Los médicos le dijeron a Victoria Vigo que su tercer hijo tenía que nacer por cesárea, que era lo más seguro. Llevaba siete meses de embarazo cuando tuvo complicaciones.
Le abrieron el vientre, pero la intervención no se detuvo ahí. Sin informarle, también le ligaron las trompas de Falopio, una operación irreversible con la cual no podría tener más hijos.
Su bebé murió y Vigo se transformó en una de las 300.000 personas que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, fueron esterilizadas forzosamente por el Estado en Perú entre 1996 y 1997.
La víctimas esperan que la justicia decida el próximo mes si investigará de una vez por todas las acusaciones contra el hombre al que culpan: el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
"Más que todo me perturbó la muerte de mi hijo. Y además el escuchar que me habían esterilizado. Me sentí muy impotente, con cólera", relata Vigo por teléfono a la AFP.
"No lo esperaba", añade y explica que estaba "indignada, porque el médico nunca se acercó a mí para compartir conmigo la decisión."
Vigo, que tenía 32 años cuando fue operada, demandó al médico que la esterilizó.
"Me dijo que estaba cumpliendo órdenes", recuerda.
Cinco años más tarde, un tribunal le otorgó una compensación de 2.500 dólares.
Pero lo que verdaderamente quiere es que Fujimori y su exministro de Salud sean enjuiciados.
- Crimen de lesa humanidad -
A esta práctica el gobierno de Alberto Fujimori la llamaba "Programa de salud reproductiva y planificación familiar", pero para las organizaciones de derechos humanos se trataba en realidad de algo turbio.
"Fujimori le vendió a la comunidad internacional y a las mujeres del Perú que lo que quería era garantizar (...) que las mujeres decidieran cuántos hijos querían tener", dice María Ysabel Cedano, líder de la organización peruana de derechos de las mujeres DEMUS.
Pero, "en la práctica lo que él quería era que la mujeres y los hombres pobres dejaran de reproducirse", asegura Cedano.
"Las más afectadas fueron mujeres pobres, quechua hablantes de zonas rurales y mujeres jóvenes", explica.
La primera dama de Perú en esa época era la hija de Alberto Fujimori, Keiko, quien acaba de reconocer su derrota frente a Pedro Pablo Kuczynski pero cuyo partido será mayoría en el Congreso que debe asumir el 28 de julio.
Keiko Fujimori prometió compensar a las víctimas de las esterilizaciones forzadas, pero no ha reconocido culpa del Estado.
Kuczynski, en cambio, calificó la práctica de "crímenes de lesa humanidad" y propuso que el Estado compense a las víctimas.
"Eso me da un poco de tranquilidad", dice Alfonso Ramos, de 56 años. Su hermana Celia falleció en 1997 en la casa familiar en la ciudad de Pirua tras una esterilización mal hecha.
Ramos cuenta que personal de salud acudía permanentemente a la casa, presionando a su hermana para que aceptase ser esterilizada.
"Ella no quería. Ella resistió. Le ofrecieron alimentos y medicina para la familia siempre y cuando participara, y finalmente participó", recuerda.
Celia Ramos salió de la operación con tanto dolor que los médicos la volvieron a anestesiar, lo cual le produjo un ataque cardíaco, relata su hermano. Quedó en coma y murió pocas semanas después.
Tenía 33 años y tres hijos pequeños. "El Estado nunca se hizo presente en la atención a mis sobrinos, para de alguna manera reparar el daño", lamenta Alfonso Ramos.
"Es una frustración, pero aun así pienso que en algún momento habrá justicia", dice.
- 'Insano y peligroso' -
La fiscalía debía anunciar en febrero si iniciaría una investigación formal sobre estas acusaciones contra Fujimori y sus exfuncionarios, pero la fecha de la audiencia fue aplazada para julio.
Según la ONG DEMUS, la audiencia fue pospuesta por una "interferencia política", con el fin de no afectar las oportunidades de Keiko Fujimori en las elecciones.
De las cerca de 300.000 personas que según la Defensoría del Pueblo de Perú y DEMUS fueron víctimas de esterilizaciones forzadas, 23.000 eran hombres a los que se les hizo vasectomías, estima Cedano.
El año pasado, la directora regional de Amnistía Internacional Erika Guevara-Rosas condenó lo ocurrido como "una de las más graves violaciones de los derechos humanos en las Américas."
Según Cedano, los médicos fueron presionados a cumplir con cuotas de esterilizaciones. Las pruebas de eso, dice, existen en documentos que abogados entregaron a la justicia por los casos de más de 4.000 personas que demandaron al Estado.
Alberto Fujimori ya cumple una condena de 25 años de prisión por las masacres de presuntos terroristas en la década del 1990.
En 2014, la fiscalía desestimó un caso contra Alberto Fujimori sobre esterilizaciones. Presentó cargos contra seis médicos, pero sostuvo que no había pruebas suficientes para demostrar que Fujimori llevó a cabo una política deliberada de esterilización forzada. Las víctimas apelaron esa decisión.
"Que se haga esto impunemente y que mucha gente en este país lo justifique... y que pueda elegir a una fuerza política capaz de hacer eso, eso es realmente insano y peligroso", lamenta Cedano.
"Es doloroso e indignante. Eso que hicieron a esas mujeres pudo haber sucedido a cualquiera", constata.
