Nadando en dinero

San Marcos en Ancash es el distrito peruano más rico del Perú. El 2022 obtuvo un presupuesto anual para inversión pública ascendente a S/ 976 millones de soles. Este presupuesto es mayor, por ejemplo, que el de dos de los distritos más pudientes del Perú, como Miraflores y San Isidro en Lima. En estos últimos, el presupuesto para inversión ascendió a S/ 74 millones y S/ 67 millones respectivamente. Cuando analizamos las cifras per cápita, encontramos que el presupuesto para hacer obras del mencionado distrito ancashino ascendió a S/ 39 mil soles por habitante, la cual es inmensamente superior al de los distritos “pitucos” de Lima: S/ 453 para Miraflores y S/ 732 soles en el caso de San Isidro. Así como lo ve: 86 veces más que el primero, y 53 veces más que el segundo.

En el 2022, observamos que San Marcos, sólo fue capaz de ejecutar el 28% del total de su presupuesto, lo cual, bajo todo punto de vista, es un crimen, si tomamos en cuenta las álgidas brechas sociales que viven sus pobladores. Pero esta incapacidad para ejecutar la amplia cantidad de dinero que poseen, también se observa en el top ten de distritos que “nadan en dinero”. Tal es el caso de Megantoni en Cusco que sólo ejecutó el 38% o Yarabamba en Arequipa que apenas pudo utilizar el 18% el año pasado. Un desastre.

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Pero sigamos. Revisando las cifras subnacionales para obras, nos encontramos que 158 distritos de Ancash tienen más presupuesto per cápita para realizar inversiones que el distrito limeño de San Isidro; 72 en el caso de Apurímac; 105 en Arequipa; 107 en Ayacucho; 92 en Cajamarca; 112 en Cusco; 23 en Moquegua; y, 67 en Puno. En total, son 644 distritos en estas 8 regiones del país que tienen más presupuesto per cápita que el distrito saninsidrino. En términos totales, son 51 los distritos de estas regiones que tienen más presupuesto que San Isidro, el distrito que está en el imaginario peruano como el de mayor riqueza y bienestar. Pero ninguno se aproxima a éste en sus condicione sociales.

Veamos más cifras para el espanto. Es necesario afrontarlo. En estas 8 regiones se concentran un total de 1581 obras paralizadas, que representan cerca del 60% del total de inversiones públicas en estas condiciones. La mayor cantidad de obras paralizadas se encuentra en Puno y Cusco, que registra 461 y 334 proyectos en estas condiciones, respectivamente. Justamente, son estas dos regiones del país donde se han venido concentrando gran parte de las protestas.

¿Por qué los gobiernos subnacionales no pueden cerrar las urgentes brechas sociales y mejorar más aceleradamente el bienestar de su población teniendo tanto dinero? Hay un tema de fondo que recae en el proceso de descentralización el Perú diseñado a principio de este siglo. Este fue planteado de forma desequilibrada, descansando en la transferencia de recursos y responsabilidades, pero descuidando abiertamente las condiciones institucionales y de capacidades mínimas necesarias para gestionar los presupuesto. A esto, hay que sumarle una pésima regla para la distribución de los ingresos del canon minero, cuya fórmula concentra excesivos recursos sobre los distritos mineros. Esto no sólo conlleva a que muchos distritos en el país reciban más recursos de los que necesitan (además de que no lo ejecutan) sino que no permite el aprovechamiento de economías de escala que se derivarían de proyectos de inversión intra-distritales e intra-regionales de cara al desarrollo de fuertes redes económicas al interior del país. Esta situación, genera a su vez un malestar enorme en los distritos que no se ven beneficiados presupuestariamente, reclamando atención. Con ello, se termina profundizando paradójicamente el centralismo de nuestra economía y una conflictividad regional que no para de agudizarse.

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¿Estamos condenados a esta situación? La verdad es que no. Hay opciones de salida para empezar a desenmarañar este triste entuerto, o círculo vicioso, de recursos monetarios inmensos que no se utilizan, que termina poniendo al país en vilo, y donde movimientos políticos oportunistas, lamentablemente, aprovechan para explotar estas contradicciones que sustenta su discurso radical de ataque al modelo económico, “clamando” por Asamblea Constituyente, cuando en realidad sólo se requiere políticas públicas serias.

En la reciente Cade Ejecutiva, presenté un conjunto de propuestas, como parte de un trabajo colaborativo entre el Consejo Privado de Competitividad con diferentes think tanks peruanos. Así, para activar la inversión pública subnacional se planteó un Esquema Especializado de Inversión Pública Escalable Para Proyectos de Alto Impacto Productivo y Social, encargando la ejecución de las obras a equipos especializados con un esquema de carrera que permita contratar a los mejores para asegurar la ejecución. Esto requeriría un cambio legal para que estas unidades especializadas operen una vez se aplicaran “gatillos sucesivos” en función a las capacidades de gestión sub-nacional.

Estos gatillos funcionarían de tal manera que, en una primera instancia, en el caso que las capacidades de gestión clave de los gobiernos locales se encontrara en el tercio inferior del ranking, los proyectos de estos se agregarían para pasar a ser ejecutados por unidades especializadas a nivel regional que aseguren el delivery de las obras. Pero si ésta tampoco acredita, se activaría un segundo gatillo para la entrada de una entidad especializada a nivel nacional como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que ha demostrado su eficacia.

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Lo anterior, debiera ir aparejado de acciones para mitigar las situaciones de conflictividad atendiendo rápidamente una de sus causas, que recae en que muchas localidades al interior del país no ven las obras. Para empezar a mitigar este complejo problema, planteamos una Estrategia Integral de Intervenciones Tempranas para el Cierre de Brechas con Responsabilidades de Seguimiento. Así, se propone el cierre de brechas de condiciones mínimas en zonas donde se vayan a realizar futuras inversiones, es decir, asegurarnos de cumplir con entregar el agua, el desagüe, el hospital, antes de iniciar un proyecto como los mineros. La confianza se debe construir proactivamente y desde el comienzo. Pero esto, necesita reforzar otros tres elementos. Primero, implementar el financiamiento a través del Fondo de Adelanto Social (FAS) utilizando también la reasignación del gasto improductivo del Estado que supera el 2% del PBI. En segundo lugar, ligar el impulso de estrategias explícitas de inversión y encadenamiento productivo articulando a sectores como el minero con el fin de desarrollar nuevas actividades económicas. Y, en tercer lugar, que estas intervenciones estén integrados a los sistemas presupuestarios y de inversión pública, instaurando una unidad independiente responsable del seguimiento. Es decir, darle un marco de institucionalidad a toda la estrategia.

El país no puede dejarse vencer por los discursos que aprovechan el diseño de malas políticas públicas. Se requiere avanzar con miras a potenciar un modelo que ha traído décadas prodigiosas de crecimiento, reducción de pobreza y desigualdad, pero que necesita que los avances sean más acelerados y focalizados, con impacto en el desarrollo regional, tomando ventaja de la presencia de grandes recursos financieros que no se ejecutan o se ejecutan mal. Debemos realizar políticas que no facilite el discurso ligero y peligroso que busca manipular y enfrentarnos entre peruanos.

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