El ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) dio un paso más hacia la expansión de su presencia digital. La agencia publicó recientemente una solicitud de información para contratar empresas privadas que supervisen redes sociales las 24 horas del día, con el objetivo de convertir las publicaciones públicas en pistas útiles para la aplicación de la ley.
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Vigilancia que nunca duerme
De acuerdo con los documentos oficiales, los contratistas analizarán plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X (antes Twitter), YouTube y WhatsApp, entre muchas otras. Su tarea será extraer datos disponibles públicamente, crear informes de inteligencia y alimentar con esa información las bases de datos del ICE.
El proyecto, que parece salido de una novela de suspenso cibernético, contempla docenas de analistas trabajando por turnos, con plazos de apenas minutos para entregar expedientes sobre personas clasificadas como “de alto riesgo”. Esos archivos no se quedarán en una carpeta aislada: se integrarán directamente en el sistema de gestión de casos de Palantir Technologies, el corazón digital de la infraestructura de investigación migratoria del gobierno estadounidense.
Con este plan, ICE busca ampliar su alcance más allá de las fronteras físicas y adentrarse en el mundo virtual. | Crédito: AP Foto/Alex Brandon, Archivo
/ ICE ya cuenta con herramientas para rastrear actividad en línea, como el servicio SocialNet, y ha contratado sistemas de inteligencia artificial de empresas como Zignal Labs. Sin embargo, el nuevo plan va más allá: privatiza la vigilancia y amplía su escala, trasladando la frontera de Estados Unidos al ámbito digital.
En lugar de que los agentes gubernamentales recopilen información caso por caso, serán contratistas privados quienes rastreen la vida en línea de millones de personas, correlacionando datos de redes sociales con información comercial de intermediarios como LexisNexis Accurint o Thomson Reuters CLEAR.
El resultado: un retrato consultable de la vida digital de cada individuo, que combina registros de propiedades, datos biométricos, escaneos de matrículas y huellas digitales.
¿Quién queda atrapado en la red?
Oficialmente, ICE sostiene que la vigilancia se centrará en personas vinculadas a casos en curso o potenciales amenazas. Pero la historia muestra otra cosa: cuando un individuo es rastreado, su entorno también queda bajo escrutinio.
Amigos, familiares o colegas pueden ser incluidos en los análisis algorítmicos, lo que convierte la vigilancia dirigida en una red masiva de observación. En el pasado, sistemas similares —como los de reconocimiento facial o rastreo de ubicación— terminaron expandiéndose más allá de su propósito original, afectando comunidades enteras.
Expertos advierten que el proyecto de ICE podría poner en riesgo la privacidad y fomentar la autocensura entre los usuarios. | Crédito: EFE
Entre la seguridad y la privacidad
ICE justifica el programa como una “modernización” que permitirá detectar patrones y alias imposibles de identificar con métodos tradicionales. Según la agencia, los contratistas no podrán crear perfiles falsos y todos los análisis se almacenarán en servidores oficiales.
No obstante, los precedentes no son alentadores. Investigaciones periodísticas han revelado que ICE ha utilizado sistemas locales sin autorización, ha comprado grandes volúmenes de datos para evadir órdenes judiciales e incluso ha reactivado contratos con programas de espionaje como Graphite, capaces de infiltrarse en aplicaciones encriptadas como WhatsApp o Signal.
En paralelo, el ecosistema de proveedores del ICE sigue creciendo: Clearview AI para reconocimiento facial, ShadowDragon para mapeo de redes, Babel Street para ubicación y PenLink para combinar datos sociales con geolocalización. Todo apunta a una vigilancia continua, automatizada y difícil de supervisar.
El costo social de ser vigilado
La vigilancia constante no solo recolecta datos: modifica el comportamiento humano. Estudios demostraron que, tras las revelaciones sobre espionaje masivo en 2013, las búsquedas sobre temas sensibles en Wikipedia disminuyeron abruptamente.
Para inmigrantes y activistas, el riesgo es mayor: una simple publicación o una broma puede interpretarse como “información de inteligencia”. Saber que un contratista federal podría estar mirando fomenta la autocensura y desalienta la participación cívica.
En este contexto, el “yo digital” —hecho de huellas biométricas, algoritmos y rastros en línea— se convierte en un nuevo tipo de vulnerabilidad.
Privatización del juicio
La novedad más inquietante no es solo la recolección de datos, sino quién decide qué es peligroso. El ICE está trasladando ese juicio a empresas privadas, apoyadas en inteligencia artificial, que determinarán qué publicaciones o comportamientos en línea deben ser marcados como sospechosos.
Esa delegación de poder, unida a la consolidación de bases de datos biométricas y de ubicación, difumina los límites del debido proceso y multiplica los riesgos de error.
Rendición de cuentas y transparencia
Expertos y organizaciones de derechos civiles como la ACLU y el Centro Brennan para la Justicia reclaman mayor transparencia. Exigen que ICE revele los algoritmos que utiliza, someta sus sistemas a supervisión independiente y limite la compra de datos a corredores privados.
Sin estos controles, advierten, la frontera entre el control migratorio y la vida cotidiana seguirá desvaneciéndose, atrapando a cualquiera cuya presencia digital sea legible por el sistema.
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