Que no regrese más

Ayer, Juan Manuel Cavero Solano juró como ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien había renunciado en la víspera, según dijo en una carta que envió a la presidenta, para “participar como candidato en las próximas elecciones”. Como sabemos, el plazo para que altos funcionarios que deseen postular en abril dejen sus cargos expira en tan solo 10 días.

La decisión de Santiváñez, sin embargo, no elimina la responsabilidad de quienes, pudiendo removerlo del cargo, no lo hicieron y permitieron más bien que siguiera colocando gente en el Estado, acosando a periodistas y utilizando el fajín para construir un discurso político propio. Así, su salida no se da porque la mandataria haya decidido que su permanencia en el gobierno era ya insostenible debido a los graves problemas que mantiene con la justicia, ni porque el Congreso haya tenido la decencia de censurarlo en un acto de amor propio (para borrar la afrenta que significó que, pocos meses después de que la representación nacional lo depusiera del cargo de ministro del Interior, la presidenta lo recolocara en el Gabinete, burlándose del control político parlamentario). No. Santiváñez ha renunciado de manera voluntaria y no es exagerado decir que, de no ser por sus aspiraciones políticas, muy probablemente lo habríamos visto en el equipo ministerial hasta el último día de esta administración.

Pese a que estuvo menos de 40 días a cargo de la cartera de Justicia, su gestión no fue intrascendente. Como informó este Diario, Santiváñez realizó al menos 15 nombramientos importantes en el sector que manejó hasta el miércoles, entre ellos, el ascenso de un funcionario salpicado por el escándalo del ‘Diablo’, que implica al propio Santiváñez y al jefe del Gabinete, Eduardo Arana. Pero su movida más estratégica la efectuó en el Instituto de Radio y Televisión del Perú, en cuya cabeza colocó a su exjefa de prensa Adriana Rodríguez Jadrosich, justo a puertas de una campaña electoral. ¿Cuál será el tenor de la cobertura de TV Perú si finalmente Santiváñez termina candidateando?

Si esto último ocurre, finalmente, la ciudadanía tiene la responsabilidad de evitar que un funcionario empapado en cuestionamientos y que nunca mostró un ápice de vergüenza llegue a un puesto de poder (y castigar, de paso, al partido que tenga el descaro de servirle como plataforma). Si algo sugieren los audios de los casos ‘Culebra’ y el ‘Diablo’, es que Santiváñez habría usado la función pública para promover sus intereses privados como abogado y se habría vanagloriado de su influencia en el poder ante sus clientes. Y eso es algo que el votante no debe premiar.