
El ministro de Economía, José Salardi, ha decidido ponerse la valla bastante alta al pronosticar que la economía peruana crecerá un 4% este año, una meta considerablemente más ambiciosa que el 3,1% que proyectaba el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su último Marco Macroeconómico Multianual (MMM).
Este súbito optimismo del MEF está principalmente inspirado por un ‘shock’ desregulatorio cuyas primeras medidas estarían listas en julio y que, según Salardi, se va a diseñar con el sector privado para desregular y desburocratizar los procesos en el Estado y reducir el plazo de espera para desarrollar proyectos de inversión privada.
Con estos anuncios, el ministro Salardi parece haber logrado contagiar su entusiasmo a los gremios empresariales, que estaban sedientos de señales positivas que les permitan encauzar sus ímpetus de inversión, mientras la nube negra de las elecciones del 2026 aún no se termina de situar sobre nuestras cabezas.
Sin embargo, el principal riesgo para el ministro Salardi es que este ánimo desregulador se pueda terminar chocando, como siempre sucede en el Perú, con la realidad.
Prueba de ello es que, mientras el discurso del MEF se enfoca en reducir los trámites y simplificar las autorizaciones, tragedias como la caída del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza en Trujillo, propiedad de Intercorp, y del puente Chancay en la Panamericana Norte, parte de la concesión operada por Norvial, están alimentando las demandas de las autoridades locales y la población por una mayor –y no necesariamente mejor– regulación y fiscalización de las obras del sector privado.
En un escenario en el que el país está de luto por el fallecimiento de casi una decena de peruanos y en el que la opinión pública –en ausencia de diagnósticos más concretos– está atribuyendo estas tragedias a una combinación de la irresponsabilidad de las empresas con el desgano y/o corrupción de las autoridades, va ser muy difícil vender la idea de que la solución a los problemas del país es reducir los trámites.
El gran reto del MEF será, entonces, cumplir su palabra pese a que el ánimo del país respecto a la regulación se acerca más a la ola de cierres de establecimientos comerciales a diestra y siniestra que están ejecutando las autoridades locales, que a una búsqueda por generar un marco eficiente que permita darle facilidades a las empresas para invertir, tranquilidad a los funcionarios para autorizar obras y que, al mismo tiempo, le garantice a la población que estas tragedias no volverán a ocurrir.