Los pendientes del ‘Vacunagate’: un mes después del informe sobre la vacunación irregular contra el COVID-19, aún no se determina sanciones

Durante la presentación del informe, el pasado 25 de febrero, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo: “Es un insumo fundamental para descubrir la verdad y reafirmar la transparencia que debe haber en todo acto público. Este es un episodio que terminará siendo superado con las decisiones, sanciones o las medidas correctivas que correspondan”. Sin embargo, hasta la fecha aún no se determina responsabilidades ni se ha sancionado a los funcionarios involucrados en el sonado caso ‘Vacunagate’.

Como se recuerda, el informe de la comisión investigadora planteó una serie de recomendaciones a fin de que se tomen medidas contra los involucrados en la inmunización secreta. Por ejemplo, planteó derivar el informe a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Salud (Minsa).

No obstante, de acuerdo con el portal Convoca.pe, el Minsa aún no abre un proceso sancionador interno contra el personal de dicha cartera que figura en la lista de los 470 vacunados. De estos —según informó Carbone— 101 fueron inmunizados de manera irregular, de la cual 54 están relacionadas con los ministerios de Salud (49) y de Relaciones Exteriores (5). Entre ellos, las extitulares de dichas carteras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

Consultamos con personal del Minsa sobre ello, pero hasta el cierre de esta nota no tuvimos respuesta.

Lo que ocurrió tras el informe de la comisión investigadora fue una serie de renuncias de los funcionarios del Minsa involucrados en el ‘Vacunagate’. Tales como la dimisión del director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), Luis Rodríguez Benavides; y de la directora ejecutiva de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Sofía Patricia Salas.

El documento también fue derivado a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, adonde pertenecen los médicos Germán Málaga y Eduardo Ticona, respectivamente. Igualmente, el Colegio Médico del Perú (CMP) recibió el informe para tomar las acciones correspondientes.

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Se recomendó, además, derivar el informe a la Procuraduría Pública Anticorrupción, a la Fiscalía de la Nación y al Congreso de la República para que evalúe si corresponde interponer una denuncia constitucional.

Sobre estas recomendaciones que señaló la comisión investigadora para determinar sanciones a los responsables, Fernando Carbone dijo a El Comercio: “El proceso de identificación de la infracción cometida y de la sanción que merecen [los involucrados] eso les toca a los organismos jurisdiccionales del estado, entiéndase el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación y Contraloría. Luego están las oficinas como la Secretaria Técnica de Disciplina del Minsa, entran las comisiones de ética de colegios profesionales, las universidades, etc. Entonces, hay una serie de órganos jurisdiccionales que yo entiendo están haciendo su propio trabajo”.

Lo que siguió después de ello, fueron las citaciones de los involucrados al Ministerio Público y al Congreso para dar sus descargos sobre su participación en la inoculación secreta de la dosis de Sinopharm; una información que se mantuvo en secreto, pero que finalmente se descubrió.

Citaciones

El lunes 1 de marzo del 2021 la Comisión Permanente del Congreso ratificó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre las denuncias constitucionales N°422 y N°424, presentadas contra el expresidente Martín Vizcarra, por su vacunación irregular contra el COVID-19 con dosis de Sinopharm.

También, se aprobó el informe de calificación de las denuncias constitucionales N°423 y 427 contra el exmandatario, así como contra las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Cancillería). A ellos, se les atribuye la infracción a diversos artículos de la Constitución y se pide la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

En paralelo, ese mismo día el Ministerio Público citó para el miércoles 3 de marzo a Germán Málaga, exjefe de los ensayos clínicos de la candidata a vacuna de Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), así como a Eduardo Ticona, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Cabe recordar que el 19 de febrero la Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción la detención preliminar por 7 días para Germán Málaga, Orestes Cachay, Carlos Castillo, Jorge Jarama, Mario Tavera, Alejandro Bussaleu y Óscar Suárez por el caso ‘Vacunagate’.

Tal como lo detalló El Comercio en una nota anterior, la comisión investigadora concluyó que los responsables de coordinar la oferta y la entrega de la vacuna candidata , y lo que llevó a la vacunación irregular, fueron el exasesor de inmunizaciones del Minsa, Carlos Castillo Solorzano, y el exdirector de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones y Exteriores, Jorge Jarama Alvan.

