Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
Durante la última audiencia del juicio por el llamado Caso Cocteles, Keiko Fujimori, excandidata presidencial de Fuerza Popular, y otros 38 procesados rechazaron las imputaciones del Ministerio Público y la solicitud de reparación civil de la Procuraduría. Justicia TV solamente transmitió en vivo los últimos 11 minutos de la sesión al argumentar “problemas de sistema interno”.
El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, acusa a Fujimori Higuchi de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por ello, pidió 30 años y 10 meses de condena, así como 15 años y cinco meses de inhabilitación.
Pérez sostiene que la excongresista lideró una organización criminal que lavó más de US$17 millones y S/18.000. La mayor parte de este dinero —según la tesis fiscal— habría ingresado con sus campañas electorales de 2011 y del 2016. Entre ese monto está el presunto aporte de US$ 1 millón de parte de la constructora brasileña Odebrecht, lo que vincula este caso a la trama Lava Jato en Perú. El resto provendría de empresarios nacionales.
“No acepto los cargos vertidos por el fiscal ni tampoco lo que ha señalado la procuraduría pública, me reservo el derecho a declarar en cualquier estado del proceso y al final de la actividad probatoria”, expresó Fujimori Higuchi al inicio de la audiencia.
Esto luego de que la jueza Juana Caballero García, quien preside el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), exhortara a cada uno de los imputados a pronunciarse sobre la acusación, en el sentido si aceptaban o no esta.
Mira aquí la audiencia completa, transmitida por la tarde:
La mayoría de los procesados se limitó a declarar su inocencia, a rechazar el pedido de reparación civil y a anunciar que declararían, luego de que culminara la etapa probatoria.
No obstante, el abogado Arsenio Oré sí brindó un breve argumento, al referir que “no están dadas las condiciones” para que emita una defensa de fondo, porque la acusación del Ministerio Público “no es integral”, sino “incompleta”. “El fiscal ha ofrecido 1.031 testigos, no ha individualizado a quiénes le corresponde, necesitaríamos 51,500 interrogatorios y eso es imposible”, afirmó.
La fiscalía ha solicitado cuatro año y seis meses de prisión en contra de Oré por obstrucción a la justicia.
Por la tarde del último lunes, tras la audiencia, se conoció que el Tribunal Constitucional (TC) anuló, por mayoría, los actos del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público en contra de Oré.
Fuentes del TC indicaron a El Comercio que con esta resolución el juicio oral, la acusación, la investigación preparatoria, entre otros en contra del referido abogado quedarán sin efecto. Es decir, nulo. Esto, hasta la resolución de enero del 2019, que rechazó el pedido de Oré Guardia para que se aparte al fiscal José Domingo Pérez de la pesquisa en su contra.
Solamente, Johanna Mitsuko Myers (o Johanna Sasaki) y Melissa Keiko Sasaki- ambas investigadas por lavado de activos- no participaron en la audiencia de este lunes. Esto debido a que su defensa solicitó un traductor de inglés a español. La jueza Juana Caballero García, quien preside el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), dispuso que en la sesión de este martes se les tome la palabra con la asistencia correspondiente.
Además, la excongresista Milagros Takayama, personera legal de Fuerza Popular, debe responder, en representación de su partido, si este se declara inocente o culpable de los cargos imputados.
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Plantea que Vizcarra sea testigo
En otro momento de la audiencia, el fiscal Pérez Gómez informó, a solicitud de la jueza Caballero, que planteará que se incorporen 35 nuevos elementos de prueba en el juicio por el Caso Cocteles. Se trata de 29 documentos y seis testigos. Entre estos últimos figuran el expresidente Martín Vizcarra, el exministro de Agricultura Iván Manchego Cuayla, el ex fiscal federal suizo Stefan Lenz y el periodista Aldo Mariátegui.
Lenz, cuando era fiscal en Suiza, investigó a Odebrecht e incautó el servidor de la constructora brasileña “MyWebDay”, que almacena información sobre los sobornos que la firma brasileña pagó en diferentes países del mundo.
(Foto: Archivo GEC)
Al respecto, Giuliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, dijo que le llama la atención la posible inclusión de Vizcarra Cornejo en la lista de testigos, porque el exmandatario “no tiene relación” con los hechos investigados.
“Se está politizando el caso penal, mañana [martes] luego de escuchar la fundamentación de la fiscalía, vamos a proceder a dar nuestra posición”, expresó en comunicación con El Comercio.
