Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de enero a agosto de este año el Programa Nacional Aurora ha atendido 85 casos de feminicidio en el país. Uno de estos es el de Alexandra Gutiérrez Pinashca (23), asesinada por su pareja el pasado 28 de setiembre en Chorrillos, a quien no le importó incluso que llevara tres meses de gestación.
Y es que los casos de feminicidio no se han detenido durante la pandemia por el COVID-19, sino que precisamente el confinamiento en sus casas, como parte de las medidas de protección para evitar el contagio, ha conllevado un riesgo de reforzar el aislamiento de aquellas que ya son víctimas de violencia y alejarlas de las alternativas de escape.
Algunos otros casos que grafican esta situación pueden ser, por ejemplo, el de Anatolia Bellido Huamán (38), asesinada por su pareja en el centro poblado de Pampa Carmona, distrito de Pichanaqui (Chanchamayo, Junín), así como el de Clara Rivadeneira Huamán (47), quien falleció luego de que Edecio Hilario Baldeón la golpeara salvajemente en casa de su actual pareja en el distrito de Lachaqui, en la provincia limeña de Canta.
Sobre los feminicidios ocurridos hasta el momento en el país, se sabe que el 52% de los agresores tiene entre 30 y 59 años, mientras que el 65% mantenía una relación sentimental con sus víctimas. Si bien estos datos nos brindan cierta información del victimario, no precisan los factores que podrían haber influenciado (o no) en el fortalecimiento de una conducta violenta contra la mujer.
Por ello, a fin de contribuir en la elaboración de un perfil de los perpetradores de feminicidio y así generar una mejor toma de decisiones por parte del Estado, la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través del Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA, elaboró el estudio “Víctimas y victimarios del feminicidio: un estudio desde los perpetradores del delito”.
Este primer estudio recoge 67 entrevistas a personas recluidas por este delito en el penal Castro Castro, a través de 105 preguntas. Los resultados arrojan evidencia sobre elementos comunes que los caracterizan.
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“Uno de los distintos factores que motivó la investigación es que ya se ha estudiado la condición de la víctima, pero no se había visto el otro lado de la moneda, al victimario, que es también muy importante para analizar cuál es el perfil del potencial atacante, para ver si coincide con patrones propios de responsables de otros delitos, y también evaluar cuáles son las respuestas que se pueden articular para combatir el feminicidio”, indicó Mariella Valcárcel, directora general de Asuntos Criminológicos del Minjusdh, a El Comercio.
Lo que muestran los resultados
Uno de los resultados a resaltar del estudio es que el hecho de cometer feminicidio no tiene relación con niveles educativos ni laborales: el 42% de los encuestados recibió educación secundaria, mientras que el 27% educación superior (técnica o universitaria).
“Por lo general se suele relacionar a las personas con un bajo nivel educativo con una mayor incidencia criminal, sobre todo, en ciertos delitos violentos. En el caso del feminicidio ese patrón se rompe, a pesar de que sí se cumple en el resto de la población penitenciaria”, dijo Valcárcel.
Estas personas también mencionaron, en su mayoría, que contaban con trabajo estable al momento de perpetrar el crimen y que no atravesaban situaciones económicas que les causaran preocupación. Asimismo, el 98% no contaba con antecedentes penales ni había tenido relación vinculante con grupos de riesgo propensos a delinquir.
Otros resultados del estudio muestran que más del 50% de encuestados (casi 6 de cada 10) refirieron haber sufrido maltratos físicos por parte de sus padres durante la infancia, principalmente por parte de la madre. Además, muchos de ellos se fueron del hogar a temprana edad: un poco más del 20% dejó de mantener una relación de convivencia con la figura paterna y un poco más del 30% con la materna.
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“El haber padecido maltrato físico sí es un elemento determinante. Es un acercamiento a la violencia pero en condición de víctima y a nivel intrafamiliar. Pero el hecho de salir del hogar tempranamente no es suficiente para ser una incidencia”, refirió la funcionaria del Minjusdh.
Por su parte, Carolina Lizárraga, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, dijo a este Diario que lo que muestra el estudio es un mismo patrón de violencia que se dio en los primeros años de la infancia y se repite en otras diferentes etapas.
“No se trata de un tema cognitivo, pues a estas personas les era posible entender las cosas antes de cometer el feminicidio. Contaban con cierto nivel educativo. Además, existe un patrón de violencia que se repite desde la infancia, cómo sufrieron la violencia con su primer vínculo afectivo. Entonces, al hacer otro vínculo afectivo cuando son mayores, se repite”, explicó.
Factores psicológicos y emocionales
Otro punto a resaltar es que casi el 60% de los encuestados cometió feminicidio en el “ciclo de fase de conflicto”, es decir, durante el proceso de alejamiento y separación. “Esto podría llevarnos a empezar a presuponer que muchas de estas personas tiene problemas para afrontar los momentos de quiebre emocional en unan relación”, detalló Valcárcel.
En tanto, un tercio, aproximadamente, señaló que se volvería a casar con la víctima y que tenía una idea preconcebida de lo que debería ser el rol de la mujer en la relación, lo que reafirma la condición de género del delito.
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Por otro lado, cerca del 90% de encuestados dijo haber tenido la necesidad de manifestar un sentimiento de arrepentimiento. “Esto es algo que necesita ser explorado mucho más, pero podría asumirse que activa en el agresor la conciencia del hecho y también un dispositivo de culpa, para que el grado de reproche personal haga que ellos busquen tener el perdón de la familia de la víctima”, sostuvo Mariella Valcárcel.
¿Cómo aprovechar esta data para combatir la violencia?
Los resultados del referido estudio han sido entregados a la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso para que sean analizados y se evalúe las acciones que consideren pertinentes, con el fin de enfrentar la violencia contra la mujer, principalmente en su modalidad de feminicidio.
La congresista Lizárraga sostuvo que, dentro de la comisión, existe un grupo de trabajo de prevención de la violencia contra la mujer a través de la salud mental, por lo que sería propicio poder utilizar los conocimientos adquiridos en el estudio para crear normas que ayuden al fortalecimiento de programas similares a los CAI (Centro de Atención Institucional a la Violencia Familiar). Estos brindan un servicio de intervención a varones adultos que han sido sentenciados por actos de violencia familiar, y que son remitidos por el juez de paz y/o juzgado de familia para su recuperación. Actualmente hay solo 6 en todo el Perú.
“La mayor parte del presupuesto para la lucha contra este delito tiene que ir a la víctima. Sin embargo, también hay que evitar que el feminicida, cuando salga de la cárcel, no vuelva a repetir el mismo patrón. Para eso hay que trabajar en ello, a fin de que reconozcan esas emociones violentas y paguen”, dijo Lizárraga.
Añadió que no solo deberíamos quedarnos con la sanción ejemplar para el victimario, sino que es muy importante abordar el tema de la prevención. También dijo que se debe involucrar a toda la sociedad, así como a la familia más cercana a la pareja.
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En cuanto a la educación en los colegios, la congresista indicó que debe promoverse una agenda que incluya la enseñanza de la igualdad de derechos, que todos debemos tener las mismas oportunidades, y también que debemos saber expresar nuestras emociones y no reprimirlas por ciertos esquemas sociales ya establecidos.
“Es muy importante que exista el tema de igualdad dentro de la currícula del colegio. Expresar nuestras propias emociones. Si las guardamos puede que luego exploten a través de la violencia. En el colegio tiene que haber una forma de cambiar ese paradigma”, señaló Lizárraga.
Mencionó también que examinar las emociones y creencias es muy importante, ya que muchas veces los feminicidas justifican su actuar debido a ideas marcadas de machismo estructural.
Por su parte, Valcárcel resalto que el estudio permitirá diseñar programas para inculcar a los más jóvenes a cómo canalizar este manejo de conflictos en sus relaciones familiares y de pareja. “Es un cúmulo de factores que forman el perfil de un feminicida Uno solo no es el gatillante del hecho”, sentenció.
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