Algunos días atrás se dio a conocer una muy buena noticia económica para nuestro país: el Perú cerró el año anterior con un déficit fiscal de 2,2% del PBI, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), cumpliendo, así, con la meta fiscal que había sido establecida. No se trata de cualquier novedad: el cumplimiento de esta regla era algo que no ocurría desde el 2022, y en esta oportunidad podemos resaltar, también, que se ha visto un nivel bastante menor que el de diversos pares regionales como Colombia y México, que ostentan cifras del 7,1% y 4,3% de su PBI, respectivamente.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfatizó, sobre este resultado, que se debía, en gran parte, a las “medidas de ajuste” y de “gasto responsable” impulsadas por dicha cartera económica. Y de hecho, la moderación de los gastos a nivel del aparato público ha aportado a que este objetivo pudiera concretarse. Pero, por supuesto, hay mucho más detrás de este desempeño fiscal que no podemos dejar de mencionar.
En principio, y como lo han advertido varios economistas, el elevado precio de los metales que el Perú exporta –oro, plata, cobre, zinc, entre otros– ha sido vital para que la recaudación tributaria registrara un aumento muy por encima de lo previsto al cierre del 2025. El crecimiento frente al 2024 fue significativo: los ingresos corrientes del Gobierno ascendieron a más de S/230.000 millones, lo que representó una expansión del 11% al cierre del año. Ha habido, de otro lado, ingresos extraordinarios que van más allá de la buena recaudación minera, gracias al buen comportamiento de la demanda interna. Pero lo cierto es que nuestro país no puede seguir dependiendo de los ingresos cíclicos sin que existan cambios estructurales que permitan cambiar el panorama de la recaudación; y, hasta la fecha, no parece haber interés en lidiar con este enorme pendiente –ni siquiera por parte de los candidatos presidenciales–.
Por otro lado, es inevitable advertir que gran parte del gasto estatal está siendo destinado al gasto corriente (pago de remuneraciones, de bienes y servicios, entre otros), un factor que no necesariamente suma al desarrollo que el país requiere. Gran parte de estos gastos adicionales –que podrían seguir elevándose– responden a medidas aprobadas por el Congreso. Medidas que, sin duda, tendrán una incidencia significativa en la salud macroeconómica del país en el mediano y largo plazo si no son revisadas con urgencia.
El cumplimiento de la regla del déficit tras varios años de omisiones es un evento que vale la pena reconocer. Pero si vemos la foto completa, es importante alertar sobre la ausencia de políticas importantes y de cambios significativos que nos permitan resolver los grandes pendientes en el ámbito fiscal, como la baja presión tributaria y la evasión de impuestos.
El MEF ya es consciente de que la meta de déficit fiscal establecida para este 2026 (1,8% del PBI) es difícil de cumplir. Lograrla exigirá más que vientos externos a favor; y sostener la salud fiscal dependerá de que los candidatos presidenciales, desde ahora, dejen atrás el populismo y se comprometan de una vez por todas a reformas urgentes y necesarias.
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