La letrada señaló que ella presentará 10 documentos, que tienen en total entre 250 y 300 páginas.
A su turno, Christian Salas, abogado del partido Fuerza Popular, propuso que Jaime Villanueva, ex asesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, declare en el juicio por el Caso Cocteles como testigo.
El Tercer Juzgado Colegiado de la CSNJPE deberá evaluar cada uno de los nuevos elementos, a fin de determinar si son o no admitidos al juicio oral.
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Rechazan solicitud para revelar identidades
El tribunal, además, declaró improcedente una solicitud hecha por Salas para que se levante la reserva de la identidad de los colabores eficaces de la investigación a Fujimori, Fuerza Popular y otros. El exprocurador anticorrupción refirió que esta medida le permitiría “desarrollar un contra interrogatorio” y conocer si “estamos ante testigos impropios”.
Salas indicó que el Código Procesal Penal establece que solo se mantendrá la confidencialidad de las identidades de un colaborador eficaz durante el juicio oral si es que existe peligro para su vida.
“En el presente caso no ha habido ningún riesgo ni atentado ni agresión en contra de ningún aspirante a colaboración eficaz”, agregó.
(Foto: Archivo GEC)
En respuesta, el fiscal Pérez refirió que, en el auto de enjuiciamiento, su oficina no ha ofrecido a ningún testigo que tenga código de reserva.
A raíz de los argumentos del Ministerio Público, la jueza Caballero anunció que la sala decidió rechazar el pedido del abogado de Fuerza Popular. “En su momento, el fiscal dirá quiénes son los testigos impropios”, remarcó.
El punto de vista
El abogado penalista Andy Carrión refirió que “es un indicativo” de lo extenso que será el juicio oral del Caso Cocteles que recién a casi un mes y medio de iniciado el proceso se esté asistiendo a la etapa donde cada uno de los imputados se declara inocente o culpable.
“En un juicio ordinario no tomaría más de dos sesiones. Va a tomar tres o cuatro años que se dilucide en una primera instancia si se va a acceder a una sentencia condenatorio o absolutoria”, manifestó en el programa “Tenemos que Hablar”, de El Comercio.
Carrión, a modo de balance, sostuvo que, hasta el momento, el fiscal Pérez ha tenido intervenciones de “un corte más político que jurídico”.
“La defensa [de los acusados] ha sabido aprovechar los errores del Ministerio Público y ha puntualizado cuáles serían los presupuestos de cada uno de los delitos [imputados] que deben probarse. Y a remarcar que lo que interesa es si los dineros que recibieron [en Fuerza Popular] de Odebrecht y empresas peruanas tienen procedencia ilícita y si cada uno de los acusados pudo saber de ello”, remarcó.
Por su parte, el abogado penalista Jorge Zúñiga advirtió que la Ley Nº32108, promulgada por el Congreso el viernes y que modifica la definición de crimen organizado, puede ser utilizada a largo plazo por los procesados en el Caso Cocteles.
En el programa “Tenemos que Hablar”, Zúñiga explicó que la nueva norma, que no fue observada por el Ejecutivo, “sí va a tener incidencia”, porque establece que para que se dé el delito de crimen organizado, las redes deben tener como fin la constitución de economías paralelas, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala de madera y la trata de personas, entre otros.
“Pero no en el supuesto como el que tenemos en concreto, que el objetivo [imputado] es lavar dinero, sí podría tener incidencia directa al momento [de que la sala] evalúe a la cúpula [del partido fujimorista], el lavado de activos no está en el supuesto de una economía paralela”, refirió.
El letrado, además, señaló que la Ley Nº32108 no considera el aporte temporal a una red criminal como parte del delito. Por ello, agregó que aquellos que solo contribuyeron al esquema de pitufeo en una oportunidad y que han sido acusados por organización criminal podrían ser excluidos por este punto en específico.
Más información
La sala resolvió, hace unos días, que el juicio contra Luis Mejía Lecca, ex tesorero de Fuerza Popular sea suspendido y dispuso que cada nueve meses se le realicen reconocimientos médicos, legales y psiquiátricos para determinar si su estado de saludo mejoraba. Mejía Lecca sufrió un accidente cardio vascular en marzo último.
El tribunal, además, rechazó el intento de Vicente Silva Checa, presunto asesor en la sombra de Fujimori Higuchi en el 2011, de archivar los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia, utilizando la “Ley Impunidad”, que fue aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte en julio.
La referida norma limita la suspensión de los plazos de prescripción de delitos a un máximo de un año.
