Alejandro Toledo y Ecoteva, un juicio que se inicia 10 años después de conocerse las millonarias compras inmobiliarias

El miércoles 12 de abril, diez años después de ese hecho, el Poder Judicial inició el juicio oral contra Toledo Manrique, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Rose Fernenbug, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, el hijo de este Shai Dan On y el abogado David Abraham Eskenazi Becerra por el presunto delito de lavado de activos en su forma agravada.

El proceso también incluye a las personas jurídicas Ecoteva Consulting Group S.A.; Ecotaste Consulting S.A. y Ashdan E.I.R.L constituidas en Costa Rica.

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La fiscalía solicitó 16 años y ocho meses de cárcel para Toledo, Karp y Dan On. Para el hijo de este último requirió 13 años y cuatro meses de cárcel, mientras que para Fernenbug pidió 10 años de pena privativa de la libertad.

Además, se ha solicitado una reparación civil de S/38′220,000 que deberá ser pagada de forma solidaria entre los acusados como personas naturales.

El expresidente y su esposa, quienes se encuentran en Estados Unidos desde enero del 2017, se presentaron de manera virtual.

Actualmente se encuentran con orden de búsqueda y captura a nivel nacional e internacional pues sobre la expareja presidencial pesa una medida judicial de prisión preventiva por 18 meses.

También se encuentra pendiente de calificación en Estados Unidos el inicio del proceso de extradición en vía judicial, en contra de Toledo y Karp, por el Caso Ecoteva.

Este es un proceso distinto al que ya se viene realizando y que ha sido declarado procedente por EE.UU por la investigación contra Toledo Manrique por el Caso Interoceánica.

Hechos probados

El 31 de enero del 2013, la fiscal Elizabeth Parco dio inicio a una investigación fiscal luego de conocerse que Eva Fernenbug, suegra de Toledo, había realizado diversas compras inmobiliarias en nuestro país por más de $4 millones.

Según lo denunciado entonces por el Diario Correo, había adquirido un inmueble en la calle Cascajal (Surco) por el valor de $3 millones 750 mil y, posteriormente también se hizo de una oficina, un depósito y tres estacionamientos en la Torre Omega (Surco), por los que pagó $ 882,400. Este último pago fue en efectivo.

El dinero con el que Fernenbug había pagado lo bienes, procedía de Costa Rica, específicamente de la empresa off shore Ecoteva Consulting Group.

Las sospechas contra el exmandatario se acrecentaron tras un informe financiero donde se detectó que parte del dinero proveniente de dicha empresa también se usó para el pago de $217,007.00 por la cancelación de la hipoteca de la vivienda de Toledo y Karp en Camacho. Además se pagó también $277,308.00 por la cancelación de la hipoteca de una casa de playa que la expareja presidencial tenía en Puntal Sal (Tumbes).

El caso finalmente pasó a manos de las fiscalías de lavado de activos. Es así que, a medida que avanzaban las investigaciones, Fernenbug varió la versión de Toledo respecto a que el dinero era parte de su compensación. En la nueva versión el dinero provenía del empresario israelí Josef Maiman, examigo del expresidente, quien la había contratado para que realice compras inmobiliarias.

La debacle de Toledo vino entonces, y con esto su fuga hacia Estados Unidos el 11 de enero del 2107.

Su huída no fue casualidad. Solo unas semanas antes de que el expresidente abandonara el país, la empresa brasileña Odebrecht había iniciado una delación con la justicia peruana y entre los exfuncionarios señalados como receptores de sobornos estaba Toledo Manrique.

El dinero, dijo la constructora brasileña con una filial en nuestro país, habría ascendido a $35 millones a cambio de la licitación de diversos tramos de construcción de la Carretera Interoceánica, durante el gobierno del exmandatario que abarcó desde el 2001 al 2006.

La constructora brasileña reconoció haber pagado dinero ilícito a Toledo a través de las cuentas de Maiman. Los depósitos de dinero se realizaron entre el 2006 al 2010.

Además, se probó en la investigación que hubo una triangulación de cuentas a las que Odebrecht depositaba el dinero y este era enviado la cuentas de Confiado Internacional de Maiman. Y, de esta última, se enviaron $ 9′052,650.00 hacia las empresas off shore en Costa Rica como Ecoteva Consultin Group S.A.; Ecotaste Consulting S.A. y Ashdan E.I.R.L.

Con esa información, la fiscalía postuló que los inmuebles adquiridos con dinero proveniente de Ecoteva, en realidad eran del matrimonio Toledo Manrique-Karp y que el dinero que se usó provino del pago de sobornos de Odebrecht.

Es decir, el dinero ilícito de Toledo habría sido blanqueado con la compra de inmuebles y el pago de hipotecas.

A todo estos indicios se sumó la confesión de Josef Maiman, fallecido en el 2021, quien se acogió a la colaboración eficaz en el 2017. En su declaración, aceptó haber puesto a disposición de Toledo las cuentas de sus empresas para que la constructora Odebrecht realice el depósito de dinero.

