“No queda lugar a dudas de que Alejandro Toledo debe ser condenado”: las claves y entretelones del alegato final de la fiscalía

“Podemos afirmar, ya de cara al cierre de este juicio oral, que Alejandro Toledo Manrique solicitó US$ 35 millones a cambio de que la empresa Odebrecht ganara el proyecto de la Interoceánica Sur”, afirmó este lunes el fiscal José Domingo Pérez. Fue durante la penúltima audiencia del proceso contra el expresidente por presuntos actos de corrupción en la mencionada obra. Habían pasado solo 12 minutos de su alegato de cierre, que acabaría durando dos horas.

Fue en ese momento que Alejandro Toledo, quien venía escuchando y mirando atentamente al fiscal desde que inició su intervención, estalló. “¡¿A quién solicité yo?!”, lo interrumpió, apenas contenido por su abogado, sentado a su mano derecha. Pérez no le respondió, pero dejó de hablar, alejó el papel que venía leyendo y tomó un sorbo de agua.

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Es muy poco común que un acusado, sobre todo en procesos de gran corrupción, interrumpa así el alegato de un fiscal. La jueza Inés Rojas, la paciente directora de debates del juicio, se dirigió al acusado y le recordó las reglas: “Señor Alejandro Toledo Manrique, mientras el Ministerio Público habla, usted solamente escucha. Su abogado va a tener la oportunidad también de contradecir todo lo que está indicando”.

Toledo asintió con la cabeza, pero no tardó en volver a mirar fijamente al fiscal y girar su silla en dirección hacia él. La jueza Rojas, ya con menos paciencia, volvió a hablarle al acusado: “A ver, un ratito. Por favor, mantenga la compostura. De lo contrario, nos vamos a ver en la obligación de sacarlo y eso no sería...no sería bueno”.

La jueza Zaira Pérez, más directa que su colega, complementó el jalón de orejas. “Señor Toledo, mire para acá. Está es una audiencia pública, por favor, ¿sí? Ok”, le dijo la magistrada, quien preside el Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. Este es el tribunal que en los próximos días determinará si el exlíder de Perú Posible es culpable o inocente en este caso. Doblemente advertido, Toledo volvió a asentir y no volvió a interrumpir a sus acusadores.

Fue el momento más tenso la audiencia de este lunes, destinada a oír los alegatos finales del fiscal José Domingo Pérez y de la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, contra Alejandro Toledo y el resto de acusados por este caso. Las defensas de estos tendrán su oportunidad de presentar sus propios argumentos de cierre este martes.

Si bien no volvió a tener un exabrupto de ese tipo, el expresidente se mostró fastidiado e inquieto durante toda la diligencia. Las tres horas en que tuvo que escuchar a Pérez y Carrión las pasó mirándolos fijamente, tomando notas y llevándose las manos a la cara. Por ratos las cruzaba en un aparente gesto de oración, como evocando la imagen del “cholo sano y sagrado” que su hoy prófuga esposa, Eliane Karp, acuñó para defenderlo durante su gobierno.

Quizás algo explique su incomodidad. Alejandro Toledo pasó todos los años que fue investigado por este caso (2017-2021) en Estados Unidos, dilatando su extradición, hasta que esta se concretó en abril del 2023. Y si bien sabe por qué lo acusan, desde que este juicio empezó en octubre del año pasado, la de este lunes fue la primera vez que escuchaba en persona al fiscal y a la procuradora detallar tan explícitamente los graves cargos que le atribuyen.

“El 16 de octubre del año pasado, el Ministerio Público ofreció probar la culpabilidad de Alejandro Toledo Manrique”, recordó José Domingo Pérez al inicio de su alegato. Y para el fiscal, luego de todas las pruebas evaluadas durante un año de juicio, “no queda lugar a dudas de que [el expresidente] debe ser condenado”.

El fiscal incluso consideró que el expresidente “debe ser condenado porque el último viernes 11 de octubre [en su declaración como acusado] escucharon de parte de él su confesión de culpabilidad”.

“Alejandro Toledo admitió que Josef Maiman pagó la hipoteca de su casa. El Ministerio Público considera que dicha admisión es relevante porque en octubre del año pasado, señalé que se probaría que el beneficiario final de los sobornos pagados por Odebrecht por el proyecto Interoceánica Sur era Alejandro Toledo, por intermedio de Josef Maiman”. En ese momento, Toledo dejó de tomar notas y comenzó a mirar fijamente al fiscal.

Pérez detalló luego que el caso comienza con el acuerdo que, según su acusación, llegaron Odebrecht y Alejandro Toledo en noviembre del 2004, con el objetivo de que la empresa sea favorecida con la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur).

Ese pacto ilícito, agregó, fue probado con distintos testimonios, entre los que destacan los de Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú; y Josef Maiman, examigo del presidente. Ambos no pudieron declarar directamente en el juicio (Barata no acudió y Maiman falleció en el 2021), pero sus declaraciones fueron leídas ante los jueces.

“Ustedes, señores jueces, tomaron conocimiento del pacto corruptor con Alejandro Toledo por un valor de US$ 35 millones como beneficio del soborno en caso la Interoceánica sea adjudicaba a Odebrecht [...] Hubo un pacto y una serie de coordinaciones relacionadas al plazo de la obra, la forma en que tenía que realizarse muy rápido el proyecto para tener una ventaja competitiva, la presentación de una oferta en un plazo muy corto que otras empresas no podría cumplir”.

Fue con toda esa premisa que el fiscal hizo la afirmación sobre un pedido de coima que desató la ira de Alejandro Toledo. Cuando retomó sus alegatos, Pérez indicó que los acuerdos con la empresa fueron para que se le dé rapidez a la adjudicación del proyecto, que se ponga trabas a las empresas competidoras y que la concesión sea “en las condiciones adecuadas”. Todo siempre en beneficio de Odebrecht.

Según el Ministerio Público, en esta parte del “acuerdo corrupto” el ciudadano israelí Avi Dan On, exagente de seguridad de Alejandro Toledo, actuó como un representante o intermediario del entonces mandatario. Dan On, coacusado en este juicio, rechaza la imputación.

José Domingo Pérez argumentó luego que también se ha probado cómo ese pacto se cumplió en las siguientes etapas: los estudios de factibilidad para el proyecto, el concurso para la concesión, la firma del contrato en junio del 2005 (a solo meses de la fecha del presunto pacto de fines de noviembre del 2004), y en dos posteriores adendas al contrato.

En todos esas etapas del “pacto colusorio”, el fiscal alegó que Alejandro Toledo faltó a su deber como presidente de “cautelar” el regular desarrollo de la obra, su deber como jefe de Estado de cumplir la ley y hacer cumplir la ley: “El proyecto Interoceánica Sur estaba dirigido a satisfacer la necesidad pública, el interés nacional, no el interés particular ni el beneficio privado del señor Alejandro Toledo”

En ese camino, también considera probada la presunta participación de los acusados Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font, exfuncionarios de ProInvesión. De igual manera, ambos rechazan la acusación fiscal y sus defensas darán este martes sus alegatos finales.

En cuanto al delito de lavado de activos, el fiscal sostuvo que, a partir de toda la actividad de corrupción previa, durante el juicio se ha probado la ruta del dinero desde la ‘Caja 2′ de Odebrecht hasta el expresidente Alejandro Toledo, mediante las empresas de Josef Maiman. Todo habría sido entre junio del 2006 y julio del 2010.

“En suma, el beneficiario final, Alejandro Toledo, utilizando al intermediario, recibió el monto de US$ 30 millones 268 mil 386 por el proyecto de la Interoceánica Sur”. Además, indicó que para los pagos en los servidores ocultos de la constructora brasileña se le asignó el ‘codinome’ o apodo de ‘Oriente’.

Finalmente, ratificó las penas que solicita contra los cinco acusados en este juicio, entre ellas del expresidente: “La fiscalía solicita que a Alejandro Toledo Manrique se le condene por 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, 242 días multa y tres años de inhabilitación, al ser autor de los delitos colusión y lavado de activos”

*El fiscal indicó que estaba obligado a pedir una pena porque aún no tiene sentencia como colaborador eficaz, pero dijo a los jueces que “aquella sanción que se le pueda imponer no puede generar mayor gravedad y perjuicio a quien colaboró con la justicia” y que no se le interne en un penal hasta que el caso sea resuelto en segunda instancia.

Los otros implicados

Exdirectos y empresas peruanas

Odebrecht se hizo con la concesión de la IIRSA Sur en consorcio con las constructoras peruanas Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet. Las dos primeras se han acogido a la colaboración eficaz y han reconocido su participación en actos ilícitos en este proyecto.

Lo mismo hicieron los exdirectivos José Graña, Hernando Graña y Gonzalo Ferraro (Graña y Montero), quienes fueron retirados de este proceso luego de que se aprobaron sus acuerdos de colaboración. El exdirectivo de ICCGSA Fernando Castillo también se sometió a ese proceso, pero sigue como acusado porque aún no tiene sentencia como colaborador.

En el caso de JJ Camet, su exdirectivo Fernando Camet se fue a España y fue declarado reo contumaz al inicio del juzgamiento. Por lo tanto, fue retirado del juicio y su proceso por estos hechos se reservó hasta que pueda ser extraditado.

Concluida la participación de la fiscalía, fue el turno de la procuradora Silvana Carrión. Como abogada del Estado, sustentó la reparación civil que deberá pagar Alejandro Toledo, sus coacusados y las empresas JJ Camet e ICCGSA -incluidas en el caso como “terceros civiles responsables”- si se les halle culpables.

Su exposición, de perfil más técnico, también fue seguida atentamente por Alejandro Toledo. La procuradora se centró en detallar cómo los distintos hechos que componen la acusación generaron un daño patrimonial o económico al Estado, así como un daño extrapatrimonial. Este último se vincula a un “daño a la imagen institucional” del Perú.

“Estos hechos de lavado [de dinero], que provienen de un soborno, han sido cometidos por la máxima autoridad que puede representar un país”, dijo Carrión en referencia al expresidente. En ese momento, Alejandro Toledo volvió a mostrarse particularmente fastidiado.

“Si hay una percepción negativa de parte de la ciudadanía respecto de los funcionarios y lo que hace la autoridad pública, es por conductas como esta. Más aún, siendo el máximo representante, el funcionario de más alto nivel de un país”.

El expresidente no ocultó su molestia e incluso se acercó hacia el micrófono instalado en su sitio, pero no pudo hablar. Al poco rato, la procuradora presentó su pedido final de reparación civil: S/ 1,375,475,899.38 y US$ 463′782,460.35. Con ello acabó la audiencia.

El abogado Pascual Valverde, quien acompañó este lunes a Alejandro Toledo y quien ejerce su defensa junto a su colega Roberto Su, dijo a la prensa luego de la audiencia que en sus alegatos finales “se va a contradecir” todo lo afirmado por el fiscal.

“Nosotros consideramos que no existen indicios [para condenar al expresidente], esa es la teoría de la defensa. Sobre todo en el delito de colusión y, consecuentemente, los otros aspectos que se han mencionado [...] Ustedes van a escuchar este martes los argumentos que haga la defensa”.

Respecto a la actitud de su defendido, a quien el juzgado le negó volver a tomar la palabra al final de la audiencia, explicó que “parece que le incomodó un poco las atribuciones que estaba haciendo la procuradora. “Pero se le explicó que este martes tendrá un último momento para indicar lo que tenga por conveniente decir”.

En cuanto al exabrupto del expresidente ante el fiscal Pérez, dijo que “ustedes saben que cuando hay cargos, hay esta situación, es un poco entendible”. “Hasta el momento, él está tranquilo, esperando los argumentos de este martes, que serán en el sentido de contradecir al Ministerio Público y la procuraduría”, aseguró.

Valverde también negó que lo dicho por Alejandro Toledo sobre las cuotas de su casa pagadas por Josef Maiman sean una admisión de culpabilidad, como dijo José Domingo Pérez. “Es un dato que estaba desde el inicio de la investigación. Eso va a ser materia de tratamiento este martes”.

Los alegatos de la defensa estarán a cargo de Roberto Su y se realizarán en la sala de audiencia del complejo policial de la Dinoes. Luego participarán las otras defensas de los otros acusados y de las empresas, y al final se les daría unas palabras finales a los mismos acusados.

La sesión está programada a las 9 a.m. y se extendería hasta las 5 p.m. Si todas las defensas terminan con sus alegatos, solo quedaría que el juzgado anuncie la fecha en que emitirá su sentencia.