El desbloqueo de Puno

A pocos días de que termine febrero resulta evidente que la agitación social que sacudió el país en las primeras semanas del año ha amainado. Esto ha llevado al Gobierno a emitir algunas señales de tranquilidad, como aquella que dio el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, que en una entrevista con “Punto final” diez días atrás sostuvo que “lo peor ya pasó”. “Uno ve los datos de conflictividad, los datos de vías bloqueadas, y esa es la evidencia, están nuevamente volviendo a operar las empresas, la economía empieza a recuperarse”, afirmó.

Lo que dice el ministro es cierto. Luego de semanas de bloqueos y paralizaciones, casi todas las vías del país han sido despejadas y el comercio y las demás actividades económicas en varias regiones han vuelto a operar con cierta normalidad. Sin embargo, todavía hay una región que continúa bloqueada y que no está recibiendo la atención que merece de parte de nuestras autoridades.

Según la Sutrán, 35 puntos permanecen con tránsito interrumpido desde inicios de año en Puno. Esta situación golpea la economía de la zona, pero no de manera homogénea: hay actividades que la pasan peor que otras y el impacto es más severo entre los más pobres. El Instituto Peruano de Economía (IPE), por ejemplo, ha reportado que la inflación anual en las regiones del sur más afectadas por las protestas ha tocado un máximo en 15 años y ha sido de casi dos puntos porcentuales superior a la del resto del país. El incremento de los precios, como sabemos, afecta principalmente a los que menos tienen y Puno es justamente la región con la mayor tasa de pobreza (43%) del país.

Por otro lado, la Cámara de Comercio y Producción de Puno ha revelado que el 75% de las reservas de viaje han sido canceladas. “Estamos pescando para subsistir”, ha relatado Rita Suaña, de la Asociación de Mujeres Artesanas de las Islas de los Uros, cuya actividad económica principal, el turismo, ha tenido que lidiar con los bloqueos cuando todavía no lograba recuperarse del impacto de la pandemia del COVID-19.

Los transportistas y comerciantes puneños tampoco la pasan mejor. Y son, además, quienes mayormente han venido siendo acosados por grupos de vándalos para que se sumen, bajo amenazas, a las manifestaciones. Esta situación es inadmisible. El Gobierno debe identificar y denunciar a todos aquellos que vienen coaccionando a los ciudadanos para que se plieguen a las protestas, así como también a todos aquellos que planearon y tomaron parte en los ataques a propiedad pública y privada (como comisarías, sedes judiciales, locales del Ministerio Público, oficinas de Migraciones y Sunat, y hasta aeropuertos).

Lo que no debe hacer, en cambio, es recurrir a la fuerza desproporcionada que pueda repetir escenas luctuosas como las del 9 de enero, cuando se registraron hechos que desembocaron en la muerte de 19 personas en Juliaca. El Gobierno debe atender el reclamo de los deudos de las víctimas por justicia y colaborar con el Ministerio Público para que se esclarezcan cuanto antes las circunstancias en las que cada una de estas personas perdió la vida. Es importante que se liberen las vías que continúan bloqueadas en Puno, pero esta labor debe hacerse respetando estrictamente el marco legal.

Pero la atención no puede agotarse allí. No podemos soslayar que existen deudas largamente postergadas del Estado hacia los puneños. Por ejemplo, mientras la incidencia de anemia en el ámbito nacional es del 39%, en Puno esta llega al 70%. Mientras el 70% de hogares peruanos tiene acceso a agua, desagüe y electricidad, en Puno estos servicios solo alcanzan al 45% de sus hogares. Y mientras el promedio de médicos por cada 10.000 habitantes en el Perú es de 27, en Puno la cifra es de casi la mitad (14).

En el corto plazo, el desbloqueo de Puno pasa por liberar las vías que se encuentran tomadas ilegalmente y que tienen asfixiada la economía regional. Pero también por cerrar las brechas de servicios e indicadores sociales que les permitan a los puneños tener mejores condiciones de vida y, por lo mismo, mayores oportunidades.