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Otra de las conclusiones fue que se “evidencia” por parte de Germán Málaga, la no aplicación de los Lineamientos de las Buenas Prácticas Clínicas, Ética en Investigación en seres humanos y la normativa peruana para la realización de ensayos clínicos.

Fueron citados, además, Jessica del Carpio Gabrielli, coordinadora clínica de ensayo del Centro de Estudios Clínicos de la UPCH, y Verónica Margot Carmona Flores, coordinadora de la Unidad de Ensayos Clínicos de la UNMS, entre otros.

Ese mismo día (1 de marzo) se designó a la doctora Coralith García como la nueva investigadora principal de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm en la UPCH. Ella reemplazó a German Málaga.

A las 9:00 a.m. del miércoles 3 de marzo, Germán Málaga llegó a la sede del Ministerio Público para rendir su manifestación por el caso ‘Vacunagate’. A su salida de la diligencia, la cual duró alrededor de 6 horas, el médico investigado dijo a la prensa: “Pido mil disculpas. En el momento haremos el pronunciamiento correspondiente. No merezco esto”.

Comisión especial

El 5 de marzo se cumplió los 15 días que le otorgó el Pleno del Congreso a la comisión que investiga la vacunación irregular contra el coronavirus. El congresista Otto Guibovich, de Acción Popular, presidente de dicha comisión, anunció que se les concedió 20 días más de plazo para continuar con la indagación.

“Nos han dado 20 días más, ahora son días hábiles para poder continuar con esta investigación. El primer plazo [15 días] fue de días calendario y fue algo muy difícil porque los sábados y domingos las instituciones no trabajan y son a las que debíamos solicitar la información”, comentó a la agencia Andina.

No comunicamos ayer con el legislador y dijo: “Todavía estamos en el margen del plazo, este fin de mes se vencería y estaríamos entregando el informe final”. Al consultarle sobre detalles de la investigación, el parlamentario manifestó: “no puedo dar esa información”.

Este grupo de trabajo del Parlamento se encarga de investigar todo lo relacionado a la vacunación irregular del expresidente Martín Vizcarra, su entorno familiar, exministros y otros funcionarios.

Es preciso recordar que Vizcarra se inoculó la primera dosis de Sinopharm el 2 de octubre del 2020 en Palacio de Gobierno junto a tu esposa Maribel Díaz. La segunda le fue inoculada 27 días después. En tanto, la exministra Mazzetti fue inoculada el 12 y Astete el 22 de enero del 2021, antes que todos los médicos que están en primera línea luchando contra el coronavirus.

El pasado 9 de marzo, Carlos Castillo Solórzano, exasesor de Inmunización del Minsa que también se vacunó de manera irregular, defendió su inmunización ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso.

Castillo señaló que recibió la dosis de Sinopharm fuera del ensayo clínico debido a que presenta comorbilidades, tiene más de 60 años y el trabajo que realiza solo se desarrolla de manera presencial. Además, descartó que haya tenido algún mando de decisión en quiénes recibían las dosis de la vacuna.

“Mi rol fue pasivo, yo solo pasaba la información, no tomaba decisiones, como lo dice el viceministro [Luis Suárez], yo no decidía quién se vacunaba y quién no. En esto quiero decir que los que nosotros hemos sugerido para que se vacunen son personas del viceministerio, no se ha propuesto a nadie de otra dirección o de afuera del Ministerio”, aseguró.

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Sin embargo, el informe de Carbone indica que fue el doctor Germán Málaga quien afirmó que Carlos Castillo Solorzano y Jorge Jarama Alvan eran los encargados de asignar a quién se aplicaba la vacuna. También, que eran los que acudían a las reuniones de negociación del ensayo clínico a la vacuna candidata de Sinopharm.

Al consultarle a Fernando Carbone sobre estas contradicciones, el exministro de Salud dijo: “La comisión recogió la opinión de todos los que tuvieron a bien opinar. Pero cuando se trata de decidir sobre la veracidad de que cada uno dice eso ya tiene que ser materia de investigación de los órganos jurisdiccionales”.

