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El deber de allanar, por Federico Salazar

"El Poder Judicial y el Ministerio Público deberían rechazar rotundamente esta intromisión en el ejercicio de la función jurisdiccional".

Federico Salazar Periodista

Allanamiento a Fuerza Popular

"La intervención fiscal se debió a que se detectó inconsistencia entre distintas copias de los libros contables de Fuerza Popular". (Foto: Reuters).

Foto: Reuters.

El presidente Kuczynski no quiere atender a la Comisión Lava Jato. Fuerza Popular considera un atropello el allanamiento de dos de sus locales por parte de la fiscalía.

Ni el gobierno ni el principal partido de oposición quieren ser investigados. Ambos consideran que ser investigados es ofensivo e injusto.

El poder político se reparte entre quien ejerce el gobierno y quien hace oposición. El poder, cualquiera que sea, siempre debe ser delimitado, vigilado y frenado.

Ni el Ejecutivo ni la oposición tienen disposición para un ejercicio vigilado del poder. Se parecen tanto en eso, que el presidente ha llegado a reclamar por la intervención fiscal en los locales de Fuerza Popular.

Al jefe del Estado le preocupa el allanamiento. Aseguró que no lo decía para congraciarse con la mayoría, sino “porque si no hay respeto al debido proceso, no seremos respetados internacionalmente”.

Es fundamental, agregó, que la fiscalía y el Poder Judicial “respeten las reglas del juego”. Para el jefe del Estado, como para la jefa de la oposición, Keiko Fujimori, la intervención fiscal queda fuera de la ley e infringe el debido proceso.

Las declaraciones del presidente Kuczynski son gravísimas. Es muy probable que no haya leído la fundamentación del juez para autorizar el allanamiento. Sin embargo, sugiere que el Ministerio Público del Perú actúa fuera de la ley.

No solo ha sido el mandatario. También la presidenta del Consejo de Ministros pidió tomar medidas más cautelosas cuando se trata de investigar a un partido.

Se trata, pues, del Ejecutivo. El Gobierno Central considera que la fiscalía actuó mal y que no debió allanar los locales.

En un país que reclama saber la verdad de todo lo que ocurrió con la empresa criminal Odebrecht, el gobierno de Kuczynski quita respaldo y confianza a la fiscalía.

El Poder Judicial y el Ministerio Público deberían rechazar rotundamente esta intromisión en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Se entiende que Fuerza Popular proteste. El investigado se niega a ser investigado. El superpoder congresal no quiere ser vigilado, revisado, sometido a inspección. No quiere la independencia de poderes, quiere que todo poder le sirva a su poder.

Un ex presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, considera que el allanamiento de los locales es parte de una persecución política. Acusa de ello a los “enemigos de la democracia”, o sea, a los fiscales (El Comercio, 9/12/2017, p. 31).

El congresista Torres quiere decirnos que el partido político heredero del golpe del 5 de abril de 1992 representa a la democracia. Y quiere decirnos que los fiscales que investigan los aportes de la empresa criminal Odebrecht son los “enemigos de la democracia”.

La intervención fiscal se debió a que se detectó inconsistencia entre distintas copias de los libros contables de Fuerza Popular. En otros documentos, además, hay inconsistencias por 980 mil soles.

Quizá todo tenga una explicación. Hallada la inconsistencia, sin embargo, la fiscalía debe proceder. Y debe proceder a través de un allanamiento, porque el investigado no advirtió de las diferencias en la contabilidad.

El partido Fuerza Popular tampoco ha logrado sustentar sus gastos en publicidad. Ha registrado a aportantes que podrían ser falsos, mal documentados o sin capacidad económica. El juez tuvo en cuenta estos criterios para autorizar la intervención.

No es, pues, una intervención inmotivada o arbitraria. El fiscal actuó cumpliendo su deber y el juez hizo lo suyo.

Kuczynski, Aráoz, Keiko Fujimori, Miguel Torres, entre otros, no quieren que los fiscales y los jueces cumplan con su deber. Quieren que se hagan de la vista gorda y que miren al techo.

Es una pena que quienes ejercen el poder no quieran límites ni vigilancia. Es una pena, pero nada más. Sobre ellos impera la Constitución.

A los que no quieren ser investigados ni quieren que se investigue, habrá que allanarlos. Eso se debe hacer siempre que haya fundamento. Se les debe allanar, en efecto, ante la ley y ante la democracia; esto es, ante la separación e independencia de poderes.

El que respeta la independencia de poderes cree en la democracia; el que no cree en la independencia de poderes, no está de su lado.

No nos dejamos engañar.

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