El desalojo del pariente pobre

Honda preocupación ha causado entre los historiadores e investigadores de nuestro pasado (que no son solo peruanos) la noticia del desalojo del Archivo General de la Nación (AGN) de su ubicación actual, en el sótano y parte de la primera planta del Palacio de Justicia, después de más de 80 años. Autoridades presentes y pasadas del AGN sostienen que esta entidad era copropietaria del palacio y no el ocupante temporal de un espacio de aproximadamente 2.500 metros cuadrados. Pero en un país en el que a sus élites políticas y culturales les encanta alardear de su pasado milenario y una historia rica en instituciones, tradiciones y sucesos, a la institución que es la fuente principal para la reconstrucción de ese denso pasado, cimiento de nuestra nación, se la trata como al pariente pobre, al que no se sabe dónde colocar.

Es cierto que la ubicación actual del archivo no es la adecuada. El espacio ha quedado pequeño, al punto de que los pasillos por donde transitan los archiveros para colocar legajos y mapas resultan estrechos incluso para lo que sería una biblioteca de libros de formato normal. Los documentos reposan debajo de las tuberías de desagüe de las oficinas del palacio y da pavor comprobar que cualquier fuga o rotura traería daños irremediables al patrimonio. Un local que está cerca de cumplir un siglo muestra, por otro lado, señales de fatiga en sus estructuras, que se manifiestan en severas rajaduras en el techo de los sótanos.

Periódicamente, los ministerios y las oficinas autónomas del Estado transfieren documentos al AGN. Este las recibe en su así llamado Archivo Intermedio, que descarta documentos que, a su juicio, carecen de valor histórico, y remite el resto al AGN. Pero de momento este se encuentra incapacitado de recibir más documentos, porque la tugurización de sus instalaciones ha llegado al límite. De modo que no se discute la conveniencia de trasladar el archivo a un local apropiado. Lo que se cuestiona es el desalojo de una entidad del Estado por obra de otra entidad del Estado, sin que se haya previsto un adecuado local de destino.

En la avenida Paso de los Andes, en Pueblo Libre, se ha concedido al AGN desde hace más de una década un terreno de casi 6.000 metros cuadrados para la edificación de un local. Ya existe el proyecto de un edificio con cinco sótanos y 11 pisos, cuyo costo, incluido el mobiliario con las medidas de protección y seguridad que demanda un archivo que guarda cinco siglos de historia, ronda los S/430 millones. Pero vivimos en un país en el que preferimos gastar el dinero en refinerías que no se usan o carreteras que apenas tienen tráfico. Tal vez porque en estas obras hay más dinero que puede tomarse con la mano izquierda.

Apena que esta forzada mudanza –que durante cinco meses, si no más, cerrará el acceso de los investigadores a los documentos– ocurra en plenos fastos del bicentenario de la independencia, que, como tal, significó el inicio del Estado que ahora nos gobierna. Mientras las autoridades subirán a los estrados adornados con colores patrios para lanzar discursos sobre los héroes y las proezas de nuestra historia, los documentos que permiten conocer a dichos héroes y las acciones de tantos peruanos y peruanas, que pueden ser otros héroes hasta hoy anónimos, viajarán en camiones hacia un local provisional, por tiempo indefinido.

Si el Congreso tuviese el tino de incluir en el presupuesto del 2025 la partida necesaria para el inicio del nuevo local del AGN, el Poder Judicial bien podría animarse a conceder una prórroga final, para que la mudanza de los 30 kilómetros lineales de documentos que tiene el archivo sea digna y definitiva.