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La defensa legal de Pedro Castillo, expresidente que se encuentra preso por las investigaciones por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022 y por organización criminal, presentó ante el Poder Judicial dos recursos para anular la acusación que plantea 34 años de prisión por el delito de rebelión, y para que sea puesto en libertad.
En las dos audiencias virtuales que se realizaron la tarde de este 18 de enero, Castillo Terrones participó de manera virtual desde el penal de Barbadillo, desde donde volvió a victimizarse y calificó como una “cortina de humo” la denuncia en su contra.
Esto, basándose en el argumento que dio su abogado Eduardo Pachas, quien dijo que la Fiscalía de la Nación se habría apresurado en cerrar la investigación preparatoria para formalizar la acusación penal antes que se evalúen pruebas solicitadas por la defensa del exmandatario.
“Lo que ha habido acá es un apuro toda vez que hay una persona responsable que inició una investigación a un presidente elegido por el pueblo a la que la misma Junta Nacional de Justicia le ha bajado el dedo por presuntos delitos de líder de una organización criminal”, manifestó en alusión a Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación.
Previamente, el abogado Pachas había solicitado que por una medida de control de plazos, el Poder Judicial anule el cierre de la investigación preparatoria determinada por el Ministerio Público el pasado 18 de diciembre del 2023 y, por ende, se anule la acusación por 34 años de prisión.
“Se limita el derecho a presentar pruebas que están a nuestro favor y que mantienen lo que en un primer momento hemos dicho: que el golpe de Estado lo hizo las Fuerzas Armadas, la señora Patricia Benavides y la señora Dina Boluarte a mi patrocinado”, manifestó.
Según Eduardo Pachas, desde diciembre del año pasado han pedido incluir unos 60 elementos de prueba incluyendo declaraciones que brindaron en varios reportajes el coronel Harvey Colchado, el general en retiro Manuel Gómez de la Torre y Patricia Benavides, así como el exasesor de esta última Jaime Villanueva.
En respuesta, el fiscal Alcides Chinchay dijo que la hipótesis que formuló Pachas sobre el supuesto orquestamiento de un golpe de Estado contra Castillo no tiene relación con los actos que cometió el exmandatario el 7 de diciembre del 2022.
“Aún suponiendo que las personas que han intervenido en las diversas fases del procesamiento del señor Pedro Castillo Terrones hubiesen tenido alguna intención malévola, política, oscura, subalterna, lo único que interesa en este caso es esclarecer si Pedro Castillo dio un golpe de Estado o no”, aseveró.
Inmediatamente después de la audiencia por este caso, se llevó a cabo una segunda audiencia en la cual el abogado Juan Sifuentes Bustillos presentó una nueva tutela de derechos a favor del exmandatario para exigir su liberación.
Específicamente, aseguró que ni la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides ni el juez Juan Carlos Checkley tenían la competencia para determinar la detención de su patrocinado.
Participación de Pedro Castillo
El expresidente Pedro Castillo aseguró, durante su participación en la audiencia, que supuestamente no pretendía fugar a la embajada de México en Lima tras perpetrar el golpe de Estado y que solo tenía intención de poner a buen recaudo a su familia.
Además, consideró como un “abuso de autoridad y atropello” su detención por parte de las autoridades tras anunciar el quiebre del orden constitucional en el país.
“El 7 de diciembre tomo la decisión de llevar a buen recaudo a mi esposa y a mis hijos a la embajada de México, jamás me estaba fugando, no estaba fugándome del país. ¿Quién se fuga con la propia Policía? ¿Quién se fuga en el mismo carro del presidente? Fue detenido arbitrariamente, con fusil en mano, por la Policía por una orden superior. ¿Quién es el mandato superior de la Policía? ¿Acaso no es el presidente de la República o es la fiscal de la Nación?”, expresó Castillo Terrones.
“He puesto una acción de hábeas corpus para que se declaren nulas todas estas resoluciones por una cuestión competencial. ¿Era la fiscal de la Nación competente para solicitar a usted la detención judicial del presidente de la República? Yo voy a decir que no porque no existen en la historia del Poder Judicial en todo el mundo una detención en flagrancia de un presidente de la República”, cuestionó.
Alcides Chinchay también participó en la audiencia y calificó esta nueva intención de liberar a Pedro Castillo como un acto de “mala fe procesal” porque el 2 de octubre del 2023 el Poder Judicial ya se había pronunciado en contra de una tutela de derechos similar con los mismos argumentos.
Asimismo, rechazó que la Constitución impida que un mandatario pueda ser detenido en flagrancia tal y como ocurrió tras el golpe de Estado de Castillo Terrones.
Al finalizar las dos audiencias, el magistrado Juan Carlos Checkley anunció que se pronunciaría en el plazo de ley.
