Háganlo por los pacientes

El justificado escándalo desatado en torno del dinero comprometido en mayo pasado por el presidente Pedro Castillo para la lucha contra el cáncer todavía no termina de pasar. Y la verdad, no es para menos.

Como sabemos, cuatro meses atrás, en una pomposa ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno, el mandatario, su ministro de Salud, Jorge López Peña, y el presentador de televisión Andrés Hurtado exhibieron un grandilocuente cheque por más de S/4 mil millones, presuntamente destinados a “la ejecución del Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer”. El anuncio, lógicamente, despertó una gran dosis de esperanza entre los pacientes de esta enfermedad y sus familiares, quienes entendieron –como tantos otros que seguían la ceremonia por televisión– que si se ofrecía dicha cantidad de dinero era porque, en efecto, se contaba con ella.

Ha sido el correr de los meses y principalmente la presión de las organizaciones enfocadas en la lucha contra el cáncer en nuestro país por el destino de un dinero del que nadie tenía conocimiento las razones que han permitido conocer que estábamos frente a una auténtica farsa. Y así lo sostuvimos desde este Diario seis días atrás, cuando ya el ministro de Economía, Kurt Burneo –en respuesta a una consulta realizada por la legisladora Norma Yarrow–, había explicado que dicho dinero representaba en realidad un desembolso “para un horizonte de tiempo de 10 años”.

Tratando de atemperar los ánimos, el titular del MEF volvió sobre este tema en una columna publicada dos días atrás en el diario “Gestión”, en la que explicó que el financiamiento para la Ley del Cáncer y su reglamento –aprobado este año– asciende a más de S/5 mil millones para un lapso de una década. En el texto, además, se explica que luego de la implementación de los marcos legales correspondientes, dicho monto podría reducirse hasta los S/4.752 millones, es decir, una cantidad bastante cercana a lo prometido por el presidente. Sin embargo, el ministro Burneo también reconoce que “el sentido común y las normas presupuestales” impiden asignar de manera inmediata los mentados S/4 mil millones para los próximos 10 años.

Aunque es saludable que un funcionario del Gobierno haga el esfuerzo por aclarar este enredo, hay que decir que resulta insuficiente. Lo que ha ocurrido aquí es que el Ejecutivo, comenzando por quien lo preside, ha ofrecido algo de manera, por decir lo menos, poco clara y una vez que el escándalo ha comenzado a escalar se ha desentendido del asunto.

Al respecto, el último domingo la Fundación Peruana del Cáncer emitió un comunicado en el que precisamente exhortaba “a las autoridades y órganos competentes” a poner en conocimiento de los ciudadanos “el plan de ejecución establecido” para la Ley del Cáncer Infantil y la Ley Nacional del Cáncer “con el objetivo de comunicar con mayor transparencia la asignación presupuestal y los plazos en los que se ha proyectado cumplir con la entrega de los S/4 mil millones anunciados”.

Es cierto que pedirle claridad y transparencia a un gobierno que justamente se ha caracterizado por la falta de ambas puede sonar ambicioso. Pero es lo mínimo que se merecen los pacientes oncológicos y sus familias, quienes han sido burlados por una administración que ahora no da las respuestas que se necesitan, que continúan esperando que se cumplan las disposiciones de la Ley Nacional del Cáncer (promulgada en agosto del 2021) y que han sido un grupo especialmente golpeado por la pandemia (según una encuesta difundida en febrero por asociaciones de pacientes, el 60% de los pacientes oncológicos ha experimentado retraso o suspensión en su atención médica debido al COVID-19).

La barahúnda de los S/4 mil millones comprometidos por el Gobierno para la lucha contra el cáncer no debe quedar en el aire. Es responsabilidad del Ejecutivo aclarar la forma y los plazos en los que se desembolsará lo comprometido. Y si no les nace hacerlo por motivos principistas, al menos háganlo por los pacientes.