El ministro José Salardi ha desafiado la natural incertidumbre del ciclo electoral, con proyecciones oficiales de crecimiento de 4% y 5%, para este y el próximo año, versus el consenso de especialistas que apuntan a un prudente 3% a 3,5% en el pronóstico más optimista. Pero el nuevo aire “Pro Inversión” del MEF no puede ocultar los serios problemas estructurales que tenemos, como el de la baja productividad.
Recientemente el Banco Mundial (BM) ha publicado un informe “Perú: aprovechando las oportunidades para el crecimiento y la prosperidad” (2025), que nos recuerda que, desde el 2013, la tasa de crecimiento potencial del Perú se redujo del 6% al 2%, por dos factores claves: el retroceso de la inversión privada y la baja productividad.
De acuerdo con estudios citados por el informe del BM, la productividad laboral en empresas formales –en comparación con una gran empresa– es del 50% en una mediana empresa, 16% en una pequeña y 6% en una microempresa. Muchas de las nuevas empresas que ingresan al mercado formal son improductivas (solo el 1% tiene más de 100 trabajadores). De hecho, si nos comparamos con Chile, un trabajador peruano produce menos de la mitad que uno chileno. Trabajamos mucho, pero producimos poco (Redes, 2025).
Es importante comprender la realidad de las empresas informales, las que innovan menos, tienen acceso restringido a fuentes de financiamiento, y sus trabajadores también son menos productivos que los formales. Esto se ve reflejado en salarios que equivalen a la mitad de los formales. Actualmente, 7 de cada 10 trabajadores no tienen contrato legal ni beneficios sociales, y 90% del empleo informal proviene de mypes y pymes.
Entre las causas de la baja productividad, el BM advierte la rigidez del mercado laboral, materializada en una estabilidad laboral cuasi absoluta. Uno de los temas centrales es la desvinculación de trabajadores.
La flexibilidad para desvincular es importante para adaptar la estructura de la empresa a cambios. En corto, poder contratar rápido en períodos de auge, sin que ello represente un costo demasiado alto para cuando tengas que adaptarte a crisis. No es tan difícil de entender.
Pero para evitar arbitrariedades en el despido, la ley ya contempla criterios para que se den una falta grave, un rendimiento deficiente o un cese colectivo. El problema es que difícilmente el MTPE o el PJ reconocen estos criterios. Por ello, terminan constantemente declarando los despidos como arbitrarios, gatillando el tener que pagar un sueldo y medio por año de antigüedad del trabajador, y el riesgo de que un juez incluso considere la reposición, como una medida compensatoria.
El mejor ejemplo es la desvinculación por rendimiento deficiente. El empleador tiene que acreditar criterios de evaluación alcanzables, la oportunidad concedida al trabajador de mejorar sus resultados. Pero las pocas empresas que han intentado aplicarlo han fracasado en el camino.
Peor todavía, existe un proyecto de ley listo para ser debatido en el Congreso, que triplica las condiciones para aplicar la desvinculación laboral por rendimiento deficiente. Un despropósito si pensamos que existen 13 millones de empleos informales.
Así como el Bloque Magisterial promueve normas que desvirtúan la meritocracia en la educación, sectores de izquierda dificultan que las empresas apliquen criterios meritocráticos para desvincular empleados, lo que afecta la productividad laboral y que surjan empresas formales productivas.
Suena duro, pero para permitir el crecimiento de empresas formales productivas, en un país en el que abundan las mypes y pymes improductivas, necesitamos menos rigidez laboral en aspectos como la desvinculación de trabajadores. No por causas arbitrarias, sino por factores objetivos.
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