Poder Judicial resolverá si currículo escolar debe ser anulado

En los próximos días, el Poder Judicial (PJ) deberá resolver –en primera instancia– la demanda de acción popular iniciada por el colectivo Padres en Acción (PEA), que busca anular el currículo nacional escolar, que está vigente desde el 1 de enero de este año.

Según los demandantes, el documento vulnera “el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos en función a sus propias convicciones”, ya que –como argumentaron en su solicitud– el Ministerio de Educación (Minedu) incluyó disposiciones sobre la sexualidad no acordes con lo que los padres de familia han consensuado.

La demanda sigue la línea de otros colectivos que reclaman por la supuesta inclusión de conceptos –en el currículo– de la llamada ideología de género. Sin embargo, en este proceso judicial también se ha señalado una serie de observaciones sobre el accionar de la jueza que preside la sala a cargo del proceso.

—El proceso—
El 6 de enero de este año, el colectivo Padres en Acción (PEA) interpuso una acción popular para que se anulara la Resolución N°218-2016 del Minedu, que aprobó el currículo nacional escolar. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, presidida por la jueza Ana Valcárcel Saldaña, admitió la solicitud el 16 de enero.

La parte demandada (el Minedu), representada por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional (PEMC), entidad que depende del Ministerio de Justicia, argumentó que debía rechazarse la acción popular porque, entre otras razones, “concuerda con lo planteado por otras organizaciones, que han difundido información inexacta sobre una supuesta ideología de género”, la cual –dijeron– no existe.

No obstante, el juzgado desestimó el pedido de la procuraduría y el proceso continuó.  El 9 de marzo, la asociación Antonin Scalia (cuyo nombre hace referencia al fallecido juez estadounidense conocido por sus fallos de carácter conservador) pidió ser parte del proceso como ‘amicus curiae’ (interventor externo que aporta su conocimiento en la materia).

La sala admitió su participación y le otorgó cinco minutos el día en que ambas partes expusieron sus alegatos. La audiencia fue fijada para el 19 de mayo.

—¿Parcialización?—
Durante esta audiencia, participó el abogado del colectivo PEA, Javier Pacheco; el procurador Luis Huerta; y el presidente de la asociación Antonin Scalia, Juan Puertas. Culminada la sesión, la sala dejó al voto la demanda de acción popular, que deberá ser resuelta en los próximos días.

Sin embargo, el 23 de mayo, la PEMC presentó una solicitud de abstención del caso contra la jueza Valcárcel por “las conductas demostradas durante el desarrollo de la audiencia” del día 19, que supondrían una parcialización a favor de los demandantes.

El Comercio accedió a esta solicitud firmada por el procurador Huerta, en la que se señaló que la presidenta de la sala permitió que Puertas “expusiera argumentos que concordaban” con la posición del colectivo PEA, a pesar de que solo era un ‘amicus curiae’.

Asimismo, se manifestó que Valcárcel mostró “un trato desigual” al no conceder a la procuraduría una segunda oportunidad de intervención; y “formuló preguntas no relacionadas con el objeto de la controversia [el currículo]”, al requerir la opinión de Huerta sobre si las “guías” le parecían “normales”.

El 26 de mayo, la sala desestimó el pedido de abstención de la PEMC porque “no se había probado”, con motivos objetivos, que la jueza estaba parcializada. “Las preguntas realizadas tienen el fin de aclarar algunos puntos [...] no perturban la función jurisdiccional ni mucho menos [hacen] que se parcialice”, contestó la sala. Este Diario buscó a la jueza Valcárcel y a Juan Puertas, pero no obtuvo respuesta. El Minedu prefirió no participar en este reportaje.

—Expertos opinan—
El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García Toma refirió que, si bien no existen normas que regulen al ‘amicus curiae’, tradicionalmente se convoca a peritos de prestigio en la materia. “Da la impresión de que hay mucho subjetivismo en este proceso, lo cual se evidencia en las preguntas y en las personas que se invitan”, agregó.

En tanto, el constitucionalista Enrique Bernales afirmó que el objetivo del ‘amicus curiae’ es fomentar el consenso entre ambas partes, no la confrontación. “El juzgado no debe permitir que este se parcialice, más allá de si tiene prestigio o no”, dijo.

Brenda Álvarez, abogada de la ONG Promsex, institución a la que la sala no le permitió ser parte del proceso como tercero en el mes de marzo, dijo que anular el currículo “afectaría la igualdad de derechos en las escuelas del país”.

—¿Quiénes son Padres En Acción?—
Es un colectivo de padres de familia representado por Giuliana Calambrogio, José Estrada, Hernán Canales, Ninoska Valladares, Rodolfo Cotrina y Javier Pacheco.

Al inicio del proceso de acción popular contra el Ministerio de Educación, tuvieron como abogado a Javier Velezmoro. No obstante,
él dejó de ejercer la defensa de Padres en Acción en abril de este año.

Consultado por El Comercio, el vocero Rodolfo Cotrina explicó que su
organización no tiene ninguna afiliación política ni religiosa. Asimismo, refirió que tampoco están vinculados con el colectivo Con mis Hijos no te Metas. “Solo tenemos objetivos comunes en la defensa de nuestros derechos como padres”, sostuvo Cotrina.