Si eres una persona con estatus de refugiado o asilado en Estados Unidos que posee Green Card, es probable que te preocupe la guía sobre la Ley One Big Beautiful Bill que el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) emitió a fines de octubre de 2025, con la que limitó la elegibilidad para ciertos grupos de ciudadanos que recibían cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta medida podría cortar la asistencia alimentaria a un gran número de residentes permanentes legales, por lo que los fiscales generales de más de 20 estados impugnaron la directriz. ¿Quiénes presentaron la demanda multiestatal que busca bloquearla y en qué consiste exactamente la guía? A continuación, lo explicamos.
SNAP para asilados en riesgo: los estados que llevan al gobierno a los tribunales (Foto: Freepik)
/ LOS ESTADOS QUE IMPUGNARON LA DIRECTRIZ FEDERAL EN EE.UU.
El miércoles 26 de noviembre, el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, encabezó una demanda multiestatal que pretende bloquear las directrices federales que cortarían la asistencia alimentaria a miles de residentes permanentes legales, incluyendo a quienes se les otorgó asilo o fueron admitidos como refugiados. Se trata de un programa bajo la Ley One Big Beautiful Bill, que promovió la administración Trump y con el que se limita la elegibilidad para ciertos grupos de ciudadanos.
Los fiscales generales argumentan que esta guía contradice la ley federal y lo único que se busca es hacer pasar hambre a los extranjeros publica KGW8. “Cuando se publicó este memorando, pensamos que debía ser un error. La ley es clara y así no se trata a la gente”, señaló.
De acuerdo con dicho documento, todas las personas que ingresaron a EE.UU. a través de vías humanitarias permanecerán inelegibles para el SNAP, incluso así obtengan su residencia permanente. Por lo tanto, los refugiados, los beneficiarios de asilo, las personas en libertad condicional humanitaria, las personas con deportaciones suspendidas y otros inmigrantes legales vulnerables no tendrían acceso a este programa. Esto es algo con lo que no están de acuerdo los fiscales, quienes recordaron que cuando alguien obtiene su Green Card y cumple con los requisitos es elegible para un cupón de alimentos.
Por su parte, el fiscal general de Connecticut, William Tong, aseveró que la administración de Trump “está manipulando de nuevo los beneficios del SNAP”, publica CTPOST. “Esta vez están inventando sus propias reglas para prohibir permanentemente que los inmigrantes legales (titulares de la tarjeta verde) reciban cupones de alimentos. No hay ningún fundamento legal para esta cruel medida y estamos demandando para detenerlos”, dijo.
Además de Rayfield y Tong, los otros fiscales generales que están en contra de la guía son de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, se mostró en contra del One Big Beautiful Bill. También lo apoya el fiscal general de Washington, Nick Brown (Foto referencial: Jason Redmond / AFP)
¿EN QUÉ CONSISTE LA GUÍA?
La guía sobre la Ley One Big Beautiful Bill es una legislación que fue aprobada por el Congreso en el verano, la cual “redujo las categorías de no ciudadanos que son elegibles para los beneficios de SNAP”.
Si bien, la mayoría de los beneficiarios del programa son ciudadanos estadounidenses, también recibían sus cupones los extranjeros que estaban legalmente en los EE.UU., incluyendo a quienes tienen estatus de refugiados, personas a las que se les concedió asilo o personas en libertad condicional; por lo tanto, cuando estas obtenían sus residencian legales pasaban de inmediato a ser elegibles para el SNAP.
Ahora con la guía, ciertos residentes con Green Card están sujetos a un periodo de espera de cinco años para recibir los beneficios de dicho programa.
Pero eso no es todo, ya que el USDA “ha puesto a los estados en una posición insostenible. Se les ha pedido que implementen disposiciones de elegibilidad excesivamente restrictivas, lo que probablemente aumentará la desconfianza pública en el programa SNAP, podría aumentar el riesgo de litigio para los estados y desalentará la participación pública en el SNAP”, afirma la demanda.
Además, creó un conjunto de sanciones masivas vinculadas a las tasas de error estatales; es decir, “si la tasa de error de pago de un estado alcanza un cierto porcentaje, este deberá cubrir hasta el 15% del costo de las prestaciones del SNAP pagadas a sus residentes”, publica CTPOST.
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