En el Perú, las prácticas y las políticas de prevención no son, precisamente, nuestro fuerte. La tendencia, extendida a la vida cotidiana, es a minimizarlas o ignorarlas. Lamentablemente, se desconfía de su eficacia. El detalle es que, para enfrentar problemas como la grave situación de inseguridad actual, son indispensables. Lo saben especialistas en el tema como Noam López, que han recorrido buena parte del país en busca de soluciones.
La inteligencia es el vértice de una estrategia de prevención bien diseñada: permite conocer a los múltiples enemigos, identificar sus mecanismos de reproducción, conocer sus redes, recortar su libertad de movimiento y, sobre todo, tomar la iniciativa: pasar de actuar de manera reactiva a hacerlo de forma proactiva. Adelantarse, en lo posible, en lugar de solo reaccionar. El reto no es sencillo, pero en el mediano plazo es un camino consistente.
Para prevenir hace falta, también, tejer relaciones y compromisos sólidos entre el sector público y privado en el terreno de las comunicaciones. Es inaudito que los extorsionadores y asaltantes nos lleven la delantera por falta de coordinación o incumplimiento. Se sabe de más que, para organizarse, intercambiar directivas, amenazar y extorsionar, los delincuentes utilizan la telefonía móvil, incluso desde los establecimientos penales (a propósito: ¿en qué situación está el servicio de bloqueadores de señales telefónicas y WiFi en las cárceles y los “centros juveniles”?). Los celulares robados son fuente de información para los extorsionadores; esto también es de conocimiento general (a propósito: ¿se ha mejorado el bloqueo de celulares robados, y la detección y anulación de clonados?).
Otra área de la prevención pasa por la seguridad ciudadana o comunitaria. Pensando territorialmente, los gobiernos regionales deberían incluirla entre sus competencias. En el ámbito local, los serenazgos municipales tendrían que ser decisivos para identificar situaciones, espacios y personas en riesgo, si cumplieran con ser una fuente de acción preventiva.
Por último, pero no menos importante: las instituciones estatales tienen que recuperar la confianza de los ciudadanos. Es clave para cualquier estrategia. A propósito: ¿cuánto se aplica el Protocolo de la Policía Comunitaria por Sectores-Vecindario Seguro, aprobado en el 2019, para “fortalecer la presencia de la policía en la comunidad”? Sin pecar de ingenuidad, es seguro que si hubiera un golpe de timón, los programas comunitarios de la Policía Nacional serían una muy buena manera de establecer sólidos vínculos –preventivos– con la población.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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