Ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), ComexPerú, la Asociación PYME Perú y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) organizaron una conferencia de prensa para rechazar el ataque en contra de la Minera Poderosa, donde fallecieron nueve colaboradores de la compañía y otros 20 fueron heridos. En ella, exhortaron que el Gobierno fortalezca a la Policía Nacional para que pueda enfrentar al crimen organizado, así como la publicación de una serie de regulaciones para enfrentar la minería ilegal.
“En el pasado hubo acciones criminales en la zona, el gobierno estuvo al tanto y sin embargo no fue capaz de contener, lo que es claro es que las medidas de contención del Estado no han funcionado y a todas luces estamos perdiendo la lucha contra la criminalidad. El Estado ha perdido la soberanía en muchos lugares del Perú, Pataz es un ejemplo, pero acá en Lima o cualquiera de los departamentos del Perú [también lo] vemos. Necesitamos fortalecer y respaldar a la policía para combatir esa criminalidad”, afirmó Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep.
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En ese sentido, Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la Compañía Minera Poderosa, remarcó que esta no es la primera vez que hubo asesinatos en contra de trabajadores de la empresa y que el Gobierno tiene pleno conocimiento de ello. “Estas nueve muertes que hemos tenido son el producto del permanente y constante deterioro [del Estado] que ya nos había hecho perder la vida de otros siete colaboradores en los últimos dos años. Hemos sostenido innumerables reuniones con autoridades de todo nivel para visibilizar el problema, pero no logramos los resultados esperados”, dijo.
Asimismo, pidió celeridad en el refuerzo de las fuerzas policiales en la zona. También saludó la reapertura de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Minería Ilegal.
“Tenemos que pasar del dicho al hecho. Saludo la decisión de reconstituir la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Minería Ilegal que ahora será llevada por la Presidencia del Consejo de Ministros, porque uno de los reales problemas que hemos tenido en el pasado es el carácter descoordinado de las entidades del Estado en la lucha contra la minería de ilegal, porque cada instancia ve lo suyo sin ningún tipo de coordinación. Es fundamental tener una autoridad que tenga un plan y rinda cuentas. Entonces es una decisión correcta”, destacó.
Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, advirtió que el avance del crimen organizado desincentiva la decisión de invertir en el país.
“Estas actividades ilícitas se toman en cuenta sin ninguna duda para las evaluaciones de las inversiones que se realizan tanto por empresas nacionales como extranjeras. Recordemos que cualquier actividad minera compite con el mundo y antes se ven diferentes factores. Vemos cómo es su regulación, como es su componente de infraestructura y cómo es el componente social y delictivo y de violencia, todos estos temas se toman en cuenta para esas inversiones”, indicó.
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Si bien el último ataque se centró en una minera, los efectos negativos a la imagen del país como destino seguro de inversión se expanden también a otros sectores.
“La actividad ilegal no solo está creciendo en la minería, sino en todos lados. No enfrentarlo solo incrementa la criminalidad [...] Los montos que genera la actividad económica ilegal son de miles de millones de dólares en general, miles de millones de dólares en drogas y tráfico de terrenos, en minería ilegal [...] Por supuesto que afectará también a la inversión internacional”, resaltó Bustamante.
Además de los efectos al clima de inversiones, el avance del crimen organizado afecta a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Así lo dijo Julio Surco, presidente de la Asociación PYME Perú, ya que negocios de la pequeña industria, panaderías y bodegas son blanco de extorsiones.
“En Lima uno de cada diez bodegueros se ha visto obligado a cerrar su negocio debido a la extorsión. En el distrito de El Porvenir, en Trujillo, fueron alcanzadas más del 30% de la PYMES, que están siendo extorsionadas. Se calcula que los grupos criminales estarían ganando más de S/2.000 millones al año por las extorsiones contras las PYMES”, indicó.
Por otro lado, los panelistas pidieron que se limite el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ya que consideran que este ha sido fuente de legalización de diversas actividades ilícitas en la minería.
“Para la formalidad se tienen requerimientos altísimos para ingresar, pero vemos una profunda asimetría porque los informales en el Reinfo solo necesitan una declaración jurada para iniciar sus actividades. Eso les permite comprar suministros, entre ellos explosivos. Esto lo que hace es dar pie a la minería ilegal, una minería que busca apoderarse del territorio por la fuerza”, explicó Bustamante.
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Asimismo, cuestionaron el papel del Congreso para aumentar la vigencia del Reinfo.
“Reinfo vence en diciembre del 2024, según la ley, pero el plazo ha sido ampliado en varias ocasiones. Hay tres proyectos de ley en el Congreso que buscan volver a ampliar los plazos del Reinfo, pero también hay uno que contempla incorporar un mayor contingente de mineros ilegales. [...] La experiencia es tan negativa con el Reinfo que es momento de darle un corte”, sentenció de la Flor.