El 26 de diciembre de 2019 se aprobó la colaboración de Maiman Rapaport; y el 07 de enero del 2020 se declaró consentida judicialmente.

Por ello, el 14 de junio del 2019, la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de activos mediante el Dictamen N°11-2019-2FSNEDLAPD formuló acusación contra Alejandro Toledo Manrique y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activos (en su modalidad agravada), en agravio del Estado.

“Se atribuye a Toledo Manrique 4 hechos concretos vinculados a la adquisición de 2 inmuebles y el pago de 2 hipotecas, pero al establecer la presunta responsabilidad penal, se le atribuye haber participado como coautor del delito de lavado de activos en la etapa de colocación, al haber convertido el dinero producto de la comisión del delito de corrupción de funcionarios, utilizando la cuenta de Confiado.”

Imputación fiscal

Mientras ello pasaba, la fiscalía abría otra investigación independiente contra el expresidente por el presunto pago de sobornos conocido como el Caso Interoceánica.

¿Son diferentes los casos Ecoteva e Interoceánica?

El penalista Javier Aguirre explicó que si bien el Caso Ecoteva y el Caso Interocéanica se llevan en expedientes diferentes, están unidos por “un cordón umbilical” ya que se trata de un presunto acto de corrupción que concluyó con el lavado de activos del dinero maculado que habría recibido Alejandro Toledo.

“El Caso Ecoteva, cuyo juicio acaba de iniciar, se procesa por el delito de lavado de activos producto de las compra de inmuebles por parte de la suegra del señor Toledo. Otra cosa es el Caso Interoceánica que está vinculado a las confesiones de la empresa de Odebrecht sobre una presunto soborno al expresidente y que se procesa por lavado de activos y colusión”, señaló.

Explicó que, debido a que la compra de inmuebles por parte de Eva Fernenbug se conoció en el 2013, ese caso conocido como Ecoteva se empezó a investigar primero. Sin embargo, en ese momento no se tenía claro la procedencia del dinero con el que se había realizado las adquisiciones.

“En ese momento se indicó que el dinero provenía una off shore en Costa Rica. Y, a raíz de eso se inició un proceso por el Caso Ecoteva”, comentó.

Luego, recordó, a fines del 2016 desde Estados Unidos se informa que Odebrecht había reconocido ante dichas autoridades que pagó a funcionarios de diversos países, entre ellos el Perú.

“Luego nos enteramos por Jorge Barata (exdirector de Odebrecht en el Perú) que le habría dado dinero a Toledo. Que durante cerca de cinco años le abonaron esos $35 millones”, anotó.

Recién entonces, señaló, se llega a conocer que el dinero usado presuntamente para las compras de los inmuebles en el 2013, había tenido como fuente el dinero de Odebrecht y es entonces que se abre otra investigación por los presuntos sobornos, que es conocida como Caso Interoceánica.

Incluso, señaló, los casos se llevan bajo diversos códigos, debido al tiempo en que se iniciaron. Mientras que el Caso Ecoteva se procesa con el Código de Procedimiento Penal de 1940, el Caso Interoceánica se lleva con el Código Procesal Penal del 2004 (Nuevo Código Procesal) .

“No está probada la participación de Toledo”

Roberto Su, abogado de Toledo y Karp, precisó que sus patrocinados continuarán asistiendo al desarrollo del juicio oral por el Caso Ecoteva, sin perjuicio de que el trámite de extradición en Estados Unidos “aún no ha sido ni aprobado allá”.

“La voluntad de ellos siempre ha sido la de participar en todas las diligencias judiciales. Incluso en este proceso, ellos han declarado tanto a la fiscalía como al juez instructor”, señaló.

El abogado expresó que durante todo este proceso han evaluado la documentación y las actuaciones, y llegaron a la conclusión de que “no existen pruebas que demuestren la participación de ellos en el delito de lavado de activos que se le atribuye”.

Si bien, dijo Su Rivadeneyra, está probado que el dinero provino de los brasileños, pero que habría sido el acuerdo entre Josef Maiman y el exdirector de la empresa Odebrecht, Jorge Barata. Además, indicó, está probada la ruta del dinero.

“Pero lo que no está probado es que el señor Alejandro Toledo, ni haya tenido conocimiento ni participación en la recepción de los fondos ni como beneficiario de los fondos.”

Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo en Perú.

Insistió en que el dinero con el que Fernenbug adquirió los inmuebles era de propiedad de Maiman Rapaport y que el dinero del pago de las hipotecas fue un préstamo que le realizó el empresario israelí a Karp.

“Nosotros, en el Caso Ecoteva, sostenemos que no hay evidencia probatoria que incrimine a Toledo como conocedor, como partícipe de los actos de corrupción entre el señor Barata y el señor Maiman”, remarcó.

Mira aquí el inicio del juicio oral: