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El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto de urgencia (D.U.) relacionado a las reglas sobre los ingresos de los trabajadores del sector público.
Con esta norma, el Ejecutivo busca mejorar la aplicación del Decreto Supremo (D.S.) 261 –publicado en agosto de este año–, el cual establece el monto único consolidado de la remuneración del personal administrativo del Decreto Legislativo 276, denominado Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
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El D.S. 261 establece que las cargas sociales (aportes a Essalud y pensiones) se calculan sobre el 65% del total de sus ingresos anuales.
“En agosto emitimos el Decreto Supremo 261, tal cual lo ordenaba la ley marco de presupuesto de la República, por la cual acudimos a un sinceramiento, pero especialmente a un orden en lo que respecta a las remuneraciones y bonificaciones de los trabajadores del sector público”, señaló Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros.
A su turno, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, explicó que la publicación del D.S. 261 responde a que el Ejecutivo mediante la ley del presupuesto público del 2019 y del 2020 ha buscado reordenar de manera progresiva la planilla pública.
MALESTAR
La publicación del D.S., según Zeballos, generó desorden, ya que permitía que algunos sectores paguen bonificaciones excepcionales, pero sin que haya un marco regulatorio.
“Esta corrección ha generado cierta desazón, especialmente en los trabajadores que reciben menos recursos en el sector público, que son los que están acogidos al Decreto Legislativo 276”, dijo Zeballos.
En esa línea, Alva indicó que a partir de reuniones con gobiernos regionales, locales y algunos ministerios han elaborado un planteamiento que busca mejorar la aplicación del Decreto Supremo 261.
