Trump amplió la restricción: los 39 países cuyos ciudadanos están prohibidos de viajar a EE. UU.

Cuando se habla de políticas migratorias en Estados Unidos, casi siempre se piensa en lo que pasa en la frontera sur, en ciudades como El Paso, McAllen, San Diego o Tucson, y en cómo estas decisiones impactan a millones de familias latinas que viven entre dos países. En este caso, el alcance es todavía más amplio: el presidente Donald Trump firmó una nueva proclamación que amplía de forma significativa las restricciones de viaje al país, una medida que vuelve a poner el foco en la seguridad nacional, la inmigración y el control de fronteras, pero también en los vínculos familiares de muchos hispanos que residen en estados como California, Texas, Florida, Nueva York o Illinois y tienen parientes que viajan con pasaportes de algunos de estos países.

Para entender el alcance de esta decisión, hay que mirar más allá del titular y preguntarse qué significa para quienes ya viven en Estados Unidos y tienen familia en el extranjero. No se trata solo de una lista más larga, sino de un cambio que afecta a ciudadanos de 39 países, modifica vetos parciales y totales, y reactiva un debate que ya marcó el primer mandato de Trump y que hoy vuelve con fuerza a la agenda política de Washington, en medio de conversaciones sobre asilo, visas, TPS y controles migratorios que se siguen muy de cerca en comunidades hispanas desde Los Ángeles hasta Miami.

UNA AMPLIACIÓN QUE CAMBIA EL MAPA MIGRATORIO

La Casa Blanca confirmó que la lista de países con restricciones pasó de 19 a 39. Según el Gobierno, el objetivo es evitar el ingreso de personas sobre las cuales Estados Unidos no cuenta con información suficiente para evaluar riesgos de seguridad, hacer cumplir las leyes migratorias y proteger intereses nacionales clave, un mensaje que se alinea con el discurso de “ley y orden” que suele resonar en los actos de campaña y en los debates sobre la frontera con México.

Esta decisión se apoya en la Orden Ejecutiva 14161, firmada en enero, y en la Proclamación 10949, emitida en junio pasado. Ambas establecen procesos de verificación más estrictos y refuerzan la idea de que la política migratoria es una herramienta central en la lucha contra el terrorismo y otras amenazas a la seguridad pública, incluso cuando organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de inmigrantes en ciudades como Chicago, Houston o Nueva York advierten sobre el impacto humanitario y el efecto en familias mixtas con distintos pasaportes.

PAÍSES CON PROHIBICIÓN TOTAL DE ENTRADA

Por un lado, se mantiene el veto completo para los 12 países que la Administración considera de alto riesgo. A esa lista original se sumaron cinco más, ampliando de manera notable el alcance de la prohibición total, algo que puede resultar especialmente preocupante para residentes en EE. UU. que aún tienen padres, hermanos o parejas en esas naciones y que estaban acostumbrados a recibirlos por temporadas, sobre todo en fechas clave como Navidad, Acción de Gracias o las fiestas patrias que se celebran en barrios latinos de ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Miami.

Los países con restricción total de viaje a EE. UU. son:

• Afganistán
• Myanmar (Birmania)
• Chad
• República del Congo
• Guinea Ecuatorial
• Eritrea
• Haití
• Irán
• Libia
• Somalia
• Sudán
• Yemen
• Burkina Faso
• Malí
• Níger
• Sudán del Sur
• Siria

Además, Laos y Sierra Leona pasaron de tener restricciones parciales a enfrentar ahora un veto total, una señal clara de que, según la Casa Blanca, no hubo avances suficientes en cooperación y verificación. Para muchas comunidades de la diáspora que viven en ciudades con alta diversidad, como Houston, Dallas o el área de Washington D. C., esto puede significar cancelación de viajes familiares, más incertidumbre en la planificación de bodas, estudios o tratamientos médicos, y una sensación de cierre que los latinos conocen bien por su propia experiencia migratoria.

RESTRICCIONES PARCIALES Y PAÍSES AÑADIDOS

No todos los países de la lista enfrentan un cierre absoluto. En varios casos, el Gobierno optó por restricciones parciales, que afectan ciertos tipos de visas o procesos migratorios específicos, algo que puede complicar, por ejemplo, la llegada de estudiantes, trabajadores temporales o familiares en visitas cortas a quienes residen en Estados Unidos con residencia permanente o ciudadanía.

Se mantienen limitaciones parciales para ciudadanos de:

• Burundi
• Cuba
• Togo
• Venezuela

A estos se suman 15 nuevos países con restricciones parciales de entrada:

• Angola
• Antigua y Barbuda
• Benín
• Costa de Marfil
• Dominica
• Gabón
• Gambia
• Malaui
• Mauritania
• Nigeria
• Senegal
• Tanzania
• Tonga
• Zambia
• Zimbabue

Según la Administración Trump, estos países presentan deficiencias graves en revisión de antecedentes, emisión de documentos confiables y control de permanencia legal de sus ciudadanos en Estados Unidos. En la práctica, esto puede traducirse en más negativas de visa, más citas reprogramadas en consulados y mayor presión sobre familias que viven en zonas con alto porcentaje de inmigrantes, como el Valle del Río Grande en Texas, el sur de Florida o el corredor I‑4 en Florida Central, donde muchos latinos combinan varias nacionalidades dentro del mismo hogar.

CASOS ESPECIALES: PALESTINA Y TURKMENISTÁN

La proclamación también impone restricciones a personas que viajen con documentación emitida por la Autoridad Palestina. En paralelo, Turkmenistán recibió un trato distinto: se levantó la prohibición de visas de no inmigrante, aunque se mantiene la suspensión de entrada para nacionales turcomanos, una decisión que muestra que la Casa Blanca está dispuesta a ajustar sanciones cuando considera que hay cooperación suficiente, algo que abogados de migración suelen resaltar a sus clientes cuando analizan la evolución de estas listas.

Desde la Casa Blanca se explicó que esta decisión responde a una mayor cooperación del Gobierno turcomano y a progresos concretos desde la proclamación anterior. Para quienes viven en Estados Unidos y monitorean la situación de sus familiares desde la distancia, cada actualización de la lista se vuelve un punto de tensión y de consulta constante con consulados, abogados y organizaciones comunitarias que ofrecen asesoría gratuita en iglesias, centros comunitarios y “clinics” legales en barrios latinos.

LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE

El discurso oficial se repite a lo largo del documento: muchos de los países incluidos, sostiene la Administración, sufren corrupción estructural, sistemas de registro civil poco fiables, negativa a compartir información policial y altas tasas de permanencia ilegal de visados. Todo eso, aseguran, sobrecarga los recursos migratorios de Estados Unidos y dificulta la protección de sus ciudadanos, un mensaje que suele calar entre votantes preocupados por la seguridad, aunque genera rechazo en organizaciones que trabajan con inmigrantes.

Trump y su equipo también mencionan la presencia de terrorismo, actividad criminal y extremismo en varias de estas naciones como factores determinantes para justificar las restricciones. Mientras tanto, para muchos hispanos que viven en Estados Unidos y que siguen las noticias migratorias desde su teléfono, ya sea en WhatsApp, Facebook o TikTok, la pregunta central sigue siendo la misma: cómo estas decisiones pueden cambiar los planes de viaje, reunificación familiar y proyectos de vida de quienes ya echaron raíces en barrios latinos desde el Bronx hasta Boyle Heights, pasando por Houston, Dallas, Orlando o Las Vegas.

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