Creo que muchos olvidamos que el plan de gobierno de Perú Libre con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia en el 2021 planteaba una “nacionalización de los yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos”, para que el Estado Peruano “administre el total de las utilidades generadas”.
Y aunque ese sueño perulibrista felizmente no se concretó en su total dimensión, tanto la administración de Castillo como la de su sucesora, Dina Boluarte, mantuvieron en puestos de poder en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y en la petrolera a funcionarios que simpatizaban con la equivocada idea de que al país le conviene que Petro-Perú le ‘quite’ espacio al sector privado y, por lo tanto, pueda ‘absorber’ las utilidades que actualmente se quedan en los bolsillos de los empresarios, sin importar el costo.
Con esa convicción, se le entregaron a dedo lotes petroleros en Talara, pese a las quejas de los gremios empresariales, y se le regalaron S/17.888 millones en ayudas financieras entre el 2022 y el 2024 para mantenerla a flote en medio de un mar de deudas.
Esas ayudas, recordemos, siempre iban acompañadas de condiciones como planes de austeridad o reestructuraciones financieras que prometían, ahora sí, resolver los problemas financieros de Petro-Perú. Sin embargo, al final, terminaban siendo barridas debajo de la alfombra por las cúpulas en la petrolera y el Minem, ante la impotencia en algunos casos, o la complicidad en otros, del ministro de Economía de turno.
Ahora, el gobierno de José Jerí parece haber abandonado, por fin, esas ideas ilusorias y ha ordenado que Pro Inversión proponga un plan para dividir a Petro-Perú en distintas unidades y que se incorporen gestores y capital privado para hacerlas más eficientes.
No hay muchas otras soluciones posibles si tenemos en cuenta que la refinería de Talara y el Oleoducto Norperuano tienen dificultades muy distintas que requieren, también, remedios diferentes. Pero el daño ya ha sido hecho. Nadie le va a devolver al Tesoro Público los recursos desperdiciados en la petrolera y el amago de renuncia de la nueva gerenta de Petro-Perú, Rita López, es una prueba de qué tan afianzadas están esas ideas equivocadas en los puestos directivos de la estatal.
Es más, tal vez la receta del médico esté llegando tan tarde que no haya tiempo para administrar la medicina, pues el cambio de gobierno el próximo año impone plazos difíciles de cumplir para una operación de esta complejidad. Es una lástima que Boluarte y sus ministros hayan desperdiciado años claves para resolver la crisis financiera de Petro-Perú.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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