El documento también indica que Castillo invitó a 33 personas ajenas al estudio a recibir la vacuna contra el COVID-19. De ese total, 30 coinciden con la información enviada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Las tres restantes no figuran en ninguna lista.

En aquellos días se habló de la existencia de una segunda lista de personas que se beneficiaron con la dosis de Sinopharm, sin embargo, Carbone negó a este Diario la existencia de la misma.

“Nosotros nunca hablamos de una segunda lista. Jamás. Nosotros hablamos de listas con fuentes que llegaron de las universidades UPCH y UNMSM; la del doctor Castillo; de la oficina general de administración; de la oficina general de recursos humanos del Minsa y de los equipos investigadores. Esas son las listas que llegaron hasta esa fecha y que se cotejaron de manera debida y que arrojaron los resultados que entregamos al país”, aseguró.

Carbone mencionó que “lo que queda muy claro es que la comisión identificó a las 470 personas que recibieron esta vacuna candidata, identificó dónde estaban las 904 dosis que recibieron estas 470 personas, algunas recibieron 3 otras recibieron 2 y otras 1″.

Además, agregó: “En el último caso, las personas que sostienen eso [existencia de una segunda lista] deberían mostrar a qué se están refiriendo porque yo no lo conozco. Si hay una lista de más que alguien conozca a mí también me gustaría conocerla”.

Con respecto al trabajo de la comisión investigadora, Carbone sostuvo: “Terminó la comisión, se entregó el informe, se folió adecuadamente todo lo recibido, se digitalizó y se entregó a quienes correspondía y con eso nuestro trabajo terminó. Cumplimos”.

La defensa de Astete

El jueves 11 de marzo, la excanciller Elizabeth Astete envió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un documento con su descargo por su participación en la vacunación irregular contra el COVID-19. A partir de aquí empiezan las versiones contradictorias por el caso ‘Vacunagate’.

En el documento, Astete precisaba que el presidente Francisco Sagasti tenía conocimiento de que ella recibiría las dosis extras que entregó el laboratorio Sinopharm como parte del estudio clínico que se realiza en el país.

“Mi aceptación al ofrecimiento se dio con el visto bueno del presidente, por lo que le digo al embajador Sánchez Checa que proceda con las coordinaciones necesarias con la Universidad Cayetano Heredia, no con la empresa Sinopharm, como se menciona equivocadamente en las denuncias constitucionales 423 y 427″, señaló en el documento.

Ante ello, la Presidencia de la República negó, a través de un comunicado, que el mandatario Sagasti haya autorizado o dado su consentimiento a la vacunación irregular de la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete.

Lo mismo hizo gabinete ministerial, que lamentó la afirmación en el descargo de la excanciller: “Rechazamos las falsas aseveraciones relacionadas al presidente Francisco Sagasti. El jueves 21 de enero de 2021 no hubo sesión, ordinaria ni extraordinaria, de Consejo de Ministros”, manifestaron.

Posteriormente, el viernes 12 de marzo, la premier Violeta Bermúdez confirmó que el 21 de enero el jefe de Estado se reunió con las exministras Mazzetti y Astete en Palacio de Gobierno, pero fue para tratar temas de referentes a la adquisición de vacunas.

“El 21 sostuvieron una reunión las dos ministras, no fue después de ningún Consejo de Ministros porque no lo hubo y como lo he mencionado, las agendas de trabajo eran fundamentalmente vinculados a un tema que compartían en común en términos de responsabilidad, que era precisamente la gestión y adquisición de vacunas”, explicó la jefa del gabinete en conferencia de prensa.

Por la noche, Francisco Sagasti se refirió al tema en una entrevista en el programa Al Estilo Juliana en ATV, en el que rechazó categóricamente haber autorizado la vacunación de Astete.

“Descarto que haya dado yo autorización a un ministro para vacunarse, eso no pasó, nunca se me pidió un permiso y nunca se dio”, dijo el mandatario.

Sagasti precisó, también, que el 20 de enero sostuvo una reunión en la noche con Astete y la entonces ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para discutir la llegada del millón de vacunas de Sinopharm, mas no ninguna autorización para vacunarse.

