Hace unos días, en una entrevista concedida a este Diario, la ministra de Economía mencionó un punto que también ha venido rondando en mi cabeza desde hace un tiempo. Ella hacía notar cómo hace 30 años los peruanos logramos ponernos de acuerdo en que la hiperinflación, el alto ratio de deuda y el desequilibrio macroeconómico eran problemas que debíamos enfrentar como nación.
Y gracias a dicho consenso, pudimos trabajar conjuntamente para solucionarlos, a pesar de lo costoso que pudo ser en su momento el ajuste. Hoy es evidente que debemos volver a generar consensos para trabajar en reformas que permitan que los peruanos alcancen un mayor nivel de bienestar.
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Tres puntos me parecen fundamentales y que deberían estar en dicha agenda de futuro. En primer lugar, creo que nadie puede dudar de la necesidad de una reforma política e institucional, que permita que los partidos políticos puedan realmente representar las necesidades de la sociedad y que reduzca los altos niveles de corrupción que hemos podido todos atestiguar gracias al escándalo de Odebrecht. En segundo lugar, cómo logramos que el Estado sea, a través de la provisión de servicios públicos de calidad y programas de protección social, un actor clave para reducir las enormes brechas de oportunidad que aún persisten en nuestra sociedad, de modo que podamos traducir el crecimiento económico en mayores posibilidades para los más desafortunados de nuestro país. Al respecto, no quiero dejar de mencionar los avances que hemos tenido en los últimos años en este punto, debido a la importante expansión de la cobertura de los programas sociales y del seguro integral de salud, y que suponen un enorme esfuerzo conjunto por atajar este problema.
Nadie puede dudar de la necesidad de una reforma política e institucional, que permita que los partidos políticos puedan realmente representar las necesidades de la sociedad y que reduzca los altos niveles de corrupción que hemos podido todos atestiguar gracias al escándalo de Odebrecht.
No obstante, queda aún mucho camino por recorrer, sobre todo en la calidad de los servicios básicos estatales. Finalmente, en tercer lugar, qué medidas concretas debemos llevar a cabo para mejorar nuestra productividad, en medio de mercados que, como el laboral, son básicamente informales. Y aquí una acotación: por alguna extraña razón, muchos creen equivocadamente que esto solo atañe y beneficia a los empresarios, pero olvidan que un trabajador poco productivo y sumido sin derechos en la informalidad es la fuente de la marginación y desigualdad.
Sin embargo, a pesar de los enormes retos que enfrentamos, somos testigos de cómo nuestros líderes tienden a romper los puentes del diálogo con posiciones recalcitrantes, sin esforzarse por encontrar los puntos en común.
Los retos actuales demandan la construcción de nuevos espacios de diálogo. Espacios que busquen, mediante el diálogo abierto y el uso de evidencia, elevar el nivel del debate y generar los consensos que necesitamos entre el Estado, partidos políticos, sector privado, medios de comunicación y la opinión pública. Las universidades, centros de investigación y ‘think tanks’, como organizaciones independientes, deben jugar un rol fundamental en liderar este esfuerzo. El Perú necesita que se pongan de pie.