Personal del Ministerio de Salud va casa por casa tomando la prueba rápida o serológica. A diferencia de los servicios ilegales a domicilio, estos resultados son reportados en sistemas oficiales, la calidad de las pruebas está garantizada y el personal es acreditado y está debidamente protegido (GEC/Joel Alonzo)
Personal del Ministerio de Salud va casa por casa tomando la prueba rápida o serológica. A diferencia de los servicios ilegales a domicilio, estos resultados son reportados en sistemas oficiales, la calidad de las pruebas está garantizada y el personal es acreditado y está debidamente protegido (GEC/Joel Alonzo)
Óscar Paz Campuzano

Desde que el odontólogo chino Zhang Tianxing, alias doctor COVID, fue atrapado el pasado 10 de abril tomando pruebas rápidas a domicilio en el distrito de Breña, los casos de pseudoprofesionales que ofrecen detectar el virus no han dejado de ser noticia.

A principios de julio, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP intervino una clínica de Villa María del Triunfo donde un técnico enfermero y dos personas más se hacían pasar como médicos y cobraban S/150 por aplicar la prueba rápida.

Días después, en el asentamiento humano Laura Caller (Los Olivos) la Policía intervino otro local al paso. Dos mujeres de 32 y 33 años dentro de un local donde tomaron el test serológico a, por lo menos, 72 personas. Una decía ser obstetra y la otra enfermera. No eran personal autorizado ni cumplían los protocolos de bioseguridad.

La policía fiscal intervino también en julio una galería comercial en el jirón Humboldt, cerca de Gamarra, en La Victoria. En uno de esos locales hallaron a cuatro personas practicando la prueba rápida sin medidas de protección.

La operación más reciente se llevó a cabo el último jueves. Agentes de la PNP y personal del Ministerio de Salud encontraron que tres personas se hacían pasar por tecnólogos médicos de radiología y laboratorio clínicos para diagnosticar a través de Rayos X y pruebas rápidas a personas que llegaban con los síntomas del COVID-19.

Policlínico en Villa María del Triunfo realizaba pruebas rápidas sin autorización

Solo entre junio y julio, las autoridades han intervenido por lo menos 15 locales de Lima donde se realizaban las pruebas rápidas de forma irregular. Varios de estos locales fueron cerrados.

Pero siguiendo las mañas del ‘doctor COVID’ otras personas han continuado ofreciendo la prueba serológica ya no solo en consultorios improvisados al paso sino a domicilio. El Comercio llamó esta semana a algunos anuncios que abundan en redes sociales ofreciendo la prueba, una práctica prohibida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

En uno de estos mensajes por internet, una persona que se identifica como Adrián ofrece la prueba por S/100 y la despacha a domicilio. “Ahí damos indicaciones para que te la tomes tú mismo”, explicó por teléfono y agregó que, en ese caso, cada cliente suyo debe negociar con su empresa para que la toma sea validada.

¿Quiénes pueden vender la prueba rápida?

Las únicas autorizadas para vender las pruebas rápidas de detección del COVID-19 son las droguerías y solo pueden comprárselas instituciones prestadoras de salud autorizadas (hospital, clínicas, otras) y entidades públicas, privadas o mixtas que necesitan testear a sus trabajadores. Estas últimas, en ningún caso, pueden vender las pruebas a terceros.

¿Se puede tomar la prueba rápida a domicilio?

Este tipo de procedimiento a domicilio solo puede realizarlo personal de los establecimientos autorizados, mas no una persona natural o un profesional sin capacitación ni acreditado para esta labor. El resultado de la prueba debe reportarse de forma obligatoria al Sistema Integrado para COVID-19 (Sicovid), del Ministerio de Salud.

¿Qué establecimientos son los únicos que pueden tomar las pruebas rápidas?

Aquellos hospitales, clínicas privadas, laboratorios y demás instituciones prestadoras de salud (IPRESS) inscritas en los registros de Susalud. Además de estar registradas, estas entidades deben contar con servicios de laboratorio clínico. Esto fue aprobado en la Directiva Sanitaria para el Control y Vigilancia de los Dispositivos de Diagnóstico In vitro: pruebas rápidas y moleculares para COVID-19.

¿Qué sanciones pueden recaer contra estos establecimientos?

Si realizan atenciones de salud como la aplicación de la prueba rápida de COVID-19 sin estar en el mencionado registro pueden ser multados hasta con más de S/2.1 millones (500 UIT). Esto al margen de las responsabilidades civiles y penales que inician las autoridades judiciales.

La policía incautó en junio más de 3 mil pruebas rápidas de descarte del COVID-19 a unos delincuentes que habían estafado a una droguería. Los sujetos compraron los test, haciéndose pasar como una empresa farmacéutico, pero sus planes eran vender los productos de forma ilegal (Foto: GEC)
La policía incautó en junio más de 3 mil pruebas rápidas de descarte del COVID-19 a unos delincuentes que habían estafado a una droguería. Los sujetos compraron los test, haciéndose pasar como una empresa farmacéutico, pero sus planes eran vender los productos de forma ilegal (Foto: GEC)

-INFORMALIDAD-

En las primeras semanas de la emergencia sanitaria, solo el Estado peruano podía importar las pruebas rápidas, que eran sumamente escasas en el mundo. Eso cambió a partir del 23 de abril, cuando el Gobierno autorizó que las droguerías las importen para que clínicas privadas y laboratorios también apliquen el test.

Sandro Stapleton, presidente del sector Material e Instrumental Médico de la Cámara de Comercio de Lima, estima que a junio habían ingresado al país más de 4.5 millones de pruebas rápidas para COVID-19.

De estas facilidades que se estaban dando para que la gente acceda a un test, la delincuencia sacó provecho. “A través de las redes sociales, se comercializan pruebas que posiblemente se desvían de las ventas hechas a clínicas y laboratorios o a empresas que las adquieren para evaluar a sus trabajadores”, explica la titular de la dirección de Inspección y Certificación de Digemid, Marisa Papen.

Esta persona fue detenida por agentes de la División de Homicidios de la PNP cuando tenía en su poder poder decenas de pruebas rápidas que iba a vender. Fue detenido el 11 de junio en la Av. Arica, en Breña. (GEC)
Esta persona fue detenida por agentes de la División de Homicidios de la PNP cuando tenía en su poder poder decenas de pruebas rápidas que iba a vender. Fue detenido el 11 de junio en la Av. Arica, en Breña. (GEC)

También se están robando de los almacenes y farmacias de hospitales y están ingresando de contrabando, aunque en cantidades menores. “El mercado ilegal se abastece de diferentes modalidades”, explica Papen.

A principios de junio, una banda fue atrapada luego de conseguir más de 3 mil pruebas rápidas engañando a una droguería. Los delincuentes dijeron representar a una empresa farmacéutica, cuando en realidad su plan era revender estos productos en el mercado negro.

Para Stapleton, de la Cámara de Comercio, a esta altura de la pandemia, es momento que el Gobierno elimine “algunas trabas” para el testeo de la población como impedir que las personas naturales puedan adquirir directamente la prueba rápida de laboratorios autorizados y ellos mismos tomársela sin que haya un personal de salud acreditado de por medio. “Lo que la gente quiere es tener la tranquilidad de saber que no tiene el virus y de esa forma se evitaría que se siga llamando a estos servicios informales ofrecidos por internet o en locales al paso”.

Por ahora, las pruebas de detección de este virus solo pueden aplicarlas los establecimientos de salud autorizados y con personal acreditado, según está regulado en Directiva Sanitaria para el Control y Vigilancia de los Dispositivos de Diagnóstico In vitro: pruebas rápidas y moleculares para COVID-19. El servicio informal a domicilio está prohibido.

Papen, de Digemid, advierte que estos pseudoprofesionales pueden estar aplicando pruebas rápidas sin certificación y que no cumplen los niveles de sensibilidad y especificidad exigidos. El otro riesgo es que aquellos que acceden a estos servicios pueden contagiarse por la irresponsabilidad de sujetos que no cumplen protocolos de bioseguridad.

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