Sagasti es citado al Congreso

Luego de que un informe del legislador Jim Mamani Barriga (Nueva Constitución) recomendara continuar con el juicio político contra Vizcarra por el caso ‘Vacunagate’ y recabar las declaraciones de Vizcarra, Mazzetti y Astete, el 18 de marzo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso citó al presidente Francisco Sagasti a declarar el lunes 22.

Esto fue rechazado por el presidente de la República el domingo 19 de marzo, quien informó al Congreso que no acudirá a la citación que le formuló la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

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“Me excuso de asistir a la sesión a la que se me cita en la medida que, a través de esta comunicación, estoy brindando la información solicitada”, expuso Sagasti al titular del grupo de trabajo, Carlos Andrés Pérez Ochoa.

Luego, la SAC del Congreso decidió en ya no invitar al jefe de Estado para declarar sobre la vacunación irregular de Astete y Mazzetti.

-Lo que dijo Castillo-

En una nota publicada por este Diario, se informó de la declaración que brindó el exasesor de Inmunización del Minsa, Carlos Castillo Solorzano, ante la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte el pasado 2 de marzo.

Castillo dio detalles sobre cómo se elaboró la lista de personas no vinculadas al ensayo clínico que terminaron recibiendo la dosis de Sinopharm. Él narró al fiscal que fue el médico Germán Málaga quien le comunicó sobre la posibilidad de que sean inmunizados el personal que trabajaba en respuesta a la pandemia.

Nos comunicarnos con el doctor Germán Málaga para conocer su versión, pero respondió que no daría ningún descargo sobre el tema que está en investigación.

Insistimos en preguntar si él fue el que autorizó la vacunación de Vizcarra, sus familiares y otros trabajadores del Estado, pero optó por no contestar.

-Mar de contradicciones-

Desde tempranas horas de la mañana del último lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento abordó las denuncias constitucionales acumuladas 423 y 427 por la vacunación irregular de exministros y altos funcionarios contra el COVID-19.

Durante su presentación ante la subcomisión, Elizabeth Astete ratificó su versión de que se vacunó contra el COVID-19 con el consentimiento del presidente Francisco Sagasti.

“Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular, en un acto público y a plena luz del día, y con la anuencia del presidente Sagasti, soy consciente del error que cometí y de sus consecuencias negativas a nivel personal e institucional”, aseveró.

Astete dijo que esto sucedió durante una reunión en Palacio junto con la exministra Mazzetti. “El momento en que le hablé al presidente le expliqué las razones por las cuales estaba considerando vacunarme, él me miró fijamente y asintió. En ningún momento vi un gesto de desaprobación o me dijo ‘no lo hagas’ o ‘hablémoslo en otro momento’. Yo salí convencida de Palacio de que contaba con el asentimiento, la anuencia del presidente de la República”, explicó,

Al respecto, la Presidencia de la República volvió a rechazar la versión de la diplomática: “El señor presidente de la República, Francisco Sagasti, ratifica que es absolutamente falso que haya autorizado o dado su consentimiento para la irregular vacunación de la exministra o de cualquier otra persona”.

Elizabeth Astete reveló, asimismo, que existen mensajes de WhatsApp que prueban que Francisco Sagasti tenía conocimiento de su vacunación. Entre el documento que presentó la extitular de la cancillería, se muestra una conversación entre el doctor Germán Málaga y el embajador Javier Sánchez Checa el 21 de enero.

Sánchez Checa: Lo molesto para pedirle su amable gestión para que la embajadora Astete pudiese colocarse la vacuna. Ella ya conversó con el presidente, quien ha coincidido en la conveniencia de ello. ¿Cree usted posible que pueda ser vacunada?

Germán Málaga: Dispuesto a apoyar en lo que decidan.

Sánchez Checa: Mañana podría ella en la tarde, ¿a qué hora le parece?

Germán Málaga: 1 -2

Sánchez Checa: ¿Podría ser a partir de las 3?

Germán Málaga: Lo coordino. Sería en privado sospecho

Por su parte, Pilar Mazzetti aseguró —durante su participación frente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales— que la decisión de vacunarse fue de ella misma y que nadie influyó en su determinación. El motivo —dijo— fue el elevado número de funcionarios de su sector infectados con el coronavirus.

“La decisión de vacunarme fue mi decisión, ninguna persona, ningún funcionario de los que han estado trabajando en el ministerio ni ninguna empresa influyeron en mi decisión”, expreso Mazzetti. Ella declaró ante el Parlamento que “no tenía ningún recuerdo donde el presidente haya sentido o cosa semejante”.

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“Pregunté a los dos viceministros [Luis Suarez y Víctor Bocángel], los dos me dijeron que se habían vacunado […] Es cierto que cometí el error político de ni siquiera preguntar qué quería decir ‘personal relacionado’”, manifestó.

De acuerdo con el informe de la comisión investigadora, Mazzetti recibió la primera dosis en su domicilio junto a su jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Salud, Danilo Céspedes Medrano, y a su asesora Nancy Olivares Marcos.

“La vacunación se hizo en mi casa, no por un afán de ocultar algo. Yo estaba agotada y por tener unos momentos de tranquilidad, preferí que sea allí […] Me parece que no he actuado de ninguna manera de forma impropia, mucho menos de manera ilegal o dolosa. Soy consciente del error que cometí”, declaró la extitular de la cartera de Salud.

-Astete vs Bermúdez-

Pero esta vez, la declaración de la excanciller Astete no solo involucró al jefe de Estado, sino que también alcanzó a la primera ministra Violeta Bermúdez. Sobre ella, dijo que le sugirió no involucrar al presidente Sagasti tras revelarse el caso ‘Vacunagate’.

De acuerdo con la narración de Astete, el 11 de febrero fue convocada por Bermúdez a su despacho para consultarle si le había avisado al mandatario antes o después de su vacunación contra el coronavirus.

“Le dije de manera enfática que yo le había avisado al presidente antes de mi vacunación. Luego de escucharme, la primera ministra me sugirió no involucrar al presidente, le contesté que no era mi intención hacerle daño ni al presidente de la República ni al gobierno actual”, aseguró la diplomática.

Inmediatamente, la jefa del gabinete negó dicha afirmación a través de su cuenta de Twitter: “Niego la afirmación de la exministra Astete. No nos informó de su vacunación irregular, de la que nos enteramos el 14 de febrero cuando nos presentó su renuncia. Nunca le sugerí que guardase reserva de nada, por el contrario, al enterarnos le aceptamos inmediatamente su renuncia”, escribió su red social.

Por otro lado, el expresidente Martín Vizcarra no asistió el lunes a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para dar su descargo de defensa sobre su participación en la vacunación irregular.

El hoy candidato al Congreso de la República por el partido Somos Perú solicitó, a través de un documento, la reprogramación de su citación debido a que —según dijo— no se le dio un plazo razonable para conocer el informe en su contra.

Ante ello, legislador acciopopulista Carlos Pérez Ochoa, quien preside dicho grupo de trabajo, informó que se le notificó a Vizcarra dentro de los plazos que establece el reglamento de la subcomisión. Por lo tanto, calificó de “inexplicable” el pedido del exmandatario.

Respecto al tema de Vizcarra en el caso ‘Vacunagate’, Germán Málaga ha ratificado ante la subcomisión del hemiciclo que a pedido del propio expresidente lo inoculó al él y a su esposa Maribel Díaz; y que sabía que se trataba de la candidata a vacuna y no un placebo.

Málaga aseguró también que asistió a Palacio en tres oportunidades a pedido del mismo Martín Vizcarra.

“A Palacio de Gobierno yo fui en tres oportunidades, fue a requerimiento del presidente [Vizcarra]. Fue para conversar sobre los documentos de estas vacunas, que estaban en experimentación. Estamos hablando de octubre de 2020, evidentemente para que se haga el ensayo clínico era prometedora su rol de protección, pero no se sabía si protegían”, declaró el último lunes 22 de marzo.

Respecto a toda esta situación que enfrenta a altos funcionarios públicos del Estado, Fernando Carbone — quien ha sido exministro de Salud y ahora trabaja como asesor en el despacho ministerial de dicho sector— manifestó: “Es un tema muy triste para el país, muy doloroso todo lo que está sucediendo y todo lo que ha sucedido antes. Saber la verdad finalmente de lo ocurrido es muy importante y hay que reconciliar al país”.

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