Editorial: Vizcarra vs. Vizcarra

El jueves pasado, el presidente Martín Vizcarra participó, por segunda vez como jefe de Estado, en CADE Ejecutivos con un discurso que, a diferencia del año pasado, privilegió la retórica política sobre las metas de su gobierno. Así, entre otras cosas, el mandatario habló de la importancia del crecimiento económico –a la vez que evitó hacer un mea culpa por las pobres cifras que nos esperan en esta materia–, insistió en definir la lucha contra la corrupción como un eje central de su gestión, reconvino a los empresarios por su rol en la existencia de esta lacra y alegó que la razón por la que el Perú ha logrado sortear la agitación social que se detecta en otros países de la región tiene que ver con la disolución del Congreso el 30 de setiembre…

En suma, se trató de un discurso que, a diferencia de lo que pretendió el del 2018, dio pocas luces sobre lo que esta administración espera lograr en el tiempo que le queda en el poder. Pero considerando el estado actual de los objetivos que se trazó el presidente en el CADE del año pasado, quizá haya sido para mejor, ya que en las postrimerías del 2019, mucho de lo que el jefe de Estado se planteó está lejos de concretarse o, simplemente, fue abandonado de plano.

Por ejemplo, uno de los ingredientes principales de la presentación del mandatario aquella vez fue la reforma del sistema de justicia. “Tenemos un sistema judicial imperfecto, y estamos trabajando duro en reformas para mejorarlo”, dijo. Sin embargo, aprobada hace casi un año la creación de la Junta Nacional de Justicia (en reemplazo del otrora Consejo Nacional de la Magistratura) a través de un referéndum, el ente sigue sin salir a flote y el proceso para elegir a sus miembros ha sido, como hemos dicho antes, un fiasco sin atenuantes. Actualmente se está emprendiendo una nueva selección con nuevos lineamientos, pero todo parece indicar que la junta recién podrá empezar a funcionar bien entrado el 2020.

Por otro lado, en CADE Ejecutivos 2018 Martín Vizcarra también se refirió de manera acertada a la informalidad y a la reforma laboral. “Uno de los factores que elevan los índices de informalidad es el alto costo laboral no salarial”, dijo en alusión a los gastos, adicionales al sueldo del empleado, con los que corre el empleador formal. No obstante, los pasos dados en el camino de la formalización han sido nulos y el Ejecutivo parece haber retrocedido para evitar asumir el costo político que esta podría suponerle. Mientras tanto, el Gobierno ha anunciado que busca promover el alza del sueldo mínimo en el primer trimestre del 2020, una medida que no ayuda a remediar el problema y tiene, más bien, ribetes de populismo.

Asimismo, en el 2018 el presidente hizo hincapié en su discurso en la importancia de la inversión privada y de fortalecer la institucionalidad del país. Empero, basta con recordar cómo actuó frente al proyecto Tía María para notar que él mismo le hizo un grave daño a ambos. Luego de que el Ejecutivo le diese la licencia de construcción a la empresa Southern Perú en julio de este año, y frente a la protesta de algunos ciudadanos, el mandatario sostuvo en un cónclave con autoridades arequipeñas que tenía que “preparar el argumento” para anular el permiso que su propia gestión había aprobado. Un torpedo a la predictibilidad y al Estado de derecho que, a su vez, se da en perjuicio de potenciales inversiones.

En lo concerniente a las instituciones, además, no se puede pasar por alto la disolución del Congreso. Con el argumento de la supuesta “denegación fáctica” de la confianza, el jefe de Estado decidió el cese del Parlamento y se instaló en un terreno peligroso en el que la discrecionalidad de un presidente prevalece por encima de lo señalado taxativamente por el orden legal. Con ello se melló la división de poderes (que también señaló como importante en CADE 2018) y se abrió paso a un período en el que, a través de decretos de urgencia, el Ejecutivo rige sin verdadero contrapeso.

Así las cosas, en el último año las acciones de Martín Vizcarra y su gobierno se han reñido con lo que se plantearon en el 2018 ante CADE y el país. Una circunstancia que quizás nos permite explicar la falta de promesas en el mensaje del 2019, pero que no deja de ser lamentable.