¿Para qué planificamos?

Las ciudades atraen personas porque concentran inversiones, oportunidades y servicios. Presentan enormes desigualdades, pero son el mejor lugar para alejarse de la pobreza (Glaeser, 2011). Esta atracción se traduce en una creciente demanda de vivienda y en el Perú, ante la limitada capacidad del Estado y del sector formal para atenderla, aparecen diversos productos informales que terminan siendo la única alternativa para millones de familias. La consecuencia de esto es que el 93% del suelo urbano creado en los últimos 20 años es de origen informal e ilegal (Grade, 2020), y que el 80% de las viviendas son autoconstruidas (ADI, 2023).

¿Qué podemos hacer ante ello? Las municipalidades provinciales tienen la responsabilidad de planificar el territorio bajo su jurisdicción, determinando dónde, qué y cómo se debería construir. Esto permite alejar a las personas de zonas de riesgo, preservar los ecosistemas y recursos naturales, optimizar e incentivar las inversiones públicas y privadas, incrementar la producción de viviendas sociales y mejorar integralmente la seguridad y la calidad de vida. Para ello se elaboran los Planes de Desarrollo Urbano (PDU). Lamentablemente, hasta el 2019 solo el 15,1% de las municipalidades contaban con un plan urbano vigente (INEI), y casi ninguno ha sido utilizado para organizar la ocupación del suelo y priorizar la inversión pública (MVCS, 2021).

El plan integral de Reconstrucción con Cambios, que se promovió luego del Fenómeno de El Niño (FEN) del 2017, proponía como principal aporte la planificación urbana para poder prevenir situaciones que pongan en riesgo a la población y proyectar las obras necesarias para garantizar su seguridad. Con esta finalidad se le encargó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) la elaboración de 68 planes para las diversas ciudades de las regiones afectadas, con un presupuesto de S/30,7 millones. Sería importante saber cómo estos planes se están aprovechando para priorizar las obras y prevenir los riesgos que hoy enfrentamos ante el inminente FEN del 2024. Por otro lado, en el 2020 se destinaron más de S/10 millones para elaborar los planes metropolitanos de Lima y el Callao. A la fecha, solo el de Lima ha sido aprobado y no vemos ningún indicio de su implementación.

Recientemente, el Congreso ha delegado facultades especiales y un crédito suplementario para poder enfrentar el FEN del 2024. Si revisamos el contenido de ambas leyes, podemos apreciar una importante inconsistencia en materia de planificación urbana. En la ley de delegación de facultades se plantea “dictar medidas para la regulación del derecho de propiedad”, para lo que el MVCS ha presentado un proyecto de norma que propone regularizar ocupaciones en zonas no urbanas sin considerar el nivel de riesgo al que están expuestas. Por otro lado, dentro del presupuesto complementario se ha previsto invertir cerca de S/7 millones para que dicho ministerio complete los planes interdistritales de Lima y elabore los de la provincia de Huaral, donde se está construyendo el megapuerto de Chancay. ¿Tiene sentido seguir invirtiendo en planificación cuando es el mismo Estado el que sistemáticamente la hace inviable?

Dar títulos y crear nuevos distritos son promesas recurrentes de campaña, porque es la principal demanda de una sociedad que ha resuelto mayoritariamente su necesidad de habitar de manera informal. Ante una nueva amenaza climática y nuestra reiterada incapacidad para gestionar y fiscalizar de manera adecuada la ocupación del suelo, deberíamos plantearnos seriamente si la manera como estamos planificando el desarrollo urbano es consecuente con nuestra realidad o si, más bien, necesitamos instrumentos más dinámicos y especialmente orientados a la mitigación de riesgos, la protección de ecosistemas y la prevención del cambio climático, con un marco institucional sólido y capacidad real de ejecución y sanción. Asimismo, debería exigirse que los proyectos de inversión pública sean determinados y priorizados en los planes urbanos, para reducir la arbitrariedad y agilizar su concreción.

La precaria coyuntura con la que enfrentaremos al FEN del 2024 debe ser un fuerte llamado de atención a la sociedad, para exigir a nuestros representantes acciones concretas que nos permitan que esta vez sí haya una “reconstrucción con cambios”.