trámite, que usted menciona, debo ratificarme en lo manifestado en la Declaración Jurada(*). No tenía conocimiento de ellas, porque no me fueron notificadas. Son denuncias que se originaron años atrás y que, figuran como “derivadas” o “en proceso de calificación”, tal como se puede constatar en la búsqueda en línea en el sistema respectivo.

Es importante que indicar que los ministros tenemos el deber de presentar dicha declaración jurada, conforme a lo establecido en la Ley N° 31457, Ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo con la finalidad de establecer procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros. En tal sentido, he procedido con absoluta transparencia al brindar la información solicitada a través de dicha declaración jurada, que es un documento de acceso público.

Por último, debe quedar muy en claro que una investigación fiscal generada por la denuncia de cualquier ciudadano no significa que tenga responsabilidad en la acción que se me atribuye. Tengo idoneidad para el desempeño de cargos públicos y ningún impedimento para seguir sirviendo a mi país.

Desilú León Chempén