Pedro Castillo: ¿Cuál es el impacto de las contradicciones del presidente y Palacio de Gobierno? | ANÁLISIS

Según el Gobierno y el abogado del mandatario, Palacio les dio todas las facilidades a los fiscales para su diligencia en sus dos visitas al lugar. Sin embargo, contradicen la versión oficial y advierten, tal como consignaron en un acta, que no se le permitió ingresar a algunos ambientes.

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No es la primera vez que una autoridad, en este caso la Fiscalía, contradice los pronunciamientos o declaraciones dadas por el presidente o sus representantes.

Aunque es la primera vez que estas contradicciones se dan con un actor externo como el Ministerio Público. Previamente, habían ocurrido en el seno del propio Ejecutivo.

Las diligencias en Palacio

Un grupo de integrantes del despacho de la fiscal anticorrupción Norah Córdova llegaron a Palacio de Gobierno este lunes 20 de diciembre para una diligencia de recopilación de información por el ‘caso Petroperú'.

Esta investigación se abrió luego de conocerse que el presidente -según el registro de visitas oficial- recibió el 18 de octubre en su despacho a Karelim López; al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; y a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op, empresa que días después ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

En el acta fiscal de la diligencia, se consignó que Pedro Castillo no autorizó el ingreso a la oficina de la Secretaría de la Presidencia al personal de la fiscalía que acudió a Palacio. Segú el documento, la disposición fue comunicada por el secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, al director de Asesoría Jurídica, Julio Ernesto Salas Becerra. El acta fue firmada por este último y por un fiscal.

Al día siguiente, Presidencia emitió un comunicado en el que negaban lo consignado en el acta. Según afirmaron, una vez que tomó conocimiento de su presencia, el presidente “dispuso que se otorguen las facilidades correspondientes para que los fiscales cumplan su labor con total apertura”. “En ningún momento se ha dado disposición alguna a efectos de que no realicen diligencias en algunos ambientes de Palacio de Gobierno”, manifestaron.

La versión posterior del propio Pedro Castillo, manifestada por su abogado, Eduardo Pachas, fue que a la Fiscalía “se le ha dado toda la información de las cámaras (…), toda la información de las agendas, se le ha dado toda la información que ha pedido y señalado en su disposición”. En declaraciones a RPP, el letrado agregó que “el presidente no estaba en ese lugar y que él no había autorizado nada de ello, y que no se le pone en el acta porque justamente que soy yo el abogado, no me permitieron ejercer [la defensa]”.

Este miércoles, la fiscal Norah Córdova contradijo esta versión y ratificó lo consignado en el acta. “Están diciendo algo que no es cierto. Nos han entregado parte de los que hemos requerido, pero la parte externa de Palacio. Nosotros queríamos ingresar a la secretaría, al despacho, porque allí también existen cuadernos de visitas, de entradas y salidas. Hay cámaras. Quería saber quién estaba de secretaria, qué personal estaba allí, a efectos de que, en el algún momento, si se necesitaba, puedan ser llamados a declarar”, dijo a Canal N.

Luis Medina, fiscal adjunto que estuvo en la diligencia, enfatizó luego que no les dieron “las facilidades completas” para las diligencias y destacó que el acta fue firmada por el director de Asesoría Jurídica de Palacio. “Si nos hubiesen brindado todas las facilidades, no creo que el señor Salas Becerra hubiese suscrito esa acta (…) Solicitamos ingresar a la oficina de secretaría del Despacho Presidencial y el secretario general, según el acta, le comunica al señor Salas Becerra que por orden del presidente, no van a ingresar”, expresó.

Ese mismo día, el equipo fiscal volvió a llegar a Palacio para recabar información, pero indicaron que tampoco pudieron ingresar. “Este despacho se ha apersonado pidiendo que nos dejen entrar a la secretaría personal del presidente, pero no se nos ha dejado ingresar. Es más, se ha hecho la diligencia en el tópico. No se ha dado la documentación”, dijo el fiscal Reynaldo Mina Abanto.

El fiscal indicó que se le impidió el ingreso alegando que había otra diligencia en curso por otra investigación, la del caso Provías que investiga otro despacho de la Fiscalía Anticorrupción. “Además dicen que al ser nosotros fiscales provinciales no habría competencia para entrar al despacho, vamos a dar un pronunciamiento a las autoridades competentes”, agregó.

Reuniones en Sarratea

Una contradicción previa surgió cuando se conocieron las reuniones extraoficiales de empresarios y funcionarios en el inmueble del jirón Sarratea, en Breña, que Pedro Castillo usó como vivienda durante su campaña. El ministro de Defensa, Juan Carrasco, fue una de las personas captas ingresando al lugar por cámaras del dominical Cuarto Poder.

En diálogo con Exitosa sobre ese tema, el ministro aseguró que fueron “reuniones normales, cotidianas” y añadió que en su caso se debía mantener “la reserva” sobre lo que se trató debido a que “manejamos todo el sistema de defensa”.

“Somos muy respetuosos del trabajo que realiza la prensa, pero definitivamente, en otros tiempos, en otros gobiernos, son reuniones normales, cotidianas, que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado y lo que se trata en esas reuniones -desde mi posición como ministro de Defensa- nosotros manejamos todo el sistema de defensa de la nación y, por lo tanto, debemos conservar la reserva de ese tipo de reuniones”, declaró.

Ese mismo día, sin embargo, Pedro Castillo dio un mensaje a la Nación donde aseguró que “las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno”. “En mi domicilio de Breña, solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular”, expresó el presidente.

Posteriormente, el 14 de este mes, Carrasco acudió a la Comisión de Defensa del Congreso para responder sobre esta reunión. Allí, aseguró que, si bien quiso reunirse con el presidente, finalmente no se reunió con nadie.

“Fui al pasaje Sarratea el pasado viernes 19 de noviembre, tenía poco más de 24 horas de haber jurado como ministro y quería conversar con el presidente (...) Sin embargo, no logré entrevistarme con el presidente. No me reuní con nadie. Estuve esperando solo todo el tiempo esperando que se diera el encuentro y no se dio”, aseguró el ministro de Defensa.

“Lo concreto es que yo he ido de voluntario, he ido de oficio. Digamos, la hora no es una hora de visita, no es horario de oficina. No son las 4:00 p.m., era altas horas de la noche. Yo recién estaba asumiendo el cargo en el Ministerio de Defensa y necesitaba conversar temas personales con él”. Luego expresó que no sabía si el presidente estaba o no en el lugar y que por eso lo esperó.

Las visitas de Ari Ben-Menashe

Otra contradicción se refiera a las visitas del empresario israelí-canadiense Ari Ben-Manashe, quien registra una reunión en Palacio de fecha 21 de octubre a nombre de Bruno Pacheco, entonces secretario general del Despacho Presidencial.

En una comunicación con El Comercio a mediados de noviembre, el empresario afirmó que su encuentro no fue con Bruno Pacheco, sino con el presidente de la República. “Él estuvo en el Palacio, confirmado, pero fue invitado por el presidente … el señor Pedro Castillo”, dijo el empresario, a través de una traductora. “No fue al señor Bruno al que fue a ver (…) Fuimos a su oficina, es correcto, pero no fue a verlo a él, ni siquiera cruzó palabras con él”, dijo.

Agregó que “la entrevista con el presidente Castillo fue casual” y, al ser consultado sobre los temas de los que trataron, evitó dar precisiones. “No, lo único que puede comentar (es) que está muy contento de tener al presidente Castillo. Él está muy contento con la elección del presidente Castillo”, explicó.

Sin embargo, este Diario también solicitó por entonces a Palacio de Gobierno su versión sobre la visita de Ben-Manashe. Desde la Dirección de Prensa y Comunicaciones de Palacio de Gobierno negaron sus afirmaciones e indicaron que el mandatario recibe diariamente innumerables pedidos de personas que requieren ser atendidas.

“En efecto, la persona en mención solicitó una audiencia con el señor presidente de la República, sin embargo, se descarta de manera categórica que la misma se haya producido”, manifestaron. Además, indicaron que el pedido de Ben-Menashe “fue derivado a la Secretaría General del Despacho Presidencial” y que “después de ello, no existe ningún nuevo ingreso, ni comunicación posterior de ninguna naturaleza de la referida persona a la sede del Ejecutivo”.

Idas y venidas sobre el gas

Otro tema en el que se ha manifestado un largo historial de contradicciones, ya cubiertas por El Comercio en anteriores informes, es el del gas de Camisea. La más reciente, sin embargo, ocurrió a inicios de noviembre, cuando el presidente dijo que instaba “al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea”.

La medida fue luego contradicha por ministros y, de alguna manera, por el propio presidente. Al día siguiente, Pedro Castillo aseguró mediante su cuenta de Twitter que “como gobierno del pueblo, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos”.

El ministro de Economía, Pedro Francke, publicó al día siguiente en la misma red social que “nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso”.

Días después, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, declaró que “de ninguna manera” tenían planeado estatizar o expropiar. El presidente Castillo lo ha dicho: acá no se quiere expropiar a nadie. Lo que se quiere es mirar si hay una posibilidad de renegociación (…) “Se ha descartado en varios idiomas, digamos. El presidente ha señalado varias veces que expropiaciones no se van a hacer. Queremos reafirmar eso”, añadió

Desde entonces, Pedro Castillo no ha vuelto a hacer referencia a una expropiación de este recurso.

Los efectos

Desde el punto de vista procesal, el abogado Ricardo Elías dijo a El Comercio que, al margen de las contradicciones entre la defensa del presidente y la fiscalía a nivel de medios de comunicación, lo que más peso tiene dentro de la investigación es el acta firmada por un funcionario de Palacio, donde se consigna que no se permitió el ingreso a un área durante la diligencia.

“Los dichos que se realicen fuera de la investigación tendrá algún valor solo si son incorporados mediante actas de escucha”, explicó.

En esa línea, Elías comentó que, a partir de lo referido en el acta, la Fiscalía tiene una herramienta para, más adelante, poder alegar que existe un peligro procesal en caso pidan una medida contra Pedro Castillo.

“En este caso, lo que estamos viendo, de acuerdo a lo que ha informado la Fiscalía con documentos, es que no hay una voluntad de colaborar con la investigación”, dijo el abogado.

“Si el abogado extralimitó sus funciones y dijo, en medios de comunicación, información que se encontraba reservada pro las entrevistas que ha tenido internamente con el presidente, tenemos un problema desde el punto de vista ético (…) Si la Fiscalía considera relevante esa información aportada por el propio abogado, va a tener que incorporar esas declaraciones a su carpeta y cuando vaya a declarar el presidente, se le tendrás que preguntar por esas afirmaciones”, comentó Elías sobre las versiones dadas por el defensor del presidente acerca de la reunión con Abudayeh.

Desde el lado de la comunicación política, el especialista Rober Villalva comentó que las contradicciones refuerzan la percepción de incoherencias al interior del Gobierno y, como consecuencia, afectan su capital político ante la ciudadanía.

“Cómo él [Pedro Castillo] no dialoga, sus actos de gobierno están tomando fuerza. Cualquier acto del gobierno, como lo que ha ocurrido en las diligencias de la Fiscalía (…) cobra fuerza en la opinión pública”, señaló.

“Los actos de gobierno que hacen el presidente, sus ministros, o la premier, que sale a dar una serie de explicaciones inconsistentes (…) están provocando incoherencia. La coherencia forma parte del proceso de comunicación”, comentó Villalva.

“Daña su credibilidad. La credibilidad y la confianza de un político es su principal activo. Sin un político empieza a erosionar su credibilidad y su confianza, en términos de opinión público, al final no le va a quedar mucho”, señaló.

Por su parte, la politóloga Katherine Zegarra considera que esta polémica con la Fiscalía es una “torpeza” más del Gobierno que le da armas a sus opositores.

“Me da la impresión de que el presidente no se da cuenta del contexto en que se está manejando: no tiene mayoría en el Congreso, tiene una bancada que no está comprometida con el plan de gobierno, se enfrenta a un Parlamento que ha hablado sobre la posibilidad de una vacancia. Además, no es un presidente particularmente popular”, dijo.

“Este de tipo de desdichos con el sistema de justicia creo que lo perjudican no solo ante los ciudadanos, sino también hacia cómo es que lo pueden percibir representantes de otros poderes”, agrega Zegarra. Para la politóloga, si esto resulta en una crisis mayor, la atención del Ejecutivo pasaría a enfocarse en “apagar ese incendio”. “Esto no es positivo, porque el foco no va tanto en generar políticas públicas o reformas (...) El Gobierno se compromete más y está más débil porque tiene que defenderse en diferentes flancos”, opinó.

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