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“¡Cierren las fronteras, no más migrantes!” es una expresión que lamentablemente resuena en toda Sudamérica y más allá. Los gobiernos de países receptores de migrantes han propuesto diversas, y a menudo costosas, medidas para frenar la migración masiva: desde la imposición de visas hasta la construcción de muros y barreras de alambre, pasando por el despliegue militar, los bloqueos navales e incluso los vuelos a terceros países. Pero la pregunta clave es: ¿funcionan realmente estas medidas?
En un reciente estudio académico, analicé esta cuestión enfocándome en la crisis migratoria venezolana en Sudamérica. Desde el 2015, alrededor de ocho millones de venezolanos han dejado su país debido a la crisis política y económica. De ellos, más de seis millones han migrado a países de la región. Un factor clave en este contexto es la naturaleza porosa de las fronteras latinoamericanas, que son vastas y difíciles de patrullar. Entonces, ¿pueden las restricciones de visado frenar la migración en tales circunstancias?
A pesar de haber firmado la Declaración de Quito en el 2018, que promovía la migración segura y legal, en el 2019 el Perú, Chile y Ecuador introdujeron requerimientos de visas. Mientras tanto, países como Argentina, Brasil y Uruguay mantuvieron sus fronteras abiertas, permitiendo el ingreso solo con documentos de identidad. ¿Qué sucedió después?
Utilizando datos de la Acnur, descubrí que la imposición de visas aumentó en un 38% la probabilidad de que los migrantes optaran por rutas irregulares y en un 41% la de que no tuvieran un estatus migratorio legal. Antes de estas restricciones, solo el 15% de los venezolanos ingresaba de manera irregular a Chile, Ecuador y el Perú, una cifra que se disparó a más del 40% tras la imposición de visas. Además, el número de migrantes sin estatus legal en estos países pasó de poco más de un quinto a más de la mitad.
Dados estos resultados, ¿qué deberían hacer los gobiernos de la región si la migración venezolana vuelve a aumentar? Lo que está claro es que cerrar las fronteras no es la solución. Desalentar la migración legal y segura suele ser contraproducente. Además, con la excepción de Colombia, la mayoría de los países sudamericanos han evitado hasta ahora programas de regularización masiva, lo que resulta en cientos de miles de venezolanos en países como Chile, Ecuador y el Perú que aún carecen de un estatus migratorio regular, años después de haber migrado hacia esos países, con claros efectos negativos sobre su integración social, psicológica y en el mercado laboral.
Los gobiernos de toda la región deberían unirse para acordar oficialmente una respuesta común a la probable próxima ola de desplazamiento venezolano tras las elecciones fraudulentas, si no se logra un cambio de régimen. Es necesaria una nueva Declaración de Quito, en la que se acuerden normas comunes para la recepción de migrantes y refugiados venezolanos. Por ejemplo, deberían acordar permitir que los venezolanos migren solo usando sus cédulas de identidad, algo que ya ha sido posible en ciertos países de Sudamérica, dado el alto costo de obtener un pasaporte y otros documentos necesarios.
A pesar de la presión internacional, lamentablemente el régimen venezolano no muestra intención de dejar el poder. Por lo tanto, la única opción sensata para los países de la región y Estados Unidos, además de apoyar una transición pacífica, es garantizar rutas seguras para aquellos que buscan un futuro digno para ellos y sus familias.
Como los resultados de mi estudio sugieren, la respuesta a las recientes elecciones robadas por el gobierno de Maduro en Venezuela debe centrarse en políticas migratorias humanitarias y pragmáticas. La estabilidad de la región y el bienestar de millones de personas dependen de ello.
