Tardía e insuficiente

Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que el Gobierno había decidido –por fin– observar la ley que deforma la colaboración eficaz aprobada por el Congreso en las últimas horas de la legislatura anterior y sobre la que prácticamente todos los especialistas en la materia se han pronunciado en contra. La noticia llega a poco de que se venza el plazo con el que el Ejecutivo cuenta para emprender esta acción (se agota el próximo lunes) y semanas después de que el ministro de Justicia, Daniel Maurate, afirmara tímidamente que estaban evaluando cómo procederían ante la norma; una postura que, habida cuenta de que los riesgos que esta conlleva saltan a la vista, muchos tomaron como un gesto de Palacio de Gobierno para no incordiar a los legisladores y abrirse un flanco con ellos en momentos en que no tienen apoyos en ningún lado.

La mentada ley, como dijimos en su momento, muestra varias fisuras que amenazan con afectar una herramienta que en los últimos años ha sido clave en las investigaciones por corrupción y crimen organizado más importantes, como las de los casos Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto o las pesquisas contra el expresidente Pedro Castillo y su entorno. Según reveló este Diario, al menos 200 procesos de colaboración eficaz actualmente en marcha corren el riesgo de venirse abajo con las modificaciones hechas por el Legislativo al Código Procesal Penal.

La principal crítica que ha recibido la norma aprobada por el Congreso es que fija un plazo a todas luces insuficiente (ocho meses, solo prorrogables bajo determinadas causales) para cerrar los procesos de colaboración y llegar a un acuerdo. Pero esa es apenas una de sus modificaciones que causan preocupación. En esta página, hemos subrayado al menos otras tres: la que impide que la declaración de un aspirante a colaborador eficaz pueda ser corroborada con otra, la que obliga a que las delaciones sean registradas en audio y video (lo que en casos de narcotráfico o crimen organizado podría disuadir a los potenciales colaboradores de declarar por miedo a represalias si se difunde su identidad) y la que exige que se firme un acuerdo preliminar al inicio de la colaboración en el que se deje estipulado qué beneficios recibirá el delator (en una etapa en la que el fiscal todavía no puede saber si la información suministrada será de calidad).

Pues bien, el Gobierno ha decidido observar la ley pero solo en el extremo concerniente a los plazos. Una observación atinada, pero insuficiente, y que, más que despejar temores, solo refuerza la idea de que está caminando con cuidado para no molestar a los parlamentarios. Lo ideal, en todo caso y como han expresado los exprocuradores César Azabache, Luis Vargas Valdivia y José Ugaz, es que las mejoras que pueden hacerse a la figura de la colaboración eficaz sean fruto de un debate con la participación de la academia y de quienes ejercen el derecho (jueces, fiscales, procuradores y abogados) y no de congresistas que se hallan, ellos mismos o los líderes de sus partidos, bajo investigaciones fiscales que podrían verse afectadas por normas como esta.

La colaboración eficaz tiene sin duda muchos aspectos que podrían pulirse. Sin embargo, también es justo decir que la manera como se viene desarrollando en estos días el proceso contra Sada Goray y Mauricio Fernandini demuestra que la herramienta cuenta con mecanismos para sancionar a quienes intenten aprovecharse de ella suministrando información incompleta o, ya de plano, falsa. Lo que no puede ocurrir es que se busque quitarle fuerza, como intenta hacer una mayoría parlamentaria, y habrá que estar atentos ante la posibilidad de que la representación nacional decida simplemente hacer oídos sordos a la observación tardía e incompleta del Gobierno para seguir adelante en la consumación de un verdadero despropósito.