Fiscalía: Perú Libre “fue inscrito con la finalidad de ingresar dinero ilícito”

Los objetivos de la presunta organización criminal liderada por Vladimir Cerrón, la cual habría cometido actos de lavado de activos, serían ingresar dinero ilícito para financiar las campañas de Perú Libre y pagar gastos relacionados a los procesos judiciales de su secretario general. Esta es la hipótesis que la Fiscalía de Lavado de Activos expuso durante una audiencia judicial del caso en el que se investigan las finanzas del partido de gobierno.

Este jueves, la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional realizó la audiencia de apelación sobre la orden judicial que autorizó los allanamientos a inmuebles de Vladimir Cerrón y Perú Libre realizados a fines de agosto dentro de esta investigación. Durante su participación, la fiscal adjunta superior Elssie Garavito presentó –por primera vez en una audiencia judicial pública- un resumen de las indagaciones que envuelven a Perú Libre.

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Garavito inició exponiendo la que sería la actividad criminal previa, de la cual habría salido el dinero ilícito investigado en un caso de lavado de activos. Allí mencionó que Vladimir Cerrón registra unas 160 investigaciones fiscales relacionadas a delitos que van desde abuso de autoridad o discriminación de personas hasta delitos de corrupción. “La mayoría de ellas se encuentran judicializadas”, comentó.

La fiscal recordó luego que el exgobernador de Junín tiene una condena por un caso de negociación incompatible, en el cual se impuso una reparación civil de S/ 850 mil. También se mencionó el caso conocido como ‘La Gran Familia’ y finalmente el de ‘Los Dinámicos del Centro’, al cual consideran “el más importante, por el cual inicia esta investigación del delito de lavado de activos”.

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Ante los jueces superiores, la fiscal relató los hechos investigados en esa carpeta: presuntos actos de corrupción en contrataciones CAS y en la expedición de brevetes en el Gobierno Regional de Junín. “Esto le generaba un ingreso ilícito al hoy apelante y líder de esta organización criminal, el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas”, dijo la representante del Ministerio Público.

“La investigación de lavado de activos involucra al señor Vladimir Cerrón porque registra, durante el periodo de investigación, diversos bienes inmuebles a su nombre, como son los dos últimos inmuebles que fueron materia de allanamiento”, señaló la fiscal.

También recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera reportó operaciones sospechosas relacionadas a depósitos en efectivos realizados por Cerrón, “a través incluso de sus familiares directos, como su madre, así como también del investigado Richard Rojas”.

La fiscal defendió la necesidad del allanamiento, indicando que el día 9 de agosto, una representante del Ministerio Público fue al local de Perú Libre ubicado en la avenida Brasil para requerir la documentación. Un personero del partido, dijo la fiscal, se comprometió a entregala al día siguiente, pero no cumplió.

Garavito añadió que no eran necesarios los 30 días para cumplir con entregar los documentos requeridos por la Fiscalía y que los partidos políticos están obligados a tener esa información disponible.

“Había una completa renuencia por parte del investigado y del partido político de entregar la información contable. Si una persona es investigada por lavado y cree que ha cumplido con la ley, presenta la documentación que considere y que tiene”, aseguró.

Los objetivos

Según el Ministerio Público, estos depósitos provendrían de “ingresos maculados” para “cumplir los objetivos de su organización criminal, como lo es financiar indebidamente este partido político Perú Libre a través de sus diferentes campañas”.

La fiscal agregó que el segundo objetivo es el “más claro” y consistiría en “financiar los pagos, servicios y gastos relacionados con los diferentes procesos legales que tiene el investigado Vladimir Cerrón”.

Para esto, la fiscal informó que en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ hay chats de WhatsApp y declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que “coinciden en señalar que se les obligaba a pagar un cupo con el objetivo de pagar” la reparación civil de Vladimir Cerrón.

“Ese era el objetivo de esta organización criminal: llegar al monto y pagar la reparación civil”, aseguró la fiscal.

“Incluso, en las declaraciones de estos aspirantes a colaboradores eficaces cumplen con señalar que ellos han sido obligados a ser inscritos en el partido Perú Libre, a pagar cupos, a participar en actos proselitistas. Incluso han sido obligados a ir al Poder Judicial cuando el señor Vladimir Cerrón sale, al cambiarse su pena impuesta por una prisión suspendida”, manifestó la representante del Ministerio Público.

En relación con Perú Libre, la fiscal detalló que “la imputación del Ministerio Público es que este partido político fue fundado por el líder de la organización criminal y fue inscrito con la finalidad de ingresar dinero ilícito, maculado, propio de las actividades ligadas contra la administración pública, corrupción de funcionarios, a través de los distintos nombres que registra”.

Agregó que Perú Libre “registra movimientos sospechosos en efectivo” en sus cuentas bancarias.

Los allanamientos...

Más allá de la exposición de la fiscal sobre lo avanzando en las investigaciones de este caso, el debate en la audiencia de este jueves se centró en los allanamientos del pasado 28 de agosto. Los abogados de Vladimir Cerrón y de Perú Libre pidieron que la orden que autorizó esa diligencia se revoque con un argumento en común: que la medida no era necesaria.

Al centrar el debate en el allanamiento, las defensas no entraron a rebatir la hipótesis fiscal sobre la investigación por lavado de activos. Sin embargo, hubo un momento en el que la abogada Claudette Chatpman, defensora del líder de Perú Libre en este caso, rechazó que la fiscal se refiera a su cliente como “líder de una organización criminal” y recordó que el caso aún está en investigación.

En su exposición, Chatpman dijo la disposición fiscal donde se incluyó directamente a su defendido en el caso es del pasado 6 de agosto y que allí se le dio 30 días para entregar documentos como estados de cuenta y libros contables. El allanamiento se solicitó el 25 de agosto, fue autorizado al día siguiente por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena y fue ejecutado el sábado 28 de agosto en Lima y en Junín.

Por esto, la defensa de Cerrón alega que no era necesario ordenar un allanamiento, ya que estaban dentro del plazo de 30 días en el que podía entregar la información requerida por el Ministerio Público. “Los agravios contra mi patrocinado tienen que ver con la vulneración del derecho al debido proceso, principio de igualdad de armas, proporcionalidad, legalidad procesal y falta de motivación de las resoluciones”, sostuvo la abogada.

La defensa de Perú Libre dio argumentos similares y solicitó que, además de revocar la medida, el Poder Judicial le otorgue a la organización política un plazo para cumplir con entregar lo requerido por el Ministerio Público.

“No era necesario hacer este allanamiento e incautación, porque muy bien podían pedir el levantamiento de la información, secreto bancario, reserva tributaria, y el levantamiento de las comunicaciones”, dijo el abogado Bladimiro Chuquimbalqui.

Luego de casi de dos horas de audiencia y debate entre las partes, la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional dejaron al voto su decisión. En los próximos días, los jueces superiores Víctor Enríquez Sumerinde, Yenny Magallanes y Javier Sologuren deberán dar a conocer si confirman la validez de los allanamientos por este caso o si revocan la orden del juez de primera instancia que los autorizó.

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