Con el objetivo de cuidar sus vidas y su situación económica, los transportistas de Los Olivos han anunciado una nueva paralización debido al aumento de la extorsión y la delincuencia que viene golpeando varios distritos de la capital. Hasta el momento, fueron cuatro conductores asesinados en el contexto de estas amenazas, siendo el último un joven de 21 años que se negó a pagar un “cupo” de 7 soles a estos criminales y sin ningún remordimiento acabaron con su vida. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.
¿CUÁNDO SERÁ EL NUEVO PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA?
Un representante del gremio de transportistas en Los Olivos brindó una entrevista a Canal N para anunciar que este jueves 3 de octubre se llevará a cabo un nuevo paro. Los choferes, quienes decidieron ocultar su identidad por miedo a represalias, han mostrado su preocupación por la falta de seguridad que existe en la zona, pues consideró que la situación se volvió insostenible, por lo que piden ayuda a las autoridades para que sus vidas no se encuentren en peligro.
“No podemos circular porque nuestras vidas están en riesgo. Nosotros hemos participado en la marcha del jueves. Como transportistas, nos hemos unido a los hermanos que también son extorsionados en diferentes partes del país, hemos marchado hacia el Congreso con ellos. Hemos ido a la Comisaría de Sol de Oro a pedir seguridad, pero solo tienen cuatro unidades”, dijo a dicho medio.
“El día jueves 3 vamos a sumarnos nuevamente al paro que están haciendo nuestros hermanos transportistas”, agregó. De esta manera, este grupo de transportistas buscan llegar hasta los exteriores del Congreso de la República para solicitar más protección y resguardo policial, pese a que existe un estado de emergencia en varios distritos de Lima Norte. Según ellos, los extorsionadores han impuesto pagos obligatorios para que sus vehículos puedan circular y tampoco atentar contra sus vidas.
¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA?
Este viernes 27 de septiembre, a través del decreto supremo N.º 100-2024, el Gobierno de Dina Boluarte ha oficializado el estado de emergencia por un plazo de 60 días en 14 distritos de Lima y Callao: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla. De esta manera, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) actuarán bajo el criterio del Decreto Legislativo Nº 1186 para proteger a la ciudadanía y cuidar el orden interno de las comunas mencionadas.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, explicó que esta disposición implica principalmente las restricciones de derechos fundamentales, como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. “Estos son derechos que van a estar suspendidos, durante el plazo que dure el estado de emergencia, para que la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas ejecuten todas las acciones que tengan que ejecutar para contrarrestar la criminalidad y delincuencia”, mencionó.
Asimismo, el decreto también establece que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia, la Policía Nacional tendrá que presentar al titular del Ministerio del Interior (Mininter), un informe donde se especifica de las acciones llevabas a cabo durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos. Por consiguiente, se busca mejorar la seguridad ciudadana y reducir los índices de criminalidad que existen durante estos tiempos en nuestra capital.
¿QUÉ MEDIDAS TOMÓ EL GOBIERNO PARA LUCHAR CONTRA LA DELINCUENCIA Y EXTORSIÓN EN LIMA Y CALLAO?
En respuesta al paro de transportistas que acataron un grupo de empresas, el ministro del interior, Juan José Santiváñez, informó a través de una conferencia de prensa que la Presidencia de Consejo de Ministros adoptó medidas específicas para combatir la criminalidad que viene atacando a varios distritos de Lima y Callao. A continuación, te presentamos las disposiciones establecidas por el Gobierno que compartió La República:
- Se ha establecido la creación de un equipo especializado dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión en el ámbito del transporte público y privado. Este equipo está integrado inicialmente por más de 100 agentes, quienes ya se encuentran desempeñando sus labores en las instalaciones de la Dirincri.
- La Policía Nacional del Perú (PNP) ha puesto a disposición de la ciudadanía las líneas de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la #Dirincri para recibir denuncias relacionadas con este delito. Los números de WhatsApp habilitados son: 942 841 978 y 966 834 447.
- Se han implementado mecanismos de seguridad policial en los paraderos y en las rutas de transporte, con el objetivo de garantizar la protección de los ciudadanos.
- Se está brindando seguridad policial de forma aleatoria a las unidades de transporte, con la presencia de personal uniformado y civil, con el fin de prevenir actos delictivos.
- Se ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que propone el endurecimiento de las penas por los delitos de sicariato y extorsión, contemplando incluso la posibilidad de cadena perpetua como medida disuasoria.
- Se ha solicitado la creación de una Fiscalía Supraprovincial especializada en la lucha contra la extorsión, con el objetivo de agilizar el proceso de denuncias y garantizar la confidencialidad de los denunciantes a través de protocolos de protección de datos personales.
- Se ha establecido la formación de una mesa mixta en la que participan diversas entidades como el Mininter, MTC, MTPE, Minjus, Mindef, Ministerio Público y Poder Judicial, con el fin de coordinar acciones y estrategias integrales para combatir eficazmente la extorsión en el ámbito del transporte público y privado.
¿QUÉ ES UN ESTADO DE EMERGENCIA?
Un estado de emergencia es una medida extraordinaria que un gobierno puede determinar en varias situaciones de crisis, como desastres naturales, conflictos armados o disturbios sociales. Esta declaración permite al gobierno tomar acciones especiales y restringir ciertos derechos y libertades civiles para garantizar la seguridad pública y el orden.
