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Editorial: El réquiem de Barata

El ex ejecutivo de Odebrecht ha dado información clave para terminar de comprender la influencia de la firma brasileña en la política nacional.

Editorial

Jorge Barata: ¿Qué dijo y sobre quienes habló en su primer interrogatorio?

Jorge Barata fue superintendente de Odebrecht en el Perú entre los años 2001 y 2012. (Foto: Archivo El Comercio).

El Comercio

Esta semana, como parte del acuerdo alcanzado por el Ministerio Público y las empresas brasileñas involucradas en el Caso Lava Jato, se llevó a cabo en Curitiba el interrogatorio al ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

Como se esperaba, las respuestas de quien fuese el designado por la empresa brasileña para coordinar los sobornos y aportes de campaña a diversos políticos peruanos han traído consigo nuevos detalles y confirmado muchas sospechas relativas al nivel de influencia de Odebrecht en nuestro país.

Así, por ejemplo, echó nuevas luces a lo sucedido en el segundo gobierno de Alan García, hecho que comentamos en esta misma página al resaltar cómo el ejecutivo brindó indicios que podrían ayudar a entender el rol del ex mandatario en este caso. El señor Barata detalló que la relación con la última administración aprista se inició cuando Luis Alva Castro se presenta como “intermediario” del fallecido ex presidente y recibe US$200.000 para la campaña presidencial del 2006. Informó, además, que pagos subsecuentes fueron hechos a Miguel Atala y Luis Nava (por ejemplo, un soborno de US$4 millones para obtener la buena pro de las obras de la IIRSA Sur) quienes actuaron, según dijo, como los ‘Maiman’ de García, en referencia a quien habría actuado como testaferro de Alejandro Toledo.

A propósito del prófugo ex jefe de Estado, Barata también dio detalles sobre la relación de Odebrecht con el gobernante de Perú Posible. En ese sentido, aseguró que, a través de Josef Maiman, la empresa pagó US$27 millones a Toledo con el fin de poder llevar a cabo las obras de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, transacción que, entre otras, estaría detallada en los 4.000 folios que el ex director de la firma brasileña presentará al Ministerio Público. Asimismo, el viernes, el colaborador eficaz aseguró que el ex presidente le pidió interceder con otras constructoras para el pago de coimas para la construcción del tramo 4 del referido proyecto.

El directivo de Odebrecht también dio detalles sobre los aportes de la compañía en el 2013 para la campaña del No en el proceso de revocación contra la entonces alcaldesa Susana Villarán. Según Barata, la empresa aportó US$3 millones, dos tercios de los cuales fueron entregados al publicista Valdemir Garreta y el resto a Jorge Castro, ex gerente general de la Municipalidad de Lima. El ex ejecutivo dijo que habló con Villarán en más de una ocasión y que ella incluso le agradeció por el millonario aporte.

En lo que respecta a Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, Barata aseguró haber hecho aportes a sus respectivas campañas presidenciales en el 2011. A la del primero le dio US$300.000 a través de Susana de la Puente y a la del segundo US$3 millones, que tanto el líder del partido nacionalista como su esposa agradecieron personalmente.

Las declaraciones de Jorge Barata también alcanzaron al ex gobernador de Cusco Jorge Acurio. Según el ex directivo, él autorizó el pago de US$3 millones al funcionario para acceder a las obras de la Vía Evitamiento de Cusco. Incluso dijo que Acurio los descalificó de un proceso cuando se negaron a pagar un soborno.

No menos importante que todo esto es lo que el colaborador eficaz dijo sobre el rol de los miembros del llamado ‘club de la construcción’ en los sobornos a funcionarios peruanos. Una asociación que, contó, estuvo integrada por constructoras nacionales (Graña y Montero, Obrainsa, Cosapi, ICCGSA, Casa, Hidalgo e Hidalgo) y brasileñas (OAS, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao) que se repartieron millonarias obras de infraestructura vial y que, según su versión, habría operado desde el 2001.

Así las cosas, frente a este cúmulo de información sobre políticos y empresarios, obtenida gracias al acuerdo que la justicia peruana alcanzó con las firmas brasileñas –el que, recordemos, enfrentó varios obstáculos en el camino a su ratificación–, solo queda esperar que el Ministerio Público pueda culminar sus investigaciones y, de ser necesario, pasar prontamente al siguiente paso en los procesos de los involucrados. De ello dependerá que finalmente se sancione a los políticos que traicionaron la confianza de los peruanos.

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