Lava Jato aún no tiene jueces exclusivos: ¿Cuántos acusados hay dentro del Caso Odebrecht?

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“¿Qué hay del acuerdo de colaboración que nos llevaría a la verdad? ¿Cuántos acusados por corrupción tenemos?”, cuestionó Pedro Castillo. “¿Cuántos están sentenciados después de casi siete años de haberse conocido plenamente estos latrocinios al Perú?”, expresó.

El caso Lava Jato, del cual se desprende el caso Odebrecht, estalló en nuestro país a fines del 2016, hace poco más de cinco años. El 21 de diciembre de ese año se dio a conocer la confesión de Marcelo Odebrecht, según la cual la constructora brasileña sobornó por US$ 29 millones a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014.

Solo cinco días después, el Ministerio Público creó un equipo especial de fiscales para investigar el caso, el cual fue encargado al fiscal anticorrupción Hamilton Castro. Allí iniciaron las investigaciones sobre presuntos sobornos en relación a la Carretera Interoceánica, el Metro de Lima, la Costa Verde y la Vía Evitamiento Cusco.

Por otro lado, la fiscalía de lavado de activos, liderada por Rafael Vela, continuó y comenzó investigaciones vinculadas a casos de aportes ilícitos de campañas relacionados a la constructora brasileña, como el de Keiko Fujimori y el de Ollanta Humala.

En paralelo, se creó en febrero del 2017 una procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato para asegurar los pagos de reparación civil. Inicialmente se designó como su titular a Katherine Ampuero, pero en agosto de ese mismo año se nombró en su lugar a Jorge Ramírez. Desde el 2020, la titular es Silvana Carrión.

En julio del 2018, el Ministerio Público unificó ambos equipos y designó a Rafael Vela como su coordinador, con los fiscales José Domingo Pérez, Geovanna Mori y Germán Juárez Atoche entre sus integrantes. En febrero del 2019, Fiscalía y Procuraduría firmaron un acuerdo considerado clave para el desarrollo del caso: la colaboración eficaz con Odebrecht. Esto aseguró declaraciones de exdirectivos como Jorge Barata en las investigaciones y los futuros juicios del megaproceso.

Más de 120 acusados

Desde entonces, los fiscales del equipo especial han presentado 9 acusaciones en casos complejos, que alcanzan a más de 120 acusados, entre personas naturales y personas jurídicas. Entre este grupo de acusados están los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, las ex primeras damas Eliane Karp y Nadine Heredia, el exviceministro Jorge Cuba y los exgobernadores regionales Félix Moreno y Jorge Acurio.

El fiscal José Domingo Pérez comentó recientemente a El Comercio que su despacho prevé culminar en los próximos meses las investigaciones al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y a la exalcaldesa Susana Villarán, tras los cual deberá pronunciarse sobre ellos con una acusación o un sobreseimiento. Otros procesados cuyas investigaciones aún están por cerrarse con el expresidente Martín Vizcarra y los ex primeros ministros César Villanueva y Yehude Simon.

De las nueve acusaciones, solo una ha llegada a juicio oral: la de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes actualmente siguen en etapa de juzgamiento. Los otros casos permanecen en etapa de control de acusación, una fase previa al juicio en la que se verifica que el caso cumpla las condiciones para pasar a la etapa final y donde se corrigen los defectos que puedan tener.

Sin embargo, la experiencia reciente indica que los controles de acusación en casos complejos como el de Lava Jato, que en teoría deberían ser rápidos y más cortos que un juicio, se han prolongado más de lo esperado. El ejemplo más claro es el de caso Humala-Heredia: la acusación se presentó en mayo del 2019 y el juicio recién comenzó en febrero del 2022.

¿A qué se debe esta demora? Comentaristas como el exprocurador Antonio Maldonado mencionan factores propios del caso como su complejidad, pero también se señalan acciones “obstruccionistas” de parte de las defensas de los investigados, que suelen salir de los mejores estudios de abogados de Lima, y la falta de presupuesto estatal para los operadores de justicia.

Otros factores son la pandemia que retrasó severamente el desarrollo de los casos, las correcciones que se deben hacer a los requerimientos y la escasez de jueces que se dedican a revisar estos casos complejos, los cuales se pueden contar con los dedos de las manos.

Lista de investigaciones del equipo especial a septiembre del 2020

Estos jueces, como Richard Concepción Carhuancho, Víctor Zúñiga o Jorge Chávez Tamariz, pertenecen a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE). Como tales, no pueden dedicar todo su tiempo a la revisión de los casos de Odebrecht, sino que también ven otros casos complejos de delitos como organización criminal, narcotráfico, lavado de activos, corrupción, etc. Allí están ‘Los Dinámicos del Centro’, ‘Caso Orellana’, ‘Cuellos Blancos del Puerto’, entre otros.

Un pedido sin respuesta oficial

Esto ha creado una suerte de ‘cuello de botella’ entre los casos en los que se ha presentado acusación y los casos que están en juicio. Por ello, tanto el equipo especial Lava Jato como la procuraduría ad hoc vienen pidiendo desde el año pasado al Poder Judicial la creación de juzgados que se dediquen de forma exclusiva al caso Lava Jato.

El argumento es que, así como hay un equipo en la fiscalía y la procuraduría que se ha dedicado a los 92 casos y más de 1000 investigados relacionados a Lava Jato; también debería haber un equipo de jueces que se dedique de forma exclusiva a estos procesos. Sin embargo, el pedido hasta el momento no ha tenido eco en el Poder Judicial.

El fiscal Rafael Vela envió en noviembre del 2021 un oficio con esta solicitud al juez César Sahuanay, presidente de la CSNJPE. Esta es la corte donde vienen tramitándose casi todos los casos del equipo especial. Sin embargo, no ha habido una respuesta a la solicitud. En diciembre de ese año, la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, dijo a El Comercio que iban a presentar un pedido similar.

Esto se concretó con un oficio firmado el 31 de diciembre y que fue dirigido por Silvana Carrión a la jueza Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial. Allí la procuradora señala que “en torno a este mega caso existen una serie de investigaciones en las que, de no procesarse y juzgarse de manera oportuna a los investigados, se corre el riesgo de que prescriban los procesos y los posibles delitos cometidos”.

“A ello, además, se suma el riesgo de que se pierdan testimonios de alto valor probatorio debido al fallecimiento de testigos y colaboradores eficaces, algunos de los cuales cuentan con una edad avanzada, teniendo en cuenta la actual coyuntura sanitaria y las secuelas que el país enfrenta por la pandemia de la COVID-19″, expresó Carrión. Casi tres meses después, este pedido tampoco ha tenido una repuesta formal del Poder Judicial.

Ya en una declaración dada en septiembre del 2021, César Sahuanay había descartado la posibilidad de que jueces puedan dedicarse únicamente a un caso emblemático. Esto tras ser consultado por la propuesta de Rafael Vela, que ya había sido manifestada en declaraciones a la prensa. El juez dijo que una medida de este tipo sería difícil, ya que se busca evitar un “direccionamiento”.

Fuentes de la CSNJPE indicaron a El Comercio que, a partir del oficio enviado por el fiscal coordinador, César Sahuanay remitió en diciembre del 2021 un informe al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el cual “tiene la palabra final”. Además, se señaló que ellos tienen registro de siete acusaciones vinculadas al caso Odebrecht y que cuatro fueron retornadas para que se subsanen errores.

Por su parte, desde la Corte Suprema comentaron que el trámite adecuado sería que la solicitud del Ministerio Público sea formulada por la propia Fiscal de la Nación a la presidencia el Poder Judicial.

En cuanto al pedido de la procuraduría, las mismas fuentes explicaron que este fue derivado a la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI-CPP). Allí, en trabajo coordinación con la CSNJPE, se trabaja en un informe que debería estar siendo remitido al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en los próximos días.

En caso se acceda, indicaron, esto vendría de la mano con la creación de nuevas plazas para jueces, lo que implicaría la necesidad de que el Ejecutivo les asigne un presupuesto adicional.

En esa línea, el exprocurador Antonio Maldonado cuestionó que Pedro Castillo haya hecho una crítica a la labor del sistema de justicia sin dar una propuesta sólida de como fortalecer al Poder Judicial y Ministerio Público. Esto implicaría, entre otras cosas, el mencionado aumento de presupuesto a estas entidades y al propio equipo especial.

“El presidente tendría que haber dicho lo que él iba a hacer para apoyar presupuesto. No lo ha hecho y eso me parece una gran deshonestidad de su parte”, comentó.

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