En un nuevo episodio de tensión entre el gobierno federal y California, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que no cumplirá con la reciente ley estatal que prohíbe a la mayoría de los agentes del orden, incluidos los del Servicio de Inmigración (ICE), cubrirse el rostro durante operativos públicos.
El gobernador Gavin Newsom firmó la medida la semana pasada, convirtiendo a California en el primer estado en imponer esta restricción. La legislación busca aumentar la confianza pública en las fuerzas del orden y responder al descontento generado por las redadas migratorias recientes en Los Ángeles y otras ciudades del estado.
Según ICE, la medida estatal pone en riesgo la seguridad de sus agentes y de sus familias. | Crédito: AFP
La norma prohíbe el uso de pasamontañas, cuellos térmicos y otras coberturas faciales para oficiales locales y federales mientras estén de servicio, excepto para agentes encubiertos, mascarillas médicas como N95 o equipo táctico en situaciones específicas.
El lunes 22 de septiembre, el DHS publicó en X un mensaje contundente: “Para ser claros: NO cumpliremos con la inconstitucional prohibición de mascarillas de Gavin Newsom. En un momento en que los agentes de ICE enfrentan un aumento del 1.000 % en agresiones y sus familias son doxeadas y atacadas, el gobernador de California firmó una legislación inconstitucional que despoja a las fuerzas del orden de protecciones, en una repugnante maniobra de recaudación de fondos y relaciones públicas”.
Republicanos y asociaciones policiales ya habían advertido que prohibir las mascarillas pondría en riesgo a los agentes, argumentando que ocultar su identidad protege tanto su integridad física como la seguridad de sus familias.
Por otro lado, demócratas y fiscales generales estatales defienden la norma, asegurando que el uso de coberturas faciales intimida al público y genera temor durante los operativos.
El conflicto entre California e ICE podría escalar y abrir un nuevo debate sobre autoridad y protección en las redadas migratorias. | Crédito: AFP
El enfrentamiento promete escalar, pues California sostiene que la ley busca transparencia y rendición de cuentas, mientras ICE y el DHS la califican de un exceso estatal que podría poner vidas en peligro.
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