Un total de 359 candidatos, de los 700 que quedaron fuera de contienda, fueron excluidos por omitir información. El especialista José Manuel Villalobos sostiene que la responsabilidad de ese alto número es compartida por el ente electoral y los partidos políticos.
—¿Cuál es su primera impresión de este tramo de la campaña donde más de 700 candidatos han quedado fuera de contienda?
Este resultado de exclusiones, con más de 300 casos por hoja de vida, demuestra una excesiva regulación y formalismo, pero no solo es culpa de la ley. También hay responsabilidad de los candidatos, quienes no han sido diligentes con información que es de acceso público.
—¿Demuestra que no tenemos partidos con una estructura organizativa?
Hay casos como el de Alianza para el Progreso que ha tenido una cantidad mínima de excluidos [4] en comparación con los demás que superan los 20. Alguien no está haciendo bien su trabajo. El problema es que no tienen buen equipo de personeros.
—Se han registrado exclusiones por carros en desuso. ¿Eso no es un exceso?
Hay dos casos especiales. El de [Carolina] Lizárraga de Lima y de [Luis Antonio Negreiros en] Chiclayo, quienes acreditaron en la apelación [de la exclusión] que sus carros eran chatarra, estaban fuera de circulación y por lo tanto el JNE tuvo como criterio establecer que esa omisión no era trascendente. Siguen en carrera.
—¿Existe un criterio unificado sobre la omisión de información en la hoja de vida o dependía de cada jurado electoral especial (JEE)?
Cada JEE tiene su criterio. He visto el caso de una candidata que la han sacado por no declarar sus rentas. Cuando haces declaración jurada, si tus ingresos son menores a 7 UIT, no estás obligado a hacer la declaración anual. La candidata ganaba menos de ese rango, y para llenar su hoja de vida se guio del criterio de la Sunat y lo dejó en blanco. Pero otra candidata lo dejó en blanco, pese a declarar que tiene un trabajo estable y no pasó nada. No existió uniformidad.
—¿Desde cuándo arrastramos este problema?
Esto de las exclusiones ya se aplicó en la elección pasada del 2018. En el 2016, la declaración de bienes y rentas era voluntaria. Desde el 2018, era obligatoria. Antes solo te excluían por no declarar sentencias condenatorias.
—¿Lo mismo sucede en el pleno del JNE?
Cuando aprobaron esta ley, debieron ponderar estos casos. Se debe evaluar este criterio de eliminar candidatos por formalismos. En el pleno del JNE ha sido por mayoría que se tomó esta postura. Los votos en minoría optaron por la participación política.
—¿No sería ir en contra de la normativa vigente?
Para mí no puede haber intención de mentir sobre algo que es información pública, cuando está en Registros Públicos. Otro caso es que ocultes un bien que no está inscrito, que no está formalizado. Debería automatizarse la información de acceso público, para que el candidato no tenga que llenar sino solo jalarla del sistema.