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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso realizar diligencias contra los partidos Fuerza Popular y País para Todos luego de recibir denuncias que piden la ilegalidad de ambas agrupaciones. Esto por presuntas conductas antidemocráticas.
Espinoza ordenó que el fiscal adjunto supremo Dante Pimentel Cruzado se encargue de las diligencias contra ambos partidos. Ello con el fin de evaluar si corresponde solicitar a la Corte Suprema que las declare ilegal, como ya ocurrió con la agrupación del etnocacerista Antauro Humala, denominada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O).
País para Todos es el partido que podría postular a la presidencia de la República al artista Carlos Álvarez.
En detalle
La denuncia contra Fuerza Popular fue presentada por la ciudadana Beatriz Cano Bernales.
Cano argumentó que el partido naranja cayó en conductas antidemocráticas en tres ocasiones. La primera fue por recibir aportes irregulares en la campaña electoral del 2011. Este hecho se encuentra judicializado. Se le conoce como el Caso Cocteles.
La segunda ocasión fue la postura de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales 2021 y denunciar un presunto fraude electoral.
La tercera se refirió a la sentencia por el caso de los “Mamani videos”, por el que Kenji Fujimori fue condenado a cuatro años y 6 meses de prisión por el delito de tráfico de influencias real agravado. Esto por invocar influencias ante otros parlamentarios para lograr votos en contra de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018.
Cano amplió su denuncia vinculando al grupo violentista “La Resistencia” con Fuerza Popular.
“Desproporcionado”
El vocero del partido naranja, el excongresista Miguel Torres, señaló que la decisión evidencia que el Ministerio Público está abocado a involucrarse en política.
“Si tenemos parte de la fiscalía obsesionada, abocada a hacer política, las cosas no van a funcionar. El sistema de justicia no va a funcionar y los criminales seguirán en la calle”, dijo en diálogo con El Comercio.
Torres agregó: “Las elecciones se ganan en las urnas, no utilizando mecanismos del sistema de justicia. Eso es hacer acrobacias jurídicas. ¿Para qué? Para poder evitar que aquellos candidatos, aquellos partidos que no le gustan lleguen a a las elecciones".
El partido agregó mediante un comunicado que es evidente el uso desproporcionado y político de la fiscalía. Señaló que la medida amenaza el pluralismo político y la democracia.
La decisión fiscal se conoce un día después de que la presidenta Dina Boluarte convocara a elecciones generales para abril del 2026, de acuerdo a ley.
Hoy existen 41 agrupaciones reconocidas como partidos políticos. Recientemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retiró a A.N.T.A.U.R.O. de esa lista por orden de la Corte Suprema.
La declaración de ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. fue la primera que se realiza desde que entró en vigencia la Ley de Organizaciones Políticas, en el 2003.
Precisamente, a esa ley apelan los denunciantes que buscan la ilegalidad de Fuerza Popular y País para Todos.
El artículo 14 de la norma en mención establece que la Corte Suprema, a pedido del Fiscal de la Nación o del defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos.
El caso de País para Todos
La denuncia contra el partido País para Todos fue presentada por Javier Sulca Cáceres, exmilitante de A.N.T.A.U.R.O.
Sulca argumentó que Carlos Álvarez habría lanzado promesas de campaña que atentan contra el sistema democrático. Señaló que el artista habría planteado la pena de muerte para violadores de menores de edad y la expulsión de extranjeros, con lo que estaría promoviendo el odio y la violencia.
Álvarez figura como militante de la agrupación y es el rostro más visible de esta. No ostenta cargo dirigencial.
País para Todos alcanzó su inscripción como partido político en agosto pasado.
Críticas
Los abogados penalistas Vladimir Padilla y Andy Carrión consideraron que la decisión de la fiscal de la Nación es desmedida y sienta un mal precedente.
Padilla destacó: “La fiscalía se vuelve una suerte de persecutor de las organizaciones políticas. [...] Esto deja un mal precedente. Abre la puerta para que se presenten muchísimas denuncias contra partidos en época preelectoral. Y va a tener que abrir indagación a todos, porque tendrá que dar el mismo trato. Se llenará de casos inútiles“.
Además, el abogado resaltó que el Caso Cocteles contra Fuerza Popular ya se encuentra judicializado. “Cuando los temas están sujetos a conocimiento del Poder Judicial, nadie debe someterse a esas causas. Habría un abocamiento indebido. Entonces, ¿Cómo así la fiscalía quiere controlar o evaluar en cierta medida lo que ya se está discutiendo en sede judicial", cuestionó en diálogo con este Diario.
En tanto, Carrión alertó que existe el peligro de que la fiscalía “se convierta en una daga contra la democracia”. Esto al abrir investigaciones generalizadas que podrían amenazar la existencia de todos los partidos.
El abogado destacó que los partidos son las únicas vías institucionales para que los ciudadanos ejerzan el derecho a elegir o ser elegidos, por ello, “es muy peligroso que la fiscalía empiece a abrir un abanico de investigaciones para declararlos ilegales”.
La sentencia que declara la ilegalidad de un partido político provoca la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de su reinscripción.
