El costo de ignorar la percepción pública

En comunicación política, la percepción no es un accesorio: es sustancia. Lejos de constituir una distorsión de la realidad, la percepción social configura aquello que, para la ciudadanía, resulta verdadero, legítimo o cuestionable. Por ello, toda estrategia comunicativa —sea de una autoridad, una empresa o una institución— debe partir del entendimiento de que la imagen pública no se construye desde las intenciones, sino desde los efectos concretos que producen los actos visibles.

La reputación de un actor político o institucional no se corresponde necesariamente con su competencia técnica o sus logros objetivos. Es el resultado acumulativo de gestos, decisiones y símbolos que se instalan en la esfera pública. Una autoridad puede ser eficaz en su gestión, pero si sus comportamientos comunican lejanía, ostentación o desconexión con la realidad, lo que predominará será una percepción negativa y difícil de revertir.

La presidenta de la República ilustra este fenómeno con claridad. Diversas acciones —como la intención de conducir un programa en el canal del Estado, el incremento de su salario, o las denuncias vinculadas a intervenciones estéticas y el uso de artículos de lujo— han configurado un imaginario colectivo marcado por el rechazo. Aunque estos hechos puedan contar con justificaciones administrativas, su efecto simbólico ha sido adverso: proyectan a una figura ajena al sufrimiento cotidiano de la ciudadanía y distante de las prioridades nacionales como la inseguridad o el desempleo.

El bajísimo nivel de aprobación registrado en los últimos sondeos —apenas entre 2% y 3%— confirma esta percepción. Esta desaprobación generalizada no responde únicamente a factores estructurales o a la prolongada crisis política, sino también a una acumulación de señales comunicativas desalineadas. Declaraciones como “pónganme 0”, pronunciada con desdén frente a su impopularidad, no solo refuerzan la idea de desconexión, sino que transmiten un rechazo explícito al escrutinio democrático. En política, minimizar la opinión pública equivale a debilitar el vínculo con la ciudadanía.

Estas manifestaciones no son anecdóticas: constituyen actos de comunicación política. En el ámbito público, todo comunica: desde una declaración hasta la estética de un evento o el tono adoptado en redes sociales. No se trata de superficialidad, sino de comprender que cada gesto posee una carga simbólica, especialmente cuando proviene de figuras con alta visibilidad y responsabilidad institucional.

Construir una percepción favorable exige coherencia narrativa y planificación estratégica. Por el contrario, cuando las decisiones se toman de manera fragmentaria y sin medir su impacto, se fractura la narrativa institucional, dando paso al desconcierto, la sospecha o el descrédito. Peor aún, si estas decisiones refuerzan estereotipos negativos previamente instalados, la percepción adversa se solidifica, incluso si la intención fue otra.

En contextos de saturación informativa y alta exposición, no brindar una versión oportuna de los hechos equivale a ceder el espacio narrativo a la especulación. Y en ese terreno, las percepciones negativas tienden a imponerse con facilidad.

La percepción no es una dimensión menor ni una cuestión estética: es un componente esencial de la legitimidad política. En sociedades cada vez más exigentes e interconectadas, su gestión demanda no solo solvencia técnica, sino sensibilidad simbólica y rigor estratégico. Ignorar esta dimensión equivale a perder el control del relato y, a mediano plazo, a erosionar la autoridad que se pretende ejercer.

Quienes ejercen poder —político, económico o social— deben asumir que cada decisión, palabra o silencio contribuye a construir una narrativa. Y si esta no se gestiona con inteligencia comunicacional, será la percepción —no los méritos— la que termine definiendo su lugar en la historia pública.