El presidente Pedro Castillo hizo el anuncio en mayo y por todo lo alto en una ceremonia en Palacio de Gobierno, rodeado de 200 pacientes oncológicos infantiles y acompañado por el presentador de televisión Andrés Hurtado. “Financiamiento para la ejecución del Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer”, decía un cheque enorme –ideal para ser capturado por los lentes de las cámaras– por más de S/4.183 millones que el mandatario, su invitado y el ministro de Salud, Jorge López Peña, mostraron a los asistentes. La suma, como era de esperarse, ilusionó a los presentes, que entendieron que el dinero estaba listo para ser ejecutado este año y que serviría para aplacar los múltiples problemas que padecen tanto los pacientes como sus familias.
Pero todo fue una farsa. Tras el anuncio del jefe del Estado, múltiples colectivos de pacientes oncológicos buscaron que las autoridades les precisasen cuándo se ejecutaría el monto anunciado y la respuesta fue que no se contaba con los fondos. Un hallazgo alineado con la respuesta que le dio el ministro de Economía, Kurt Burneo, a la congresista Norma Yarrow cuando esta hizo una consulta formal sobre la materia, en la que precisaba que el presupuesto destinado a prevención y control del cáncer para el año 2022 cuenta con un PIM de S/779,7 millones. Es decir, un porcentaje bastante menor de lo que el mencionado cheque prometía.
Resulta, pues, que la promesa que hizo el Ejecutivo frente a tantos niños enfermos de cáncer en la Casa de Pizarro venía con letras pequeñas en las que la pantomima del Gobierno no ahondó: el monto prometido se desembolsaría en el lapso de una década y no era dinero que estuviese listo para ser gastado, a diferencia de lo que la ceremonia había dado a entender a los presentes y a quienes la siguieron a través de las pantallas de televisión.
“Para nosotros ha sido una burla”, ha dicho Karina Pujay, vocera del colectivo Ley del Cáncer Infantil, en RPP. Y, en efecto, lo ha sido. Mucho más si se toma en cuenta que de los 200 pacientes presentes ese día, solo 30 sufren dolencias oncológicas, como precisó la presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer, María Lumbre Figueroa. Una circunstancia que desnuda dicha jornada más como un ejercicio publicitario a favor de la administración de Castillo que como un esfuerzo honesto por ayudar a los que lo necesitan.
El titular de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud, Víctor Palacios, quien aseguró a este Diario que se sorprendió al ver el evento por televisión, ha asegurado que la comunicación debió ser mejor para evitar confusiones. Sin embargo, la manera en la que se condujo la ceremonia, con la atención mediática que suscitó, sugiere que el Ejecutivo comunicó exactamente lo que quiso: se hizo una promesa ambigua pensando más en la foto y en los titulares que en el efecto y la pertinencia de lo que se anunciaba. Un vicio bastante común entre las autoridades populistas.
Entre tanto, los problemas de los pacientes con cáncer en el Perú continúan. De hecho, las leyes creadas en torno a la materia son insuficientes o no se han ejecutado. Sobre la Ley 31041, publicada el 11 de agosto del 2020, Karina Pujay ha dicho que “ningún artículo ha sido ejecutado”. “Ya estamos a dos años de la aprobación y la reglamentación de la norma y no tenemos pronunciamiento de ningún artículo”, ha precisado. Además, el Decreto Supremo 189-2022-EF, publicado el último 19 de agosto, habilitó S/122 millones para financiar el fortalecimiento de la atención integral del cáncer en el ámbito nacional, pero no contempla sus pedidos urgentes.
En suma, una triste realidad por la que nuestras autoridades deberían estar trabajando, en lugar de montar la más cruel de las farsas para obtener réditos políticos.