La inclusión a medias: Conadis cuenta con solo 6 fiscalizadores en todo el país

Hasta el 1 de setiembre, el Perú será sede de los Sextos Juegos Parapanamericanos. Cerca de 1.900 deportistas con discapacidad de 33 países lucharán por alzar una medalla. Y aunque Lima, con la construcción de rampas en el Centro Histórico y la elaboración de una ordenanza que regulará la accesibilidad y fomentará la inclusión, trata de ser más accesible, ¿nos hemos preguntado cuánto hemos avanzado en la inclusión de las personas con discapacidad? 

“La única forma de trasladarme hasta mi trabajo es en el Metropolitano o en taxi. Para llegar a la estación Naranjal debo pagar un taxi, pero abordar un bus en hora punta es casi imposible”, afirma Verónica Tenorio Calderón, subdirectora de Fiscalización del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) que utiliza silla de ruedas para movilizarse.

Verónica debe desplazarse desde su casa en Comas hasta su trabajo en el Cercado de Lima. Diariamente vive y constata la falta de accesibilidad y la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y, además, como parte de su trabajo, debe reportar y sancionar las malas prácticas en instalaciones públicas y privadas.
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—Difícil fiscalización—
El Conadis, a través de su Dirección de Fiscalización y Sanciones, se encarga de monitorear el avance en la implementación de la Ley General de la Persona con Discapacidad (29773), vigente desde el 2012. Sin embargo, el trabajo se vuelve maratónico porque solo cuenta con 6 inspectores para todo el país. “En lo que va del año hemos inspeccionado instituciones públicas en Lima y en 6 regiones. En todas encontramos varios incumplimientos (accesibilidad, cuota de empleo y presupuesto). Hasta el momento hemos recomendado iniciar procedimientos sancionadores a unas 26 instituciones”, informa Tenorio.

El Comercio acompañó a los fiscalizadores del Conadis en un día de trabajo. Su labor se inició en la Municipalidad de Independencia, donde encontramos accesos restringidos y parqueos para personas con discapacidad sin el cartel correspondiente y además ocupados por personas sin discapacidad. Una de ellas incluso era trabajadora municipal. Tras una larga coordinación, un policía de tránsito impuso la papeleta (5% de una UIT) y obligó a estos vehículos a liberar el estacionamiento restringido.
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​“Las municipalidades son las primeras obligadas en hacer que se cumpla la Ley 29773, pero a diario constatamos que no están realizando su labor”, comenta el fiscalizador Lenin Alipazaga.
Pese a que existe una norma técnica sobre accesibilidad en edificaciones, en la Municipalidad de Comas constatamos rampas sin las medidas adecuadas. Es imposible que puedan ser utilizadas autónomamente por personas en silla de rueda.

“Para bajar sola tengo que poner freno o pedir ayuda. Esta rampa tiene 8 años, antes era peor. Al salir de acá, movilizarme en el distrito es muy difícil”, cuenta María Lazo Gutiérrez, quien trabaja en la comuna distrital desde hace 24 años. “Nosotros podemos realizar todo lo que nos proponemos, pero necesitamos el apoyo de las autoridades”, precisa.
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—La agenda pendiente—
Según el último censo poblacional, 1 de cada 10 peruanos presenta alguna dificultad o limitación permanente. No obstante, la única encuesta nacional especializada sobre discapacidad (ENEDIS) se realizó en el 2012. La jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda Ángeles, considera que el problema para atender las necesidades de este sector importante de la población parte en que no tenemos una radiografía de su situación. “No podemos implementar políticas públicas si no tenemos un mapa de la discapacidad. El Estado tiene que invertir o de lo contrario seguiremos manteniéndolos en la exclusión. Una muestra de ello es que en el país solo hay un colegio público para personas sordas”, señala.

Las representantes del Conadis y de la Defensoría del Pueblo coinciden en que en los últimos años el Perú avanzó con respecto a contar con un marco normativo, pero el cumplimiento de las normas aún es lejano. Este año, por primera vez, los gobiernos regionales y locales están obligados a utilizar el 1 % de su presupuesto anual en obras y programas para personas con discapacidad. Los resultados se verán el 2020.