Desconfianza y agravio

El reciente Edelman Trust Barometer 2025 ha arrojado un dato demoledor: el Perú ostenta el menor nivel de confianza institucional de América Latina, con un índice de apenas 37 puntos. Más alarmante aún, el 80% de la población afirma sentir un alto o moderado nivel de agravio frente al gobierno, las empresas y los ricos. Esta combinación explosiva –desconfianza estructural y agravio generalizado– es un obstáculo directo al desarrollo nacional.

Las implicancias de este diagnóstico son profundas. En un país donde la corrupción política erosiona la legitimidad del Estado, donde las economías ilegales avanzan sobre territorios y autoridades, donde la inseguridad ciudadana paraliza a la población y la violencia reemplaza al diálogo, la desconfianza se convierte en una herida abierta que impide toda posibilidad de progreso sostenible. Seamos realistas: sin condiciones mínimas de confianza, cualquier intento de reforma social, económica o institucional estará condenado al fracaso o, peor aún, será interpretado como una imposición ilegítima.

La crisis del agravio en el Perú está estrechamente vinculada a un sentimiento de exclusión persistente. Ocho de cada 10 ciudadanos creen que el sistema favorece a los poderosos y que las decisiones del gobierno y del sector privado no responden al bien común. Esto se traduce en una percepción de “suma cero”: si alguien gana, es porque otro pierde. Una lógica que erosiona el contrato social, mina el civismo y neutraliza la cooperación intersectorial tan necesaria en tiempos de crisis.

Pero hay un dato especialmente revelador: incluso en este contexto, solo las empresas son percibidas como mínimamente éticas, aunque ninguna institución –ni siquiera las empresas– es considerada competente. Y el daño se profundiza cuando el nivel de agravio es alto: comparado con quienes tienen bajo agravio, la percepción de ética empresarial se reduce en 70 puntos y la de competencia en 21. En otras palabras, la indignación social no solo afecta al gobierno, sino que también deslegitima al sector privado y amenaza su licencia social para operar.

Paradójicamente, el estudio muestra que la ciudadanía no renuncia a la esperanza. Una mayoría considera legítimo que los CEO se involucren en temas sociales, siempre que generen impacto real. Este hallazgo es clave: el liderazgo empresarial ciudadano no solo es deseable, sino urgentemente necesario. Por eso, hoy, más que nunca, los líderes del sector privado deben entender que el silencio empresarial ya no es neutral: es cómplice del colapso institucional.

Reconozcamos de una vez por todas que la confianza se cultiva con actos visibles, coherentes y sostenidos. Interesarse en los imperativos nacionales, promover el civismo, ejercer ciudadanía, exigir reformas institucionales, enfrentar frontalmente a las economías ilegales y asumir un rol activo en la defensa del Estado de derecho no son causas ajenas al liderazgo empresarial ciudadano; son, de hecho, condiciones esenciales del mismo. Ejercer este tipo de liderazgo consciente es un imperativo que no solo es ético, es estratégico. Porque sin confianza no hay inversión, desarrollo ni